Investigación
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Narcoabogados: el proyecto de ley contra el crimen organizado que duerme en el Senado
Situación de exfiscal indagado por lavado de activos reflota tema de abogados que aparecen vinculados más allá de lo estrictamente profesional con organizaciones criminales. Diputado Jaime Araya (Ind/PPD) busca ahora que abogados y contadores sean objeto de la obligación de reportar ingresos.
Pese a que fue aprobado en forma casi unánime en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley destinado a obligar a los abogados de narcotraficantes a dejar trazabilidad de sus dineros, evitando que sus servicios les sean cancelados en efectivo, se encuentra sin movimientos en el Senado, justo en momentos en que –como lo reveló la semana pasada “Informe Especial”– la Fiscalía Supraterritorial indaga a un exfiscal del Ministerio Público como sospechoso de lavado de activos.
Al respecto, el diputado Jaime Araya (Ind/PPD) señaló que dicho proyecto “está durmiendo en la Comisión de Seguridad del Senado”, sin que el Gobierno le haya puesto algún tipo de urgencia. Como recordó el parlamentario, el proyecto “completó el trámite en la Cámara y está en el primer trámite en el Senado”, pese a que –como indicó– el tema “yo se lo planteé al ministro de Justicia, se lo planteé al Subsecretario de Justicia, y ellos quedaron de verlo, hablé con el ministro de la Segpres, quedó de verlo, y ahí estamos”.
En ese contexto, Araya –que es abogado de profesión– subrayó que hoy por hoy “es un tema crítico”, pues señaló que “el crimen organizado se estructura en función de lavado de activos” y que “me he ido formando el convencimiento de que algunos abogados son parte de la red criminal, y bajo el rótulo de pago de honorarios, lo que están haciendo es formar parte del lavado de activos o derechamente son testaferros que custodian los fondos de la violencia criminal”.
Por lo anterior, expresó que, a pesar de que ha tenido buena recepción de parte de las autoridades de Justicia, estas “no han sido capaces de implementar algún tipo de urgencia en esta manera”.
Asimismo, indicó que el jueves, en la comisión mixta de Seguridad “planteamos la posibilidad de ampliar el abanico de sujetos obligados a reportar sus ingresos, incorporando a abogados y contadores”.
A ese respecto, dijo que “son temas que hay que conversar, hay que estar disponibles a dar ese paso, porque hay que ir dificultándoles el trabajo a las organizaciones criminales, pues ellas actúan bajo parámetros de verdaderas empresas criminales”.
Ello, pues puntualizó que “hay algunos abogados de narcos o de crimen organizado que no prestan un servicio profesional, sino que son parte de estructuras cuyo objetivo es precisamente eludir la acción de la justicia y esconder el patrimonio”.
EPanda
Según la información dada a conocer por TVN, la Fiscalía Supraterritorial se encuentra indagando un caso de lavado de activos originado a partir de un informe realizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) respecto de uno de los sujetos inicialmente imputados en la investigación realizada por la Fiscalía Regional de Valparaíso en contra de los miembros de “La empresa”, una peculiar organización de préstamos “gota a gota”, de origen colombiano, que fue desbaratada en 2024 por la PDI.
En aquella ocasión se detuvo a más de 40 implicados, todos colombianos, excepto dos, de origen chileno: José Antonio Contreras Aliaga y Luis Alfredo Muñoz Morales, empleado y uno de los propietarios de la casa de cambios EPanda SpA, empresa de la que es dueño en un 40%. Otro 40% pertenece al ciudadano chino Tao Jiang, mientras que el 20% restante es del abogado Vinko Fodich Andrade, exfiscal adjunto de Curicó y exfiscal Jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina.
Entre 2010 y 2013, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, trabajó en la Subsecretaría de Prevención del Delito, división donde llegó a ejercer como subsecretario subrogante. Además, es socio en el estudio jurídico PFV, donde trabaja junto al exfiscal Regional Metropolitano Sur Alejandro Peña y el exfiscal José Antonio Villalobos, quien se desempeñó en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
“La empresa” –como informó extensamente El Mostrador– tenía su sede principal en Cali (Colombia) y sucursales en varias regiones de Chile, así como en Panamá y Uruguay.
