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Agencia Uno
Superintendencia de Pensiones abre procesos sancionatorios contra siete AFP por pérdidas en fondo E
El organismo regulador investigará si las administradoras incumplieron sus deberes legales de lealtad y diligencia al invertir los ahorros previsionales. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la medida, aunque evitó adelantar responsabilidades antes de que concluya la investigación.
La Superintendencia de Pensiones anunció el inicio de procesos sancionatorios contra las siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del sistema chileno, luego de concluir las acciones de fiscalización relacionadas con las pérdidas de valor que han afectado especialmente a los fondos D y E.
La decisión busca establecer responsabilidades de las administradoras por las estrategias de inversión adoptadas y determinar si estas se ajustaron a las obligaciones legales que tienen las AFP respecto de los ahorros previsionales de sus afiliados.
Según explicó el organismo regulador, los procedimientos se abrieron ante posibles incumplimientos de los deberes de lealtad y diligencia establecidos en el artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500 y en la Norma de Carácter General (NCG) N° 340, del 18 de julio de 2025.
“La decisión adoptada por el organismo regulador se sustenta en la necesidad de investigar si las siete AFP del sistema habrían incumplido o no el deber de lealtad y diligencia”, señaló la Superintendencia en un comunicado.
La normativa establece que las administradoras deben realizar las gestiones necesarias para cautelar una rentabilidad adecuada y la seguridad de las inversiones, actuando exclusivamente en interés de los fondos que administran.
En particular, el artículo 147 exige que las operaciones realizadas con los recursos previsionales respondan a esos objetivos, mientras que la NCG N° 340 establece obligaciones relacionadas con el cuidado de los fondos, la prevención de conflictos de interés y los estándares de diligencia en la gestión de los ahorros.
La investigación se produce después de las fuertes caídas registradas en los fondos más conservadores del sistema, especialmente el Fondo E, que acumulaba una rentabilidad real negativa de 10,39% durante 2026, según antecedentes publicados por Bío Bío Investiga.
Parte de la controversia se relaciona con las inversiones de las administradoras en derivados financieros conocidos como *swaps* de tasas de interés, instrumentos cuyo resultado depende de la evolución de variables financieras.
Las AFP habían tomado posiciones que se beneficiarían de una disminución de las tasas de interés en Estados Unidos. Sin embargo, el comportamiento del mercado fue contrario a esas expectativas, generando importantes valorizaciones negativas.
De acuerdo con la investigación de radio Bío Bío, las siete administradoras registraban posiciones negativas de distinta magnitud a mayo de este año. Entre las más expuestas figuraban Capital, Cuprum, ProVida y Habitat.
Estas valorizaciones negativas no equivalen necesariamente a pérdidas realizadas por la liquidación de todos los instrumentos, pero reflejan el deterioro de las posiciones financieras que mantenían las administradoras.
El inicio de los procedimientos sancionatorios abre ahora una nueva etapa para determinar si las decisiones de inversión fueron compatibles con las obligaciones fiduciarias exigidas a las AFP.
Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó el respaldo del Gobierno a la actuación de la Superintendencia, aunque recalcó que corresponde esperar los resultados de la investigación antes de establecer responsabilidades.
“Yo no quiero adelantar juicios, porque lo que corresponde es que se haga una investigación por parte de la institución más capacitada para ello”, afirmó.
El secretario de Estado destacó además las medidas regulatorias adoptadas para limitar las posiciones que exponían a los fondos a una volatilidad excesiva.
Según Quiroz, la Superintendencia “limitó esta práctica” y “ordenó eliminar toda la porción de exceso de volatilidad que generaba”, estableciendo un plazo para realizar los ajustes correspondientes.
El ministro sostuvo que estas decisiones permitieron evitar pérdidas adicionales que podrían haberse producido si las posiciones se hubieran mantenido sin modificaciones.
En ese sentido, enfatizó que es la propia Superintendencia la institución encargada de investigar los hechos y, eventualmente, aplicar sanciones.
La apertura de los procesos no implica que las AFP hayan sido declaradas responsables de infracciones. Será el procedimiento administrativo el que determine si existieron incumplimientos y qué consecuencias corresponde aplicar en cada caso.
Las advertencias previas
El riesgo de estas operaciones ya había sido abordado por El Semanal de El Mostrador. En su edición del 13 de abril, el medio informó que la Superintendencia había establecido nuevas restricciones al uso de derivados financieros por parte de las AFP, debido al aumento de los riesgos de mercado y liquidez. La normativa otorgó un plazo de 210 días para ajustar las posiciones y fijó límites de exposición ante escenarios adversos: 3% para los fondos A y B, 2,5% para el C y 2% para los fondos D y E.
Posteriormente, en su edición del 15 de octubre, El Semanal reveló que las advertencias venían desde fines de 2025. El Banco Central había alertado sobre la creciente exposición de las AFP a eventuales alzas de las tasas estadounidenses, mientras que el Consejo de Estabilidad Financiera también examinó estos riesgos. Pese a ello, las administradoras mantuvieron posiciones elevadas en derivados, cuya valoración negativa alcanzó los US$7.700 millones en septiembre de 2026, según cifras difundidas por Bloomberg. Ese monto corresponde a pérdidas de valoración, no necesariamente realizadas en su totalidad.
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