Querellantes aseguran que pagos fueron «a costa de los bolsillos de los accionistas minoritarios»
Juzgado de Garantía declaró admisible 8 de las 9 querellas por apropiación indebida que los abogados Óscar Gajardo y Bárbara Salinas presentaron contra directores y ejecutivos de Copec, Banco de Chile, Cencosud, Enersis, SQM, AntarChile, Lan y Quiñenco. La querella contra Falabella será reingresada hoy. Entre quienes deberán responder ante la justicia se encuentran miembros de los grupos Angelini, Von Appen, Luksic, Matte, Solari, Paulmann y Cueto.
El escándalo de los aportes de empresas a los políticos ahora golpea legalmente a 90 de los empresarios y ejecutivos más poderosos de Chile.
Ayer, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible 8 de las 9 querellas por apropiación indebida que los abogados Óscar Gajardo y Bárbara Salinas presentaron contra directores y ejecutivos de Copec, Banco de Chile, Cencosud, Enersis, SQM, AntarChile, Lan y Quiñenco. La querella contra Falabella será reingresada hoy.
Entre los que deberán responder ante la justicia se encuentran miembros de los grupos Angelini, Von Appen, Luksic, Matte, Solari, Paulmann y Cueto.
Las querellas los acusan de haberse apropiado ilegalmente de fondos de las empresas para destinarlos a donaciones políticas y en perjuicio de los accionistas minoritarios. Los recursos legales piden que se devuelvan a las empresas los dineros donados a las campañas políticas.
«Como se demuestra en los hechos que se describen, los Directores de Sociedades Anónimas son administradores de un patrimonio que no les pertenece, respecto del cual deben administrar conforme a la responsabilidad que le señala la ley, y, en la especie, han dispuesto donaciones apartándose de la normativa legal, estatutaria y las atribuciones que detentan», dicen las querellas.
Salinas y Gajardo afirman que los querellados arriesgan una pena de presidio menor en grado máximo, que va de 3 años a 5 años y 1 día.
Según ellos, al aportar recursos para fines que no tienen que ver con el giro de la compañía, fueron financiadas campañas políticas «a costa de los bolsillos de los accionistas minoritarios».
Ahora que el Tribunal de Garantía declaró admisible la querella, los abogados solicitarán que el caso sea investigado por alguna de las Unidades de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público.
