Un proyecto de ley que sanciona la administración desleal y la estafa presentó el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados y líder del PRI, Pedro Araya, a raíz del caso La Polar.
El parlamentario sostuvo que la iniciativa corrige un vacío legal, y «establece un nuevo tipo penal que castiga a los directores de las empresas que, abusando de sus cargos de administradores, incurran en prácticas que perjudiquen económicamente a los socios y los consumidores, como falsear el estado financiero de la empresa (engaños), o incurrir en acciones ilegales con los usuarios».
Asimismo, informó que con la propuesta «se castiga a los que simularen un juicio a objeto de obtener del juez (engañado) un beneficio económico. Se agrava la responsabilidad de los autores atendido el monto del perjuicio económico o sus efectos para las víctimas como, por ejemplo: la disminución de los fondos de pensiones ante la caída de las acciones de La Polar».
Además, el legislador manifestó que la iniciativa propone que «las penas que sancionan estas conductas comprendan desde los 541 días a 5 años».
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