Las modificaciones a la Ley Antiterrorista tienden a perfeccionar su aplicación y no garantizan que no se vuelva a aplicar a la protesta reivindicativa mapuche, tal como lo recomienda el relator de la ONU James Araya, asostiene un comunicado de la ONG Liberar.
Los 14 mapuches que aún mantienen la huelga de hambre la continúan porque las reformas a la Ley Antiterrorista, por la que se encuentran acusados, no se ajustan a las exigencias internacionales.
Según un comunicado difundido este martes por la ONG Liberar, dedicada al tema indígena, los presos que se niegan a aceptar un acuerdo con el gobierno argumentan que los proyectos enviados al Congreso no constituyen mejoras sustanciales a la legislación vigente.
En su opinión, los cambios «siguen sin cumplir con las recomendaciones y decisiones de la comunidad internacional orientadas a garantizar el justo proceso a los mapuches».
En ese sentido, añade que las modificaciones a la Ley Antiterrorista tienden a perfeccionar su aplicación y no garantizan que no se vuelva a aplicar a la protesta reivindicativa mapuche, tal como lo recomienda el relator de la ONU James Araya.
«De tal manera, estos conceptos y penalidades propuestos en la reforma a la ley no se ajustan a las exigencias internacionales», precisa el análisis de la ONG.
El pasado viernes, el Ejecutivo se comprometió a desestimar las querellas por delitos terroristas contra ellos, pero 14 de los 38 mapuches que estaban en huelga de hambre (aunque hasta ahora se había afirmado que eran solo 10), la mayoría de la cárcel de Angol, consideraron que el Ministerio Público sí podría aplicar la Ley Antiterrorista en los procesos que les afectan.
Precisamente, la organización no gubernamental coincide en la apreciación de los indígenas «ya que el retiro de las querellas por parte del Gobierno no cambia la actual situación procesal de los presos».
Y agrega que, en esta línea, le corresponde al Ministerio Público pronunciarse si serán recalificados por el derecho penal común. De otra manera, no tendrá el efecto esperado por los presos y sus familias.
De hecho, este martes, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, descartó cerrar los juicios contra mapuches procesados por la Ley Antiterrorista, porque ello «puede constituir un delito».
«Sería ilegal, inconstitucional y derechamente podría constituir un delito si cerramos los procesos», afirmó Chahuán a la Radio Cooperativa.
En su opinión, si otros poderes del Estado no quieren que se siga aplicando la ley antiterrorista, «hay que modificarla», porque el Ministerio Público, los fiscales, «están obligados a aplicar la ley como está».
El conflicto mapuche «es un problema de alta política, pero nosotros también tenemos que equilibrar los intereses: hay víctimas también de delitos que han sido afectadas grandemente en sus derechos», consideró Sabas Chahuán.
La ONG recuerda que la otra modificación a la ley, según el acuerdo, es sobre enjuiciamiento de civiles por parte de tribunales militares, que permitirá evitar el doble juicio de los presos mapuches, pero seguiría administrando la justicia en los delitos que comentan agentes policiales en contra de civiles.
«En definitiva, cuando un policía cometa un delito, será la justicia militar quien procese y dé sanción, no la justicia civil, como lo exige el derecho internacional», puntualiza la entidad.
Otro de los temas que preocupa a los mapuches presos de Angol y a quienes los defienden es que el hecho de mantener la figura del testigo protegido, que a pesar de que con las modificaciones a la Ley se pueda contra-interrogar, atenta contra el debido proceso.
Al respecto, señala el comunicado de la entidad, la mayoría de las acusaciones del Ministerio Público se basan en testimonios de testigos protegidos (sin rostros), que a pesar de que finalmente la Justicia considere esas pruebas inconsistentes, el preso ya habrá pasado muchos meses encarcelado.
Según el comunicado de la ONG, los mapuches sostendrán la huelga de hambre «hasta las últimas consecuencias» mientras el Estado no dé solución a los puntos planteados al inicio de la movilización.
