La hoja de ruta en descentralización que los gobernadores regionales instalaron en La Moneda

Esta semana, el Presidente José Antonio Kast recibió a la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) en el Palacio de La Moneda. En la instancia las autoridades territoriales expusieron las principales urgencias en materia de descentralización y manifestaron su preocupación ante los recortes presupuestarios que podrían afectar directamente el funcionamiento de las regiones.

En ese marco, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comprometió un análisis particular de las finanzas de cada región. “Cuando revisemos cartera por cartera, programa por programa, infraestructura por infraestructura que financian los gobiernos regionales, el ministro Quiroz va a tener un punto de inflexión con respecto a los ajustes presupuestarios que nos afectan. Esa puerta que se abre tenemos que trabajarla”, señaló el gobernador de Los Lagos y presidente de Agorechi, Alejandro Santana.

Desde la asociación, los gobernadores plantearon al Presidente Kast la necesidad de concretar medidas orientadas hacia una mayor autonomía regional y consolidar el traspaso de competencias. Entre las demandas específicas destacaron la urgencia de avanzar en la tramitación del proyecto de ley “Regiones más fuertes”, la creación de una División de Prevención del Delito y la elaboración de un Plan de Descentralización con compromisos, plazos y metas verificables.

“Para descentralizar se requiere autonomía administrativa, financiera y más competencias que permitan fortalecer las decisiones desde el territorio. Sobre esa base, lo que hemos solicitado al Presidente es que tengamos un espacio de diálogo en el cual podamos crear una división de seguridad, sobre todo por el aporte que hacemos en materia de recursos; que tengamos una ley de planta que nos permita contar con una estructura de dotación viable y confiable frente a los desafíos de los gobiernos regionales, dada su débil estructura; y, tercero, que no seamos afectos a movilidad de recursos a la baja por decisiones del Gobierno Nacional”, explicó Santana.

El gobernador de Los Lagos añadió que “el presupuesto de los gobiernos regionales se aprueba, se fundamenta y se justifica, y cuando hay modificaciones, altera no solamente la programación de los gobiernos regionales, sino que altera el compromiso potencial que podamos tener con programas, con proyectos vinculados inclusive a sectores, a ministerios y a municipios”.

Por su parte, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, insistió en la necesidad de contar con una hoja de ruta clara para avanzar en descentralización. “No basta con declarar buenas intenciones, se requiere una planificación concreta que permita fortalecer la autonomía de las regiones y corregir una histórica concentración de decisiones y recursos en el nivel central”, sostuvo.

A juicio de Vargas, las principales urgencias apuntan a dotar a los gobiernos regionales de mayores capacidades de gestión y contar con herramientas que permitan tomar decisiones más oportunas sobre inversiones y proyectos estratégicos para cada territorio. “También creemos que este debate debe dar paso a un nuevo trato para las regiones. Durante décadas Chile ha funcionado bajo una lógica excesivamente centralista. Las regiones deben transformarse en protagonistas de su propio desarrollo”, añadió.

Avances legislativos: Ley de planta y Regiones más fuertes

Uno de los ejes de la reunión fueron los proyectos legislativos que los gobernadores consideran fundamentales para avanzar en descentralización.

Respecto a la ley “Regiones más fuertes -actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados y que tiene como objetivo mejorar la arquitectura fiscal de los gobiernos regionales para entregarles más facultades presupuestarias- el gobernador Santana reconoció que su avance depende directamente del apoyo del Ejecutivo. 

“Con respecto a la tramitación se requiere obviamente el beneplácito o el apoyo del Ejecutivo. Y yo estimo que el gobierno se ha abierto a avanzar en ese proyecto. Sobre esa base, la urgencia va a consistir en los espacios de debate legislativo que existan en el Congreso. Ha habido una disposición de responsabilidad y de diálogo franco, donde todos entendemos que no vamos a tener un consenso total y absoluto entre las expectativas de los gobiernos regionales y la disposición del actual gobierno”, indicó.

Desde Atacama, Miguel Vargas situó la ley de “Regiones más fuertes” en un plano más amplio, como señal política del modelo de país. “No se trata únicamente de una reforma administrativa, sino de una señal política respecto del tipo de país que queremos construir. Un país donde las regiones tengan mayor capacidad de decisión, más autonomía para impulsar su desarrollo y un rol más relevante en la definición de las políticas públicas que impactan a sus comunidades”, argumentó.

