Las propuestas de la comisión Bravo que crispan a las AFP

Mañana viernes será el primer foro en que debatirán representantes de todas las propuestas hechas por la Comisión para la reforma al Sistema de Pensiones en septiembre pasado. La instancia que presidió David Bravo presentó un duro diagnóstico de la situación actual de las pensiones en el país y planteó tres propuestas globales (A, B y C) y un grupo de 58 medidas específicas que tenían votos de mayoría.

En el evento podrá conocerse la posición de las tres visiones que se confrontaron en la comisión que dirigió el ex director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y en dicha mesa las AFP solo serán espectadores.

La semana pasada, el presidente de la Asociación de AFP AG, Rodrigo Pérez Mackenna, presentó la posición de la industria frente al informe de la comisión, develando su identificación con la propuesta A –que apoyaron 12 de 24 comisionados, incluyendo a Bravo–, que mantiene en lo grueso el sistema de capitalización individual y solo profundiza el pilar solidario, mediante el cual desde 2008 el Estado ha venido subsidiando pensiones a quienes no cotizaron o cuyos aportes son insuficientes para cubrir una pensión digna.

En el mismo evento, Pérez Mackenna rechazó la propuesta B, que apoyaron 11 comisionados, asegurando que no da sostenibilidad a una mejora en las pensiones de la población.

¿Pero qué gusta y no gusta a las AFP de lo que vieron en el informe de la comisión?

Al menos seis propuestas de la comisión son respaldadas íntegramente por las AFP y al menos otras seis son rechazadas radicalmente por la asociación.

A favor

Entre las primeras, las gestoras apuntan a elementos acotados y que no mellan su negocio. Así, por ejemplo, respaldan la idea de la propuesta A de fortalecer el pilar solidario –que implica recursos del Estado–, elevar la cotización de los trabajadores en 4 puntos porcentuales, aunque creen que esa plata adicional debe ser gestionada solo por los privados; respaldan que es necesario reforzar la educación previsional, impulsar la cotización de trabajadores independientes y fortalecer a la Dirección del Trabajo (DT) para que persiga con más fuerza a las empresas que no les pagan sus cotizaciones a sus empleados.

Las AFP fundan su posición en que el sistema de capitalización individual que rige en Chile desde 1981 es mixto. Esto significa que no es solo un sistema privado de pensiones sino que se complementa con un sistema público radicado en el pilar solidario creado en el primer Gobierno de Bachelet en 2008.

Así lo hizo ver Pérez Mackenna la semana pasada en el seminario organizado por el grupo Sura, dueño de la AFP Capital, socia del gremio que él preside. Ese día, el ex ministro de Vivienda del Gobierno de Sebastián Piñera coincidió con David Bravo en este punto, generando la incomodidad de este último, quien luego reclamaría que deberían realizarse nuevos encuentros donde participen representantes de la propuesta B, que plantea cambios relevantes al sistema de pensiones que rige hoy y que no considera que el actual sea un sistema mixto.

“Como decía David (Bravo), tenemos un sistema mixto donde el Estado juega un rol fundamental. En el caso de las AFP, administran los flujos que los trabajadores entregan, no definen cómo ni qué se cotiza. El Estado juega un rol muy importante. Tiendo a coincidir con David en que el pilar solidario juega un rol fundamental”, señaló ese día Pérez Mackenna.

En su alocución, el timonel de las AFP profundizó su idea sobre el rol que debe jugar el Estado en el sistema de pensiones. Si bien reconoció que la rentabilidad de los fondos irá cayendo en el tiempo, particularmente por las tasas de interés bajas que hay en los mercados, recalcó que fueron mejores de lo proyectado originalmente. A su juicio, lo que corresponde que realice el Estado respecto de la gestión de los dineros es “controlar que la inversión se haga dentro de los límites legales”.

Luego de coincidir en que las pensiones actuales son bajas, advirtió que las jubilaciones mejoran si se consideran los aportes del Estado, como por ejemplo a través de pensiones de viudez. Además, advirtió que faltan estadísticas del sistema, pues los promedios engañan en medio de tanta heterogeneidad de realidades en el sistema de pensiones.

Tras las coincidencias, el dirigente del gremio pasó a las diferencias con la comisión.

Pilar de reparto

Si bien es opinión transversal entre los comisionados que deben elevarse las cotizaciones en cuatro puntos porcentuales con cargo al empleador, las AFP rechazan la idea planteada por la propuesta B, de dividir parte de dichas cotizaciones y enviarlas por un lado a las cotizaciones actuales en las AFP y una segunda parte a un fondo solidario que se transforme en un pilar de reparto, con el cual se aseguren mínimos de pensiones a los afiliados.

“No es buena idea destinar 4% a pilar de reparto, tiene los problemas del reparto. Es regresivo”, sostuvo Pérez Mackenna.