A diferencia de la mayoría de las agrupaciones criminales de este tipo, contaba con unas amplias oficinas en el centro de Santiago y su dueño, el colombiano Disney Montoya, alojaba en el Sheraton San Cristóbal cuando viajaba a Chile, donde era tratado con la misma consideración y atenciones de cualquier CEO, privilegio de los que actualmente ya no goza, pues fue detenido en Colombia y se encuentra a la espera de ser extraditado a nuestro país junto a su pareja y otros dos “ejecutivos” del grupo, a fin de enfrentar un juicio oral.
“La empresa”, sin embargo, iba más allá del buen trato hacia el jefe: contaba con departamentos para que sus empleados alojaran allí, bajo estrictas normas de conducta (entre las cuales se contaban la prohibición de beber alcohol o portar armas blancas) y todos sus “empleados” debían vestir de blanco, en una especie de condicionamiento muy semejante al de cualquier secta.
Asimismo, el grupo poseía una amplia flota de autos y motos, que usaban para ir todas las tardes a cobrar los dineros que prestaban, bajo intereses usureros, como lo estableció la investigación del fiscal Pablo Avendaño, la que también determinó que por las arcas de la organización criminal pasaron al menos 6 mil 700 millones de pesos.
El lavadero de calle Agustinas
La investigación también determinó la forma en que operaba el “gerente” de “La empresa” en Chile, el colombiano Stiven Enríquez, quien fue largamente seguido por efectivos de la PDI, los cuales, cierto día, lo vieron llegar hasta las oficinas de “EPanda”, ubicadas en Agustinas 1064, lugar al que se hizo asiduo y en donde era evidente que no solo acudía como cliente, sino que también era amigo de uno de los dueños, Muñoz, con quien incluso fue captado almorzando por los detectives en otra instalación de la empresa.
En cada uno de los viajes a la casa de cambios, según establece el fallo dictado por el Juzgado de Garantía de Valparaíso el 16 de abril recién pasado, Enríquez llevaba cifras superiores a los 10 mil dólares, pero para evitar tener que informar de ello a la UAF, la fraccionaban en montos menores, todo ello a pesar de que en la casa de cambios “estaban en conocimiento de que Stiven Enríquez no había acreditado tener algún tipo de ingreso formal, que actuaba como persona natural, y de lo sospechoso que era que, pese a ello, realizara prácticamente todas las semanas operaciones por grandes montos de dinero”.
Con el dinero fresco, Contreras compraba dólares y con estos, a su vez, criptomonedas USTD, “las que posteriormente eran enviadas a las jefaturas de la organización a cuentas receptoras en el extranjero”, agrega la sentencia.
Esta también establece que “así las cosas, al menos entre el 30 de mayo y el 12 de noviembre de 2024, el imputado Stiven Enríquez realizó 58 operaciones de compra de dólares a EPanda, por un monto total de $722.099.750, equivalentes a US$755.000”. Por cierto –explica el mismo documento–, “de dichas operaciones, 56 fueron de compra de dólares por montos iguales o superiores a los US$10.000, las que eran fraccionadas en a lo menos 2 o más parcialidades por la casa de cambios, con los propósitos antes referidos”.
Ante todo ello, Muñoz y Contreras terminaron condenados a una pena de 800 y 600 días, respectivamente, con el beneficio de la remisión condicional. Muñoz fue defendido en la tramitación de la causa por otros dos exfiscales: Pablo Gómez Niada (que fue Fiscal Regional de Valparaíso) y Juan Pablo Buono-Core.
Enríquez, en tanto, fue condenado el 19 de mayo de este año a una pena que suma 8 años de cárcel efectiva, en su caso, por los delitos de usura, tráfico de migrantes y asociación delictiva. Una vez que termine la pena, además –de acuerdo con la decisión judicial– debe ser expulsado del país.
Según “Informe Especial”, el otro socio del abogado Fodich, Tao Jiang, “ha estado ligado a máquinas de juego ilegales, mantiene dos pistolas inscritas a su nombre y es sujeto de interés y sancionado por la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China”.
El mismo reporte indicó que en total el Ministerio Público indaga movimientos de dinero por cerca de 5 mil millones de pesos. Frente a ello, Fodich dijo a “Informe Especial” que “rechazo absolutamente la imputación. No formo, ni he formado parte de ninguna asociación criminal. Todos mis ingresos son fruto de mi trabajo. La empresa Panda es una empresa que cambia divisas, de la cual soy accionista minoritario y no tengo la representación legal, ni la administración, ni tampoco su gestión, y el monto que se menciona es un monto que está absolutamente distorsionado, equivocado por un deficiente análisis que pretendo aclararlo a la brevedad en el Ministerio Público”.