“Lo que esperamos ahora es que esa voluntad se traduzca en acciones concretas que permitan acelerar la tramitación. Las regiones necesitan más atribuciones y mayor capacidad de decisión para responder a sus propias realidades. Esto cobra aún más relevancia cuando los gobiernos regionales enfrentan recortes presupuestarios que terminan afectando directamente a las comunidades”, concluyó Vargas.

En cuanto a la solicitud de una ley de planta, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, graficó la precariedad estructural que enfrentan los gobiernos regionales. “En promedio, los gobiernos regionales de Chile tienen 140 trabajadores, y atendemos vastos territorios, una gran cantidad de comunas y enormes demandas ciudadanas. Con esa dotación, la verdad es que tenemos una sobrecarga laboral enorme que provoca muchos trastornos a los funcionarios. Por tanto, abordamos la necesidad de contar con plantas que respondan a las necesidades y particularidades territoriales”, afirmó.

División de prevención del delito

Otra demanda conversada en el encuentro, fue la creación de una división al interior de los gobiernos regionales, especializada en prevención del delito y atención a víctimas, en coherencia con las inversiones que las regiones ya realizan en materia de seguridad.

“Hacemos enormes esfuerzos e inversiones en infraestructura policial, equipamiento policial, recuperación de espacios públicos, cultura y deporte. Y le señalamos con mucha claridad al Presidente que una división de prevención del delito no tiene por finalidad suplantar las funciones de las policías ni del Ministerio de Seguridad Pública, sino ser un órgano auxiliar y colaborativo”, planteó la autoridad regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

Por su parte, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, reconoció la recepción de la propuesta por parte del Ejecutivo, aunque fue cauteloso respecto de los plazos. “Valoramos la apertura para escuchar las necesidades que hemos venido planteando desde hace bastante tiempo. Esperamos que esa disposición se traduzca en avances concretos, porque tanto una ley de planta como la posibilidad de contar con una división especializada en prevención del delito, son herramientas necesarias para fortalecer la gestión regional”, subrayó.

En la misma línea, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, vinculó esta demanda con el principio de coherencia institucional, donde un “nuevo trato” para las regiones no sólo debe expresarse en discursos, sino también en capacidades institucionales. “Fortalecer la estructura de los gobiernos regionales y dotarlos de mejores capacidades de gestión es parte fundamental de ese proceso. Valoramos el tono de la conversación y la disposición manifestada por el Presidente, pero ahora esperamos que ese diálogo se transforme en acciones concretas”, afirmó.

Nuevo trato entre nivel central y regional

Finalmente, uno de los temas que atravesó la agenda apuntó a redefinir la relación entre el nivel central y las autoridades regionales electas democráticamente, lo que para los gobernadores implica un “nuevo trato”. La demanda no es solo programática, sino también de reconocimiento institucional.

El gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, sintetizó la exigencia en términos de coherencia y señaló que el Presidente comprometió una mesa de trabajo en la cual va a estar representada por el Subsecretario de Desarrollo Regional.

“Los compromisos que se tomaron es poder tener un diálogo que nos permita ir haciendo estructuras de cambio en la cual tengamos competencias y principalmente alianzas entre el esfuerzo que hace el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Hemos comprometido tener gabinetes integrados que pueden hacer desde las macrozonas, norte, centro, sur y extrema. Y sobre esa base creemos que el Presidente ha puesto a disposición una apertura de buen trato que va a permitir complementar y en ningún caso obstruir”, afirmó el presidente de Agorechi. 

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, fue el más enfático al denunciar la actitud de ciertos sectores del Ejecutivo.

“El Presidente se comprometió a que ese nuevo trato debería empezar a correr de manera inmediata, porque todavía tenemos ministros que no sé si desconocen a la autoridad electa democráticamente o si simplemente soslayan la importancia que tenemos los gobernadores regionales de Chile. Hay algunos ministros que han señalado que ellos se reúnen solamente con aquellos gobernadores que ponemos dinero para vivienda, por ejemplo, y me refiero al ministro Poduje en particular. Sin embargo, desconoce lo que hacemos todos los gobiernos regionales en materia de habitabilidad, de recuperación de espacios públicos, apoyo a condominios sociales. Y lo personifico en él porque esa conducta de desconocer la autoridad electa y soslayar la importancia que tiene la descentralización, me parece que tiene que estar dentro de este nuevo trato y, por tanto, esperamos que ministros de estas características se puedan ordenar”, declaró. 

Si bien desde Agorechi valoraron la disposición de diálogo y escucha por parte del Ejecutivo, los gobernadores explicitaron que evaluarán los resultados no por las palabras intercambiadas en La Moneda, sino por las acciones concretas que el Gobierno adopte en las próximas semanas frente a cada una de las demandas expuestas.