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Justicia rechaza reabrir caso contra Martín de los Santos por golpiza a conserje
En paralelo, la extradición del imputado desde Brasil está en su fase final, a la espera de trámites administrativos para concretar su traslado a Chile, donde enfrentará el juicio oral bajo el mismo marco de cargos ya fijado.
Sigue adelante el caso de Martín de los Santos Lehmann. Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la parte querellante para reabrir la investigación en su contra por la agresión a Guillermo Oyarzún, un hombre de 70 años que fue golpeado mientras trabajaba como conserje en Vitacura.
El tribunal concluyó que las diligencias requeridas —incluidos informes periciales y declaraciones de testigos— ya habían sido practicadas durante la etapa investigativa por la Fiscalía Oriente, por lo que no existían antecedentes pendientes que justificaran reactivar la causa en ese punto.
La apuesta de la querella era clara: empujar nuevas diligencias para reforzar la tesis de un delito más grave. Pero el juzgado no compró. Según la resolución, consignada por La Tercera, la Fiscalía Oriente ya había movido las piezas clave: informe del Servicio Médico Legal listo, testigos declarando más de una vez y registros audiovisuales suficientes. Traducido al castellano simple: no hay espacio para estirar el elástico investigativo.
La abogada Marlen Quintanilla insistió en que faltaban piezas —desde pericias hasta ratificaciones— y acusa falta de respaldo del Ministerio Público. Su par, el abogado Felipe Silva, fue más directo: cuestionó la decisión de cerrar la investigación con una acusación por lesiones graves y advirtió que eso abre una ventana amplia a una eventual absolución. ¿El siguiente paso? Hacer por cuenta propia lo que —dicen— el Estado no hizo.
En la vereda del frente, el fiscal Francisco Lanas defendió la decisión: aseguró que las diligencias sí se realizaron, que hay informes complementarios y que la conclusión no cambia. Para el Ministerio Público, lo ocurrido calza con lesiones graves, con un tiempo de recuperación de tres a cuatro meses. Y con eso se van a juicio.
La pena solicitada: cinco años de presidio menor en su grado máximo, considerando agravantes como el abuso de fuerza y la edad de la víctima.
Mientras tanto, el reloj corre en otra pista: la extradición. La Corte de Apelaciones ya dio luz verde y solo quedan trámites administrativos en Brasil para que el imputado sea entregado a Interpol Chile. Según su entorno, el proceso está en la recta final.
Hay, eso sí, un detalle no menor que condiciona todo: el marco de la extradición. Como recordó la defensa pública, los cargos no se pueden ampliar más allá de lo que se pidió originalmente. Y lo que se pidió —y se concedió— fue por lesiones graves.
