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La ex Concertación vuelve a reinar en la Cancillería

La ex Concertación vuelve a reinar en la Cancillería

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Claudio Troncoso (DC) fue director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (en ambos gobiernos) y llegó a ocupar de nuevo el mismo puesto, luego de la salida de María Cecilia Cáceres.


Pocos días demoró el canciller Alberto van Klaveren (cercano al PPD) en llenar la vacante que dejó en el Ministerio de Relaciones Exteriores la salida de una de las funcionarias de más alto rango de dicha cartera, la abogada María Cecilia Cáceres, quien hasta fines de junio se desempeñó como directora jurídica. Con rango de embajador y un sueldo más alto que el del Presidente de la República, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería es considerada el motor de dicha repartición, pero, además de que Cáceres no era parte del equipo que debutó con el actual Gobierno –pues llegó junto a la ahora exministra Antonia Urrejola–, su salida coincidió con el caso Convenios, dado que fue parte del consejo asesor de la fundación Democracia Viva.

Para reemplazarla, Van Klaveren fichó a un viejo conocido del ministerio, el profesor de Derecho Internacional de la U. de Chile y magíster por la Universidad de Heidelberg, Claudio Troncoso Repetto, un democratacristiano muy identificado con el cuerpo y alma de la antigua Concertación, pues fue director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería en los gobiernos de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet (en ambos), previo a lo cual fue abogado de la misma entidad, por lo cual buena parte de su experiencia profesional la ha cursado allí.

En 2021, Troncoso fue objeto de un fracasado intento por parte de un sector de la DC de iniciar un procedimiento disciplinario en contra suya y de otros conocidos abogados de la misma tienda (Jorge Correa Sutil, Javier Couso y Edgardo Riveros), después que se filtrara a la prensa una minuta confeccionada por ellos y dirigida a los diputados de ese partido, en la cual exponían que el intento de destituir vía acusación constitucional al entonces ministro de Educación, Raúl Figueroa, se basaba en “demandas de índole gremial”, concluyendo además que no existían evidencias de que Figueroa hubiera infringido la Constitución o las leyes.

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