Luego acotaría que ese planteamiento no responde a una razón de negocios, pues si las cotizaciones fueran íntegras a la gestión de las AFP, estas no elevarían sus comisiones, por ende, no es negocio sino “un costo”. No obstante, la industria ya ha planteado en el pasado que se debe pasar a cobrar comisión respecto del saldo administrado y no como hoy, en que la comisión es un porcentaje del sueldo imponible de los trabajadores.

Pérez Mackenna reforzó su idea advirtiendo que Chile no debe ir hacia un sistema de reparto, pues podríamos terminar como Grecia, ante lo cual Gonzalo Cid –representante de la Subsecretaría de Previsión Social– recordó que la propuesta B no pretende transformar por completo el sistema de pensiones en uno de reparto y llamó a no entrar en campañas del terror.

Retiro Programado

En la misma línea, las AFP también rechazan la idea transversal en la comisión Bravo, esto es, la de poner fin al sistema de pensión Retiro Programado, modalidad que gestionan las AFP, con lo cual estas se mantienen manejando los dineros de los afiliados, aun después que se jubilan. La alternativa para los afiliados son las rentas vitalicias, que ofrecen las compañías aseguradoras.

Según las AFP, eliminar esta modalidad significa restringir alternativas de pensión a la población. Bravo fue enfático en sostener la medida, advirtiendo que entendía que las AFP estén en contra porque el retiro programado les permite manejar más recursos, pero agregando que dicha modalidad es “contraria a lo que debería ser un sistema de seguridad social de pensiones”, pues no tiene un perfil de estabilidad en el valor de las pensiones en el tiempo.

Este debate se da en el contexto de que en los últimos cinco años las cuatro principales AFP han pasado a estar en manos de grupos dueños de compañías de seguro que son las que gestionan las rentas vitalicias: Metlife compró Provida, Principal compró Cuprum y Sura compró Capital. Asimismo, Habitat es parte del grupo de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que a su vez controla desde hace poco más de un año a la compañía de seguros –con fuerte presencia en renta vitalicia– CorpVida, hoy Confuturo.

Es decir, las mayores gestoras de los fondos están generando la capacidad para manejar los ahorros de los trabajadores cuando están activos y luego cuando se retiran.

Licitación

Acotada a medidas que afectarían la actividad de la industria, la posición de las AFP también critica otras dos ideas de la comisión que tienen efecto en su negocio directamente: la extensión de las licitaciones de cartera de afiliados nuevos a antiguos y la aplicación del cobro de intermediación a las AFP.

Hoy se licita cada dos años a la AFP que haga la oferta con la comisión más baja y se le adjudica la afiliación de todos los trabajadores que entren al sistema en dicho bienio. El primer concurso se inició en 2009 y comenzó a regir en agosto de 2010 con AFP Modelo como ganadora, situación que se repitió en 2012. En 2014 ganó Planvital y su periodo concluye en agosto de 2016, por lo que en noviembre debe iniciarse un nuevo proceso.

El problema, a juicio de la comisión Bravo, es que dichas licitaciones esencialmente benefician a los nuevos afiliados y no a los afiliados vigentes del sistema, pues las personas no se cambian de AFP. El diagnóstico de la comisión es lapidario: con las tres licitaciones hasta ahora solo se ha beneficiado con menores comisiones al 20% de los afiliados al sistema.

La comisión dice que el traspaso de afiliados no ha sido masivo –un 5% del total de sistema se ha cambiado– y que el 80% del sistema sigue pagando comisiones iguales o superiores al 1,27% que hoy promedia. Ni siquiera –agrega el informe– existe certeza de que dichos traspasos hayan sido a AFP más rentables o con menores comisiones.

Las causas son varias, pero la encuesta que se hizo para ver el nivel de conocimiento que tenían los afiliados fue reveladora: un 13% de los hombres y un 7% de las mujeres sabe la comisión que cobra la AFP donde cotiza. La estocada final la da la comisión al sugerir que hay espacio suficiente para que las AFP compitan con menores comisiones. “La posibilidad de una mayor competencia en precios queda de manifiesto al observar la rentabilidad sobre el patrimonio de las AFP en la última década, exceptuando el 2008, que promedia el 27%”, precisa.

La propuesta 29, que incluye a la mayoría de los comisionados y no forma parte de la propuesta A ni B en forma exclusiva, se pone en el escenario de que se incluyera en una licitación el 10% de los afiliados al sistema. Si ello ocurriese –estima el informe–, habría una caída de 16,53% en la comisión promedio de la industria en un plazo de 10 años. El cálculo apunta a que si se licitara el 50% la comisión podría caer a menos de 0,6% en promedio.

Sin embargo, la Asociación de AFP no cree en la medida, pues –a su juicio– generaría incentivos inadecuados a la industria y podría provocar concentración del mercado. Aún más, el punto de Pérez Mackenna es que una baja de la comisión de 16% implica un alza de sueldo de 2%. El riesgo, dice, es que por tener menor comisión el afiliado se vaya a una AFP con menos rentabilidad, afectando su ahorro más que beneficiándolo.

