La gestora acaba de ser sancionada por la Superintendencia de Pensiones por incurrir en irregularidades en el recálculo de las pensiones que paga a través de la modalidad de Retiro Programado entre 2005 y 2014, las que habrían afectado a casi un cuarto de los pensionados cuyas jubilaciones debían actualizarse.
En medio del crispado ambiente que existe en el país contra las AFP, las noticias siguen jugándoles en contra. Esta vez, la protagonista fue Provida, la administradora que controla el grupo asegurador estadounidense Metlife y que ha estado en el centro de las críticas a propósito de la fusión que realizó en 2014 y que le permitió obtener más de US$ 200 millones en beneficios tributarios.
La gestora acaba de ser sancionada por la Superintendencia de Pensiones por incurrir en irregularidades en el recálculo de las pensiones que paga a través de la modalidad de Retiro Programado entre 2005 y 2014, las que habrían afectado a casi un cuarto de los pensionados cuyas jubilaciones debían actualizarse.
El proceso partió en 2014 e involucra a casi 7 mil afiliados, de 27 mil que debían ver recalculada su pensión. La situación surgió por el reclamo de un afiliado lo que motivó a la Superintendencia de Pensiones a requerir el 4 de septiembre de 2014 a la AFP una auditoría interna que incluyera a todos los jubilados que debieron ver recalculada su pensión entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de agosto de 2014.
En dicha comunicación la autoridad le ordenó que debía abonar a las cuentas de los afiliados afectados el valor de las sumas giradas en exceso y las rentabilidades que dejaron de recibir como consecuencia de haber anticipado el uso de sus fondos.
El mes siguiente respondió la AFP revelando “la existencia de un volumen muy elevado de universo de operaciones a examinar”, por lo que pidió mayor plazo para responder. Tras diversas extensiones visadas por el fiscalizador, la AFP informó en septiembre de 2015 que revisaron un total de 27.267 casos de afiliados que debía recalcularse su pensión en el periodo señalado, de los cuales 19.954 estaban correctos.
Sin embargo, la misma auditoría reveló que existían 7.313 casos de afiliados con “observaciones de auditoría”, es decir, sin todos sus recálculos o con éstos fuera de plazo, equivalente al 27% del total, más de un cuarto. Sin embargo, a ese número se descontó 846 casos validados por la subgerencia de beneficios, con lo cual el número final de casos afectados llegó a 6.467.
Según el detalle entregado por la empresa, del total hubo 1.091 que sí tenían sus recálculos hechos, pero fuera de plazo y había otro grupo de 3.100 con al menos un caso de recálculo no realizado. El saldo, de 2.323 casos, es el de mayor impacto pues considera casos sin todos los recálculos hechos y con al menos uno de éstos hecho en forma inoportuna.
De esta forma, la AFP determinó 6.467 casos a regularizar, a los que descontó 34 que debían tener regularización también pero que no se podía hacer de manera automática por lo que lo harían en forma manual. Finalmente, la AFP desembolsó $ 1.108 millones para reembolsar la pérdida de rentabilidad generada por estas fallas.
Los recursos, eso sí, sólo fueron a las cuentas de 2.896 afiliados, pues el resto (3.571), según la AFP, no obstante “verse afectados por la omisión de recálculos o por efectuarse fuera de plazo, no requirieron compensación de rentabilidad por el uso acelerado de sus fondos”.
La Superintendencia abrió expediente de investigación el 14 de junio de 2016. En su defensa, la AFP planteó la prescripción sancionatoria, alegato que la autoridad descartó por considerar que la infracción es permanente pues al ser el recálculo un ejercicio anual sigue afectando a los afiliados mientras no se corrija el error.
Y como el error fue detectado por un reclamo y por la solicitud de auditoría de la superintendencia a la AFP, el fiscalizador descartó acoger y le aplicó, el 17 de enero pasado, una multa de UF 1.000 (unos $ 26,500 millones). La multa puede ser recurrida administrativa y judicialmente.
La AFP informó eso sí, que desde enero de 2017 tiene en funcionamiento un modelo de verificación de los recálculos, que estima permitirá impedir que esto vuelva a ocurrir. No es la primera vez que una AFP es sancionada por esto. En 2014 fue Cuprum por motivos similares aunque para un número de casos muy inferior y en 2016 se sancionó a otras AFP por otras irregularidades y a la propia Provida por invertir en instrumentos no autorizados .
