El 20º Juzgado Civil de Santiago ordenó a la empresa auditora Price Waterhouse exhibir documentos solicitados por la empresa La Polar, ello en audiencia fijada para el próximo 30 de enero, luego que la demandada argumentara que la información requerida -y la cual fue entregada a la Fiscalía Centro Norte que investiga delitos asociados a las repactaciones unilaterales realizadas por la empresa de retail- que dicha información es secreta y, que de ser revelada, vulneraría derechos constitucionales de los afectados, es decir, de los deudores.
Cabe señalar que lo que se pide al tribunal es que se exhiban las auditorías realizadas por Price Waterhouse a La Polar entre los años 2007 y 2010, además de correos electrónicos intercambiados entre los ejecutivos de la empresa, encabezados por el ex presidente del directorio Pablo Alcalde, y la auditora.
Al respecto, el abogado Luis Eduardo Villarroel, representante de los accionistas minoritarios de La Polar, comentó que «es curioso porque esta diligencia la pedimos hace unos cuatro meses, en los mismos términos como lo ordenó el tribunal y, hasta el momento, hemos revisado la carpeta, y no se ha dado la respuesta como corresponde. Esperamos que a través del juzgado civil se cumpla esto».
Por otra parte, en la demanda colectiva en contra de La Polar presentada por el Sernac ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, y que fue declarada admisible por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones, el abogado de la empresa, Davor Harasic, presentó un recurso de aclaración, en el que pide que el congelamiento de créditos que pide dicha demanda, sea sólo respecto de los deudores que firmaron esa acción judicial.
Ante esto, el abogado y director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, aclaró que «se entienden incluidos en la demanda y en el juicio, todos los consumidores afectados, se hayan hecho parte mediante de un escrito, o no lo hayan hecho. Es obvio que La Polar pretende de esta manera sustraerse a los efectos naturales de esta medida precautoria que, como todos sabemos, la han obligado a provisionar 17 mil millones de pesos adicionales y a estimar un menor flujo de caja para los próximos seis meses de orden de 14 mil millones de pesos, lo que haría inviable el convenio judicial preventivo».
De ser aceptado el recurso de La Polar, el congelamiento de créditos alcanzaría unos mil deudores afectados, que son parte del recurso. Si no, abarcaría al más de un millón de clientes que fueron repactados unilateralmente.
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