PAÍS
Álvaro Jalaff reconoce coima de $410 millones a Hermosilla en arista Parque Capital
Álvaro Jalaff reconoció haber pagado 10 mil UF a Luis Hermosilla para destrabar el proyecto Parque Capital, incluyendo 6 mil UF en efectivo y sin respaldo documental. Además, afirmó que contrató al abogado por sus contactos con autoridades y que hoy considera que esa gestión constituyó un delito.
Una nueva declaración judicial de Álvaro Jalaff, revelada por Meganoticias, podría marcar un punto de inflexión en la arista Parque Capital del caso Hermosilla. El fundador de Grupo Patio reconoció ante la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente haber pagado al abogado Luis Hermosilla el equivalente a 10 mil UF, cerca de $410 millones a valores actuales, por las gestiones destinadas a destrabar el proyecto inmobiliario Parque Capital, incluyendo aproximadamente 6 mil UF en efectivo y sin respaldo documental.
Según la investigación periodística, Jalaff declaró que “En total a Luis Hermosilla le pagué el equivalente a 10 mil UF por destrabar el proyecto Parque Capital” y agregó que “No se emitió ninguna clase de documento para respaldar ese pago, tales como boletas de honorarios o facturas”. Más aún, sostuvo que con el paso del tiempo tomó conciencia de que la naturaleza de esas gestiones podía constituir un ilícito: “Luis, en esa época, era un funcionario público y que lo que yo le solicité y por lo cual le pagué era un delito”.
La declaración, prestada el pasado 4 de junio, fortalece una de las investigaciones más sensibles derivadas del denominado caso Audio, ya que aporta un reconocimiento explícito de pagos asociados a la utilización de la red de contactos que Hermosilla mantenía al interior del Estado. De acuerdo con el testimonio difundido Jalaff afirmó que contrató al abogado precisamente por “la muy buena relación que él tenía con diferentes autoridades del gobierno de la época” y porque confiaba en que esos vínculos permitirían resolver los obstáculos administrativos que enfrentaba el proyecto.
Parque Capital corresponde a un proyecto inmobiliario que durante años enfrentó dificultades regulatorias y diferencias de interpretación con la Seremi Metropolitana de Vivienda respecto de la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Según la tesis del Ministerio Público, Luis Hermosilla habría utilizado su posición como asesor del Ministerio del Interior y sus vínculos con autoridades para influir en la tramitación administrativa del proyecto, configurando un eventual caso de tráfico de influencias.
La investigación adquirió una dimensión política por las menciones al entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward (UDI), y a otras autoridades de la época. En la declaración revelada por Mega Jalaff aseguró que Hermosilla le manifestó ser cercano al exministro y que incluso le mostró conversaciones de WhatsApp para acreditar esa relación. Asimismo, sostuvo que tuvo conocimiento de reuniones relacionadas con Parque Capital realizadas tanto en la oficina del abogado como en la residencia del entonces secretario de Estado.
Uno de los aspectos más delicados del testimonio es la descripción del mecanismo de pago. Según Jalaff, Hermosilla le habría solicitado alrededor de $300 millones en efectivo, sin boletas ni facturas, condición que aceptó para que el abogado se encargara de resolver “todas las diferentes trabas legales y administrativas” que afectaban al proyecto.
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El empresario también relató que recurrió a Factop para obtener recursos y que parte importante del dinero fue retirada en efectivo y entregada personalmente a Hermosilla en su domicilio o en su oficina. A ello se suma su afirmación de que el abogado siempre atribuyó el avance del proyecto a sus propias gestiones e influencias ante organismos públicos, justificando de esa manera sus honorarios.
Más allá del valor probatorio, la declaración de Jalaff representa uno de los antecedentes más comprometedores conocidos hasta ahora en la arista Parque Capital. Por primera vez, uno de los protagonistas reconoce expresamente haber remunerado a Hermosilla por aprovechar su cercanía con autoridades públicas y admite que hoy considera que esa conducta pudo constituir un delito.
