Medioambiente
Contraloría alerta “insuficiente gobernanza ambiental” en crisis del Lago Vichuquén
Contraloría detectó débil coordinación e insuficiente gobernanza ambiental en Vichuquén-Llico-Torca. Mientras el lago ya fue declarado zona de riesgo sanitario, ordenó a los organismos públicos acreditar medidas conjuntas para enfrentar su deterioro.
El problema del Lago Vichuquén ya no puede explicarse solamente por la proliferación de algas, la falta de oxígeno o las variaciones de salinidad. Detrás del deterioro ambiental aparece ahora otra fragilidad: un Estado con múltiples organismos competentes, pero sin una estructura capaz de asegurar que todos actúen coordinadamente. Esa es una de las principales conclusiones del Informe Final N° 853 de 2025 de la Contraloría General de la República, que detectó una “débil coordinación interinstitucional” y una “insuficiente gobernanza ambiental” en la gestión del sistema conformado por el Estero Llico, el Lago Vichuquén y la Laguna Torca.
Según expertos el color verdoso del agua se debe, entre otras causas, a que el lago está experimentando un episodio de floración masiva de cianobacterias, coherente con un estado de eutrofización avanzada.
Ahora bien, la constatación del órgano contralor del Estado, adquiere especial peso porque el deterioro ya dejó de ser únicamente una amenaza ambiental. La Municipalidad de Vichuquén declaró una alerta medioambiental preventiva y la Seremi de Salud del Maule estableció una zona de riesgo sanitario en el Lago Vichuquén. La autoridad sanitaria reconoció alteraciones que incluyen proliferación masiva de algas, disminución del oxígeno, mortandad de fauna acuática, cambios en la salinidad y deterioro de la calidad del agua. Sin embargo, para Contraloría, las acciones desplegadas hasta ahora no permiten acreditar que exista una política preventiva integrada ni un plan de trabajo formal que articule a las instituciones responsables.
Ese vacío es precisamente el corazón del problema detectado por el organismo fiscalizador. En el territorio intervienen el municipio, el Gobierno Regional, la Superintendencia del Medio Ambiente, las seremis de Salud y Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas y la autoridad marítima, entre otros organismos. Pero la auditoría constató que no existen mecanismos formales suficientes para hacer seguimiento conjunto a las medidas preventivas y correctivas. En otras palabras, existen competencias repartidas entre distintas instituciones, pero no necesariamente una gobernanza que las convierta en una respuesta coherente frente a un ecosistema que funciona como una sola unidad.
La debilidad institucional aparece también a escala comunal. Contraloría verificó que Vichuquén no cuenta con una ordenanza específica para la protección y gestión de humedales, mientras que la normativa ambiental municipal vigente tampoco incorpora disposiciones dirigidas especialmente a ecosistemas lacustres y humedales de alta fragilidad. El problema se vuelve todavía más básico en la desembocadura del Estero Llico: allí ni siquiera existe una línea de playa oficialmente determinada, lo que dificulta establecer los límites del dominio público marítimo y, con ello, las tareas de fiscalización y supervigilancia.
La paradoja es que las señales de deterioro son visibles, las instituciones están identificadas y algunas medidas ya fueron adoptadas, pero falta el engranaje que las conecte. Esa brecha es especialmente relevante en sistemas como Vichuquén-Llico-Torca, donde las alteraciones de un cuerpo de agua repercuten sobre los otros y donde las respuestas sectoriales pueden resultar insuficientes si cada servicio actúa dentro de los límites estrictos de su competencia.
Por eso la Contraloría no se limitó a describir las falencias. Instruyó al municipio, Gobierno Regional, Superintendencia del Medio Ambiente, seremis de Medio Ambiente y Salud, Dirección General de Aguas y Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante a informar y acreditar las medidas, acuerdos y mecanismos de coordinación destinados a corregirlas.
El diagnóstico deja una lección que trasciende a Vichuquén. Frente a ecosistemas complejos, la protección ambiental no depende solamente de disponer de normas, fiscalizadores o servicios especializados. También requiere que esas instituciones compartan información, definan responsabilidades, hagan seguimiento conjunto y respondan antes de que la degradación obligue a declarar una emergencia sanitaria.
En Vichuquén, ese desafío ya dejó de ser preventivo. El deterioro del agua y la declaración de riesgo sanitario muestran que la crisis está instalada. Lo que Contraloría pone ahora bajo observación es si el Estado será capaz de pasar de una suma de respuestas parciales a una verdadera gobernanza del ecosistema.
