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Ministerio Público deriva denuncia contra AFP por millonarias pérdidas a la Fiscalía Centro Norte
Ángel Valencia remitió la denuncia de Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri por operaciones con derivados de tasas de interés, cuya valorización negativa alcanzó los US$7.700 millones, según Bloomberg. Los parlamentarios piden investigar eventuales delitos y responsabilidades penales.
El Ministerio Público informó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, remitió a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte la denuncia presentada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del Partido Socialista, por las operaciones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) con derivados de tasas de interés y sus eventuales consecuencias sobre los ahorros previsionales.
La decisión fue formalizada mediante el Oficio FN N° 1363/2026, de fecha 21 de octubre de 2026, dirigido a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, encabezada por el fiscal regional Francisco Jacir Manterola.
Según detalló el Ministerio Público, la denuncia fue recibida por la Fiscalía Nacional el 19 de octubre y expone antecedentes que, a juicio de los parlamentarios, podrían constituir delitos, por lo que solicitaron esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.
La Fiscalía Nacional dispuso remitir los antecedentes para su conocimiento y fines pertinentes. Asimismo, Valencia solicitó que se informe el Rol Único de Causa (RUC) que se asigne a la denuncia.
La presentación de Cicardini y Manouchehri se originó a partir de antecedentes publicados por Bloomberg, que informó una valorización negativa de aproximadamente US$7.700 millones en posiciones de derivados de tasas extranjeras del sistema previsional chileno a septiembre.
De acuerdo con esa publicación, que citó a personas familiarizadas con las conversaciones, ejecutivos de las AFP habían solicitado establecer límites para estas operaciones, pero las administradoras continuaron realizándolas ante el temor de obtener rentabilidades inferiores a las de sus competidores.
Tras presentar la denuncia, la senadora Cicardini cuestionó las decisiones de inversión de las administradoras y sostuvo que deben responder por el manejo de recursos pertenecientes a los trabajadores.
“Las AFP cobran por administrar los ahorros de los trabajadores; una plata que no les pertenece. No para usarla como fichas de casino. Están apostando con años de trabajo y sacrificio de millones de chilenos. Y cuando esa plata se pierde, no pueden lavarse las manos y dejar que los trabajadores paguen la cuenta”, afirmó.
La parlamentaria también apuntó a las advertencias que, según los antecedentes difundidos, habrían recibido las administradoras respecto de los riesgos asociados a estas operaciones.
“Por eso presentamos esta denuncia ante la Fiscalía. Se tiene que investigar a fondo, porque acá hubo alertas y simplemente se ignoraron. Las AFP tienen que asumir las responsabilidades que les correspondan y, si hubo delitos, que caiga todo el rigor de la ley. Que sean poderosas no significa que sean intocables”, señaló.
Por su parte, el diputado Manouchehri sostuvo que la presentación busca determinar si las decisiones de inversión podrían configurar el delito de administración desleal y establecer quiénes participaron en ellas.
“Las AFP apostaron con la plata de la jubilación de los chilenos y perdieron 7.700 millones de dólares. Mientras los trabajadores ven cómo se pierde plata, las AFP se forran. Junto a la senadora Cicardini presentamos una denuncia en la Fiscalía para que investigue si hubo administración desleal, quién decidió apostar y a quién beneficiaba. Si hubo delito, que respondan con su patrimonio”, declaró.
Los parlamentarios solicitaron esclarecer si las administradoras mantuvieron una exposición excesiva a estos instrumentos financieros pese a las advertencias recibidas, y si en sus decisiones privilegiaron intereses propios por sobre los de sus afiliados.
El escrito también pide examinar la eventual responsabilidad penal de las AFP como empresas, además de las posibles responsabilidades individuales que pudieran establecerse durante la investigación.
En su comunicado, el Ministerio Público precisó que la remisión de los antecedentes constituye una actuación formal destinada a dar curso a la denuncia conforme a sus atribuciones legales.
La institución subrayó que esta decisión no implica un pronunciamiento sobre la existencia de delitos ni sobre eventuales responsabilidades penales, materias que deberán esclarecerse mediante las actuaciones que correspondan.
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