“Hoy hay mecanismos que involucran a afiliados nuevos y ha sido exitoso, las comisiones han bajado de 1,6% a 1,2% en promedio, y no solo eso, hay dos AFP que tienen comisiones de las más bajas del mundo. Están disponibles para todos pero, ojo, que en el extremo, si yo licitara porciones muy grandes de la cartera podría llevar a la industria a una alta concentración. Lo que no queremos es que por una disminución en la comisión –al disminuir la comisión va a al bolsillo–, si esa menor comisión que el estudio plantea que en 10 años se podría bajar 16%, se transforma en un alza del sueldo liquido de 2%. Si esa menor comisión fuera al fondo implicaría un aumento en pensión de 2% y, por tanto, se compara negativamente (con la rentabilidad)… toda la competencia se concentra en el factor precio y no en el factor rentabilidad y servicios. Y un 1% menos de rentabilidad implica 20-30% de menor pensión. ¿Vale la pena, por el aumento del sueldo líquido, poner en riesgo el efecto en rentabilidad que puede ser significativo para las pensiones? Creo que no vale la pena”, afirmó.

Comisión intermediación

Otro punto que cuestionan las AFP es la idea de que estas paguen la comisión que se cancela –con cargo a los fondos de los afiliados– a gestores extranjeros, por invertir los ahorros chilenos fuera del país.

Lo anterior está en línea con otro cuestionamiento de la comisión, vinculado a las comisiones de las AFP. Según el informe de la comisión, el artículo 45 Bis del Decreto Ley 3.500 establece las comisiones de intermediación que cobran fondos extranjeros o fondos mutuos para que las AFP inviertan en ellos ahorros de los trabajadores.

Como señaló Gonzalo Cid la semana pasada, si se agregara esa comisión a la tradicional que cobran las AFP, el promedio completo superaría lo que promedian países de la OCDE. Y es que los números no son irrelevantes. De acuerdo a informes de la Superintendencia de Pensiones, solo en uno de los cuatro trimestres de 2014 –entre julio y septiembre de ese año– esta comisión tuvo un costo de casi $ 70 mil millones. Dicha plata la pagan los afiliados a las AFP, no las gestoras. La comisión propone que las AFP se hagan cargo de dicho costo.

Pérez Mackenna rechaza esa idea y advierte que “es algo que se cambió y ha tenido una misión muy importante en la calidad de las carteras”.

AFP estatal e igualdad de género

Dos propuestas más que son rechazadas por las AFP son la idea de legislar una administradora pública y la idea de usar tablas de mortalidad unisex, que no diferencien entre hombres y mujeres.

Según la comisión, una AFP estatal competiría con las mismas reglas de las privadas, independiente y autofinanciada. De acuerdo al informe financiero ligado al proyecto de ley que envió el actual Gobierno, la gestora requeriría de un aporte extraordinario original de US$ 70 millones para echarla a andar.

Además del hecho de elevar la competencia en el mercado y legitimar el sistema de pensiones, los argumentos a favor de una AFP estatal estriban en que podría generar incentivos para que coticen trabajadores independientes y hacerse cargo de aquellos de menores ingresos que no son atractivos para las AFP privadas.

Pérez Mackenna cree que una gestora de este tipo “no va a mejorar pensiones y puede generar expectativas” en la población respecto del Estado, lo que finalmente podría volverse en contra. Además –en su opinión–, el proyecto de ley conocido “no garantiza competencia en igualdad de condiciones”.

En el caso de las tablas unisex, se propone eliminar el cálculo de tablas diferencias por sexo e instaurar un cálculo uniforme de riesgo de longevidad. De esta forma –plantea la comisión–, se incentiva una mayor solidaridad entre hombres y mujeres, dado que estas últimas viven varios años más que los hombres y tienen más dificultades para contar con cotizaciones formales permanentes y evitar lagunas previsionales.

Esta propuesta, como parte de las 58 específicas planteadas, debe ir acompañada de la eliminación del retiro programado y la equiparación de las edades de jubilación –hoy la mujer se puede jubilar a los 60 años y los hombres a los 65–, aunque en ambos casos la realidad indica que la gente posterga su pensión para generar más ingresos por lo precario de las jubilaciones.

Para las AFP el efecto de la medida es claro y negativo. “No desvistamos un santo para vestir a otro. Compartimos que tenemos problemas de género y debemos abordarlo. Por temas de mercado laboral, menores rentas, lagunas por cuidado de hijos, adultos mayores, etc., pero no mejorar pensiones a costa de empeorar a hombres, porque ahí vamos a tener al 100% disconforme con pensiones”, aseguró Pérez Mackenna la semana pasada.