PAÍS
Embajador Judd busca cercar a ministro Barros y escala presión sobre La Moneda
La publicación del embajador Brandon Judd sobre la firma de Fernando Barros en el Escudo de las Américas elevó la tensión entre Washington y La Moneda. Analistas ven una señal de molestia de EE.UU. y una presión indebida sobre Chile.
No fue un comunicado de Cancillería ni del Ministerio de Defensa. Fue el propio embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien este viernes decidió publicar en su cuenta de X un documento que hasta ahora no había formado parte de las explicaciones públicas del Gobierno sobre la relación de Chile con la nueva arquitectura de seguridad impulsada por Washington para enfrentar a los carteles de la droga.
El papel lleva la firma del ministro de Defensa, Fernando Barros, y tiene una fecha políticamente significativa: 12 de marzo de 2026, apenas un día después de asumir oficialmente el cargo. Se trata de la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, realizada en Doral, Florida, el 4 y 5 de marzo y encabezada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. En su versión original, firmada en esos días por Estados Unidos y otros países de la región, Chile no aparecía entre los suscriptores. Barros había asistido al encuentro, pero todavía lo hacía como futuro ministro y carecía de representación oficial del Estado chileno.
Eso cambió una semana después. Ya instalado en Defensa, Barros estampó su firma en el mismo documento, un antecedente que Judd hizo público ahora, en momentos en que las diferencias entre Washington y Santiago respecto del alcance de la cooperación militar se han hecho cada vez más visibles. La publicación del embajador fue acompañada por una frase igualmente significativa: la cooperación entre ambos países contra el crimen organizado, sostuvo, “sigue avanzando”.
Para Richard Kouyoumdjian, vicepresidente ejecutivo de AthenaLab, el momento elegido por Judd difícilmente puede considerarse neutro. A su juicio, se trata de “una señal de molestia inequívoca que envía Estados Unidos al ministro Barros”. Una señal políticamente explícita, además, porque Washington no solo recuerda que el actual titular de Defensa terminó suscribiendo la declaración que no podía firmar mientras era ministro designado, sino que difunde el documento después de que Barros marcara públicamente distancia con la administración de Donald Trump.
La semana pasada, después de participar en Panamá en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles, Barros respondió a la reivindicación de la Doctrina Monroe y al lenguaje utilizado por Hegseth señalando que “nosotros no somos el patio trasero de ningún país”. También puso límites a otras pretensiones estadounidenses: sostuvo que Chile definiría soberanamente su gasto militar, que la lucha contra el narcotráfico corresponde fundamentalmente a las policías y demás organismos civiles y que el país podía escoger en qué áreas de cooperación participar.
La publicación de Judd coloca ahora esa declaración bajo un nuevo foco. Cuando Barros defendió públicamente esos límites, no era conocido que el día siguiente a asumir como ministro había firmado una declaración que, entre sus cuatro objetivos, expresa la intención de “unirnos a una coalición para combatir el narcoterrorismo” y otras amenazas compartidas en el hemisferio. El documento también expresa una intención de ampliar la cooperación bilateral y multilateral en seguridad fronteriza, narcotráfico e infraestructura crítica y recoge una de las fórmulas centrales de la política exterior de Trump: “Paz a través de la Fortaleza”.
Eso, sin embargo, no significa necesariamente —y ahí está una parte central de la controversia— que Chile haya adquirido mediante esa firma todas las obligaciones operativas que Washington pretende impulsar bajo el Escudo de las Américas.
La internacionalista Paz Zárate hace precisamente esa distinción. A diferencia de Kouyoumdjian, no interpreta la publicación de Judd primordialmente como una expresión de molestia, sino como una presión indebida sobre el Gobierno chileno. Su argumento es que el embajador mezcla categorías distintas: una cosa es suscribir una declaración política de intereses o intenciones y “otra es que Chile se haya comprometido con “Americas Counter Cartel Coalition/A3C”, el que sí es un acuerdo que amarraría jurídicamente a Chile a participar en operaciones, modificar su gasto militar o integrar una estructura determinada por Estados Unidos.
Esa lectura coincide con la respuesta que entregó este viernes el Ministerio de Defensa. La cartera sostuvo que el documento firmado por Barros corresponde a una “declaración de buenas intenciones” o de “intereses” y descartó que su rúbrica signifique que Chile haya ingresado a operaciones militares de la coalición. La eventual incorporación al Escudo de las Américas, insiste el Gobierno, continúa bajo evaluación.
