A comienzos de marzo la división jurídica del Minsal envió la respuesta a una auditoría pedida por el Servicio de Salud de la Región de O’Higgins, respecto de ciertas contrataciones de personal hechas bajo la modalidad de “compra de servicios profesionales”. La situación activó una guerrilla interna entre bandos del gremialismo en la zona.
El 24 de marzo en la hora de incidentes durante la sesión de sala de la Cámara de Diputados, Ramón Barros, diputado UDI, pidió mediante oficio que el Servicio de Salud de O’Higgins informe los detalles técnicos para decidir “las compras de servicios profesionales” a ciertas personas en el contexto de la pandemia y, cuáles son las funciones de un grupo de funcionarios contratados para esa modalidad, bajo las órdenes de Soledad Ishihara, la directora de dicho servicio. Barros nombró en ese grupo de asesores cuya función busca clarificar a Fabiola Rodríguez, Marcial Fuentes, José Venegas y Marisol Ahumada.
“Hago esta intervención con mucho dolor, porque he sido siempre leal con mi Gobierno, sin embargo mi defensa a quienes han sido héroes en esta pandemia, me impide callar respecto de esta lamentable situación de mala gestión”, dijo el diputad Barros, quien pidió oficiar los antecedentes al Minsal y al Ministerio del Interior.
El reclamo de Barros esconde una guerrilla entre bandos de la UDI en la zona. Cada uno con su grupo de operadores en la repartición de salud. El diputado en su intervención cuestionó a la directora del Servicio de Salud (Ishihara) cercana al presidente del gremialismo, Javier Macaya. A comienzos de marzo, la división jurídica del Minsal envió la respuesta a una auditoría pedida por el Servicio de Salud respecto de ciertas contrataciones de personal hechas bajo la modalidad de “compra de servicios profesionales”.
En la respuesta, Jorge Hubner, jefe de la división jurídica del Ministerio, dice en el informe de auditoria interna que en el año 2020 se contrataron “965 personas naturales para jornadas permanentes bajo la modalidad de compra de servicios profesionales por medio del subtítulo 22, lo que contraviene lo establecido en la glosa, letra g). de la ley 21.192, de 2019 de ‘Presupuestos del Sector Público año 2020’ en la partida Ministerio de Salud, por un monto de al menos $14.147.329.047”.
De esa partida se utilizaron $1.478.145.222 en el Servicio de Salud de O´Higgins y “más del 90%” de este monto, según el informe fueron destinados al hospital de Rengo. En este contexto, fuentes jurídicas del Minsal que conocen el caso, aseguran que la investigación incluye a las funcionarias Leslie Mora, subdirectora de Gestión y Desarrollo de Personas, y a Natalia Romero, jefa del departamento de Relaciones Institucionales del servicio regional. A ambas se les cuestionaría por participar en este mecanismo de dobles contrataciones.
Sin embargo, son cercanas a Ramón Barros. A ellas hacía referencia el diputado UDI quien defendió como legal este procedimiento administrativo en la Cámara. También al subdirector médico del hospital de Rengo, Paul Pacurucu. En el recinto es donde se verificaron, según la auditoría el 90% de estas contrataciones cuestionadas.
Un porcentaje menor de contrataciones se habrían comprobado en el Hospital de San Fernando. En ese establecimiento la directora es María José De Witt. Hija de la diputada Virginia Troncoso, ex UDI y cercana al senador gremialista, Alejandro García Huidobro.
Paralelamente Leslie Mora, aunque fue candidata a concejal en Pirque por RN, es hija del conocido operador UDI en la zona, Nibaldo Mora, formalizado en la “arista Sydex” del caso Caval y en la que se acordó una suspensión condicional del procedimiento, luego que se le acusara de intervenir de forma irregular en licitaciones de hospitales, por encargo de Mauricio Valero, aprovechando que había sido director del Servicio de Salud Metropolitano Central, durante el primer Gobierno de Piñera
Antes de hablar en la Cámara de Diputados, el diputado Barros habló con el ministro Enrique Paris para solicitar la salida de la directora del Servicio de Salud, pero el ministro habría desestimado la petición entregándole el piso necesario a la auditoría que firmó el jefe de la división jurídica del Ministerio. También en una señal de que en este lío, optó por apoyar a la autoridad regional, cercana al timonel Macaya.
Al final de la jornada, trascendió que la autoridad sanitaria le pidió la renuncia a Ishihara.
