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La mirada de Moody’s sobre el conflicto de SQM con Corfo: Podría vender US$1.000 millones en activos

La mirada de Moody’s sobre el conflicto de SQM con Corfo: Podría vender US$1.000 millones en activos

La agencia clasificadora de riesgo sostiene que la firma tiene activos localizados en esa zona por unos US$1.000 millones, los cuales podría vender en este escenario, escenario que le aportaría liquidez a la empresa pero de igual manera no compensaría la fuerte reducción de tamaño y rentabilidad a largo plazo de la compañía, sin contar además los riesgos políticos y reputacionales que reconoce la agencia.


La clasificadora de riesgo Moody’s volvió a ratificar su nota de Baa1 con perspectiva negativa para SQM.

Entre sus fundamentos, lo principal que justifica la visión de la agencia son estimaciones sobre una caída en el precio de los fertilizantes; sin embargo en su análisis una parte importante lo ocupa la Corfo, entidad estatal con la cual la minera de Julio Ponce está seriamente enfrentada.

Esto por los contratos de arriendo de pertenencias en el Salar de Atacama que tiene la Corporación con la minera, los cuales según ha expuesto Bitrán, en reiteradas ocasiones, han sido violados por SQM afectando en unos US$18 millones las arcas del fisco. Para la agencia de riesgo, éste no es un tema menor.

A pesar de que sus expectativas apuntan a que el conflicto terminará resolviéndose con una compensación económica por parte de SQM, reconoce que el resultado final es “incierto” y que incluso puede tener un resultado de “alto impacto”. Esto porque están en juego pertenencias que para la minera significan el 48% de sus ingresos.

Moody’s sostiene que la firma tiene activos localizados en esa zona por unos US$1.000 millones, los cuales podría vender en este escenario, escenario que le aportaría liquidez a la empresa pero de igual manera no compensaría la fuerte reducción de tamaño y rentabilidad a largo plazo de la compañía, sin contar además los riesgos políticos y reputacionales que reconoce la agencia.

Corfo busca al menos US$8,9 millones en pagos, más un monto a calcular por explotaciones posteriores a 2013 y pagos de arrendamiento hasta 2030 como compensación del término anticipado del contrato, entre otras soluciones.

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