«El ministro Burgos debería recapacitar y no es tarde para ello, eligiéndose a un abogado ojalá de regiones para dar buenas señales, ya que Santiago no es Chile. Y ese profesional, para no seguir cometiendo desaguisados, debería ser de absoluto consenso con todos los partidos políticos existentes».
El 29 de septiembre pasado publicamos en El Mostrador la columna «¿Quién será el nuevo Contralor General de la República?«, en donde entregábamos ciertas y fundadas razones por la cuales sosteníamos que el abogado Enrique Rajevic, hombre de suma confianza del ministro del Interior, su patrocinador para que ejerciera dicho alto cargo público, tenía la pista muy pesada para lograr ese propósito.
Ayer martes 6 de octubre, tal como estaba previsto en la urgencia enviada por el gobierno al Senado, el candidato oficialista expuso en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la instancia, presidida por el senador PS Alfonso de Urresti, y en la tarde del mismo día los 38 senadores debían emitir sus votos para que 22 de ellos ratificaran su nombramiento o en su defecto, si no se obtenían, se entendía rechazada la propuesta presidencial. El ministro Burgos, con el solo fin de presionar por la prensa a los senadores de su conglomerado político, amenazó con renunciar al cargo si su irreflexiva propuesta no fuera aceptada.
Rajevic es un serio profesional del derecho, experto en materias de Vivienda y Urbanismo, hasta hace pocos días asesor del Minvu, ligado íntimamente a la Concertación, actual Nueva Mayoría, y en la aludida exposición, ante las preguntas de los senadores, no supo explicar bien el episodio de la beca en España para obtener un grado académico, quedando en el limbo lo acontecido con la acción judicial entablada en su contra por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El ex becario explicó hábilmente en la Comisión cómo operaba el cumplimiento de las exigencias para hacerse acreedor a la multa, la que en definitiva no fue pagada por él.
Mágicamente se ha utilizado un ardid, era que no, de los miles que se aplican en Chile, para insistir en su forzada nominación y para ello se recurrió al expediente de postergar la votación, vía renovar su urgencia, hasta que el gobierno esté seguro de tener los 22 votos requeridos. Con esta prórroga, que dura hasta 30 días, el ministro Burgos hará denodados esfuerzos para que su preferido finalmente obtenga el preciado trofeo de ser contralor general a la pinta del adusto Palacio de La Moneda, es decir, sería un funcionario más del omnímodo Poder Ejecutivo.
Pues bien, dejando en claro que no fue elegante ni republicano lo que hizo el gobierno para insistir en el nombre de Rajevic, una vez más expresamos que somos acérrimos partidarios de que el cargo de Contralor sea asumido por un abogado(a) del mismo servicio, ya que el ente fiscalizador es independiente y autónomo según su propia Ley Orgánica Constitucional. En su larga vida la Contraloría ha tenido solo 2 titulares externos, Sergio Fernández, quien estuvo allí un mes, por decisión del capitán general Augusto Pinochet, y Ramiro Mendoza, por el período constitucional de ocho años, por decisión de la Presidenta Bachelet en su primer gobierno.
En nuestra opinión y suponemos que en la opinión de todos aquellos que propugnan las buenas prácticas, lo óptimo para nuestro Estado Democrático de Derecho sería que el nuevo contralor, habida cuenta de que el gobierno no desea respetar la carrera funcionaria en la Contraloría, fuera elegido con más moderación y espíritu participativo. El ministro Burgos debería recapacitar y no es tarde para ello, eligiéndose a un abogado ojalá de regiones para dar buenas señales, ya que Santiago no es Chile. Y ese profesional, para no seguir cometiendo desaguisados, debería ser de absoluto consenso con todos los partidos políticos existentes.
Si se produce lo anterior, estamos ciertos que el últimamente sobreexpuesto Enrique Rajevic estaría feliz de la vida, ya que su nombre ha sido puesto en tela de juicio.