El problema para La Moneda es que los antecedentes acumulados durante los últimos meses hacen cada vez más difícil mantener la discusión exclusivamente en el terreno semántico.
El episodio de marzo no fue el único documento multilateral al cual se sumó Chile. El 5 de junio, el Gobierno chileno participó junto a otros países latinoamericanos y Estados Unidos en otra declaración conjunta en el marco del Escudo de las Américas. Ese documento respaldó al gobierno boliviano de Rodrigo Paz frente a las protestas y bloqueos que atravesaba ese país.
El antecedente es particularmente relevante porque el comunicado divulgado entonces por el Departamento de Estado estadounidense llevaba como título “Declaración conjunta de los miembros del Escudo de las Américas” y señalaba expresamente que el texto había sido emitido por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
En parte del texto se lee: “Los países miembros de Escudo de las Américas denuncian los continuos intentos de derrocar al gobierno legítimamente elegido por abrumadora mayoría del presidente Rodrigo Paz en Bolivia. Apoyamos al gobierno democrático de Paz en su lucha contra los intentos de hacer retroceder a Bolivia mediante cínicos esfuerzos para impedir la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros vitales al pueblo boliviano a través de falsos bloqueos de carreteras”.
De este modo, mientras Santiago sostiene ahora que su incorporación formal continúa en evaluación, existen al menos dos hitos documentales previos: la firma de Barros del 12 de marzo y la participación chilena en la declaración de los “miembros” del Escudo del 5 de junio. Ninguno de esos antecedentes demuestra por sí mismo que Chile haya aceptado participar en operaciones militares conjuntas, pero sí alimenta las preguntas respecto del verdadero grado de involucramiento del país y de cuánto de ese proceso había sido informado públicamente.
- Fuentes conocedoras de la tensión política que se ha generado en las últimas horas aseguran que, tanto desde la Cancillería como desde el propio Palacio de La Moneda, habrían enviado una señal de incomodidad al ministro Barros, al desestimar una respuesta más dura que Defensa habría evaluado difundir.
Según las mismas fuentes, esa respuesta no habría contado con el respaldo de La Moneda.
Las dudas del Congreso
Las dudas ya habían llegado al Congreso antes de que Judd mostrara la firma. El diputado Gonzalo Winter (FA) solicitó esta semana a la Comisión de Relaciones Exteriores oficiar a Cancillería para que esclarezca cuál es exactamente la participación chilena en el Escudo de las Américas, iniciativa que ha cuestionado también por su dimensión geopolítica y por el énfasis estadounidense en contener la influencia china en la región.
El diputado socialista Nelson Venegas, en tanto, ha hablado de una relación que se aproxima a una “subyugación” frente a Estados Unidos y advirtió que, si las explicaciones del canciller Francisco Pérez Mackenna no resultan satisfactorias, la oposición podría avanzar hacia una interpelación.
Pero los reparos no provienen únicamente desde la oposición. El senador Iván Moreira (UDI) respaldó expresamente la respuesta de Barros frente a Washington, repitiendo que Chile “no es el patio trasero de nadie”, y ha advertido sobre los “nubarrones” que actualmente afectan la relación bilateral. Moreira ha defendido la cooperación contra el crimen organizado, pero ha rechazado que ella implique aceptar automáticamente exigencias estadounidenses en materia de gasto militar, soberanía o permanencia en la Corte Penal Internacional.
El episodio de este viernes agrega, además, una nueva capa a una relación que ya venía mostrando fricciones. Judd ha protagonizado otros choques públicos con autoridades chilenas, entre ellos sus críticas a ministros del Gobierno por cuestionar el aumento de aranceles aplicado por Washington. Ahora la diferencia toca un terreno todavía más sensible: Defensa, soberanía y el papel que Estados Unidos pretende desempeñar en la seguridad regional.
Por eso, más allá de las dos interpretaciones sobre el gesto del embajador —una señal de molestia, según Kouyoumdjian; una presión impropia, según Zárate—, el efecto político es el mismo: la temperatura entre Washington y Santiago volvió a subir.
Y también aumentó la presión sobre Barros. Porque el debate ya no gira solamente en torno a aquello que Chile podría decidir en el futuro. Desde este viernes hay una pregunta adicional sobre la mesa: qué decidió realmente el Gobierno en marzo y junio, qué alcance atribuyó entonces a esos compromisos y por qué esos antecedentes no habían formado parte de las explicaciones entregadas hasta ahora al país.
