Declaraciones que se dan en relación a que el Ministerio del Interior anunció la creación de una unidad de seguimiento de jueces de «garantía» bajo número de violentistas presos.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, salió al paso a las críticas que se han hecho a los magistrados por su responsabilidad en la libertad de la mayoría de los encapuchados detenidos durante movilizaciones sociales.
En entrevista con Radio ADN, el secretario de Estado sostuvo que no existe un «adecuado equilibrio interpretativo y eso conduce a que personas que manifiestamente puedan haber participado en hechos de violencia son tan altos los niveles de comprobación que se exige y en definitiva las personas salen libres».
«A mi no me corresponde hacer esa apreciación (…) pero si tengo que decir que obviamente cualquier observador puede establecer de que se producen desbalances importantes en la interpretación y las exigencias que se ponen para constatar la imputabilidad de una persona y no se consideran adecuadamente los derechos de la ciudadanía de vivir en paz», apuntó la autoridad.
Cabe consignar que el Ministerio del Interior apunta a los jueces de garantía por el bajo número de violentistas presos. Por tal motivo, anunció la creación de una unidad de seguimiento, a fin de monitorear cada caso desde que se realiza control de detención hasta que llega a la fiscalía.
«El sistema procesal penal confluye en una serie de instituciones. Están los fiscales, están las policías, está la defensoría penal pública y están los jueces. Indudablemente que en este circuito hay responsabilidades compartidas y hay éxitos compartidos (…) un juez tiene que tener un adecuado equilibrio de la norma interpretativa y entender que así como la persona tiene derecho a sus derechos individuales también la sociedad tiene derecho a vivir en paz», indicó Ribera.
«Mi preocupación radica en que en definitiva, el sistema que hemos creado, la reforma procesal penal, ha sido tremendamente exitosa en su implementación (…) pero indudablemente el hecho que después de tantos hechos de violencia no se llegue a sentencias firmes ejecutoriadas genera una sensación de impunidad que perjudica tanto a la justicia procesal penal como la institucionalidad en su conjunto», concluyó.
