NUEVA CONSTITUCIÓN
El Pleno de la Convención Constitucional aprobó una serie de normas contenidas en el informe de reemplazo de la Comisión de Sistemas de Justicia. Entre las que fueron respaldadas, destacan la inamovilidad de jueces, materia que generó en su momento una discusión con la Corte Suprema, por la intención de limitar la duración de los magistrados en sus cargos. También se aprobó el artículo sobre pluralismo jurídico. «El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia», indica la norma.
El Pleno de la Convención Constitucional (CC) votó en particular el informe de reemplazo de la Comisión de Sistemas de Justicia. En la instancia, respaldaron, entre otras medidas, la inamovilidad de jueces –lo que anteriormente fue materia de discusión con la Corte Suprema– y el pluralismo jurídico.
La inamovilidad de jueces correspondía al artículo 4 del informe de reemplazo de la comisión. La norma fue respaldada con 133 votos a favor, 16 en contra y tres abstenciones.
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El artículo indica que «las juezas y jueces son inamovibles. No pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes». Se eliminó que el Consejo de la justicia pueda remover jueces.
«Cesan en sus cargos únicamente al cumplirse la duración prevista para el mismo, por alcanzar los setenta años de edad, por renuncia voluntaria, por constatarse una incapacidad legal sobreviniente o por remoción», añade la norma.
La materia había generado debate con la Corte Suprema, luego que la Comisión de Sistemas de Justicia evaluara la posibilidad de que los jueces tuviesen una duración limitada en sus cargos, algo que no ocurre en la actualidad (el único límite es la edad: 75 años).
Otra propuesta aprobada –con 113 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones– fue la de pluralismo jurídico. Como superó la barrera de los dos tercios, estará en la nueva Carta Magna.
«El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte», sostiene el texto.
«La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales», añade.
En esa línea, el Pleno aprobó el inciso segundo del artículo 15, sobre plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Este señala que «cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando en consideración sus costumbres y tradiciones».
El Pleno también aprobó otras normas, como el derecho de acceso a la justicia. «La Constitución garantiza el pleno acceso a la justicia a todas las personas y colectivos. Es deber del Estado remover los obstáculos sociales, culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos», establece la norma.
Asimismo, respaldó que las sentencias judiciales «deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo».
