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Caso platas políticas

Millonarios sin sanción: el tercio de empresas del IPSA que se salvarán de ser perseguidas penalmente por la inacción del SII

por 5 mayo, 2017

Millonarios sin sanción: el tercio de empresas del IPSA que se salvarán de ser perseguidas penalmente por la inacción del SII
La decisión del SII de no continuar acciones penales por posibles delitos tributarios pese a la rectificación de boletas ideológicamente falsas, dejará a 13 de 40 firmas del IPSA fuera del radio de acción de la justicia. Angelini, Saieh, Hurtado Vicuña, Hörst Paulmann, Said y Calderón figuran entre los millonarios cuyos aportes irregulares a la política quedarán libres de sanción penal.

Ardiente es la disputa entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII) por la decisión del organismo, que dirige Fernando Barraza, de no continuar con acciones penales contra las empresas que han rectificado boletas injustificadas y que estarían vinculadas a los casos del financiamiento ilegal de la política.

A diferencia de SQM y Penta –y el holding pesquero del grupo Angelini, Corpesca-, existe un grupo numeroso de empresas y empresarios que no enfrentarían una persecución penal del Ministerio Público a raíz de la ausencia de querellas del SII.

En efecto, al menos un tercio de las empresas del IPSA, el índice que reúne a las 40 principales empresas de la Bolsa de Comercio de Santiago, ha sido involucrado -directamente o indirectamente a través de sociedades de sus dueños- por testimonios de involucrados en la investigación de Ministerio Público y por rectificaciones que las propias empresas hicieron ante el SII, reconociendo que el pago de boletas no estaba justificado en servicios para que fueran considerados gastos, y por ende, se estaba evadiendo el pago de tributos.

Entre las firmas figuran los grupos Angelini (Copec, Celulosa Arauco, Antarchile), Said (Parque Arauco, Embotelladora Andina), Saieh (CorpBanca), Calderón (Ripley), Paulmann (Cencosud), Hurtado Vicuña (Entel), CAP (De Andraca, Rassmus), Yarur (BCI), Aguas Andinas y su holding IAM y Sigdo Koppers (Juan Eduardo Errázuriz).

En algunos casos los recursos desviados desde las empresas habrían ido a financiar campañas de ex candidatos presidenciales y parlamentarios de la derecha, las de algunos partidos de la Nueva Mayoría (fundamentalmente DC y PPD), del PRO y también de las campañas políticas de Michelle Bachelet (particularmente en el caso del grupo Angelini), Sebastián Piñera, Laurence Golborne y Pablo Longueira, entre otros.

En total, 13 empresas que están en el IPSA y que –casi en su totalidad- han tenido directo involucramiento en el financiamiento irregular de la política o que dicha acción ha sido efectuada por algunos de sus socios o controladores.

La ex funcionaria de Impuestos Internos Marisa Navarrete, quien se ha destacado por impulsar la persecución penal de estos casos, acudió a la Contraloría para pedir que se revierta la decisión del SII, ante lo cual la entidad fiscalizadora emitió una dura resolución advirtiendo al Servicio que no tomara decisiones en forma caprichosa.

Navarrete, al igual que el Ministerio Público, ha sido dura con el SII. En entrevista con CNN hace una semana, criticó la decisión del servicio, advirtiendo que es evidente que la institución está buscando frenar el avance de indagatorias contra las empresas que ya han reconocido millonarios pagos de boletas y facturas por servicios inexistentes.

“Si miramos en torno a la gravedad o intensidad del delito, es mucho más grave el delito de la empresa que rebaja impuestos y paga menos, frente al que emite la boleta”, dijo.

Además, refutó el argumento de que montos pequeños no justifican acción penal. “Los motivos por los que el SII debe querellase no tienen que ver con el monto. Uno de los elementos que debe considerar es la connotación pública. No hay que olvidar que delitos tributarios son conexos de potenciales delitos de corrupción”, agregó.

Navarrete incluyó en su presentación ante el SII algunos antecedentes desconocidos hasta ahora. Según Navarrete, el organismo está dando instrucciones internas a sus fiscalizadores para que en el proceso de recopilación de antecedentes no se considere los que apunten a un periodo mayor a los últimos tres años, con la excusa de que ese es el lapso en que prescribe el cobro de impuestos. Es decir, “premeditadamente”, según Navarrete, el SII está impidiendo acceder a información de periodos anteriores que podrían dar pie a acciones penales que prescriben entre cinco y diez años.

Finalmente, la abogada aludió a la forma en que el SII modificó la presentación de querellas, siendo ahora nominativas (con denunciados específicos) y no abiertas como ocurrió al comienzo del caso Penta y que permitían ampliar los objetos de investigación del Ministerio Público.

La banca zafa

“La banca siempre está disponible”, gustaba decir el ex presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), Hernán Somerville, cuando se le consultaba por el rol del sector en el país.

Al parecer, la disponibilidad de la industria financiera no era sólo para dar créditos a empresas y personas, sino también para saltarse la ley y aportar a políticos, no sólo sin que nadie supiera, sino que en forma ilegal. Sin embargo, al parecer el SII decidió que esa oscuridad deberá mantenerse.

BCI era un de las empresas más complicadas con la investigación de las platas políticas. El banco que controla Luis Enrique Yarur rectificó en abril de 2015 ante el SII boletas sin respaldo por $ 233 millones entre 2008 y 2014. El Ministerio Público no alcanzó a adentrarse en el caso pues en otras cosas se requiere de la querella del SII para investigar. Sólo se conoce, por la declaración del socio de VSA, Tomás Carrasco, que éste prestó boletas al banco de Yarur para la campaña de Laurence Golborne en 2012-2013.

A esos se suma que en junio de 2015 BCI, el tercer banco privado más grande del país, rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos un total de $250 millones que, según reconocieron, fueron entregados como aportes políticos a la UDI.

Lo cierto es no escasean las figuras políticas en su mesa de directorio. Hoy figura José Pablo Arellano, DC, quien fuera presidente de Codelco en el primer gobierno de Bachelet y ministro de Educación en el de Eduardo Frei-Ruiz Tagle. Antes estuvo Andrés Bianchi, quien presidió el Banco Central al cierre del gobierno de Pinochet y dos años del de Patricio Aylwin, además de ser embajador en Estados Unidos en el gobierno de Lagos.

En la misma situación sin investigar está CorpBanca. El banco de Saieh, hoy controlado por Itaú, saltó a la palestra en 2015 cuando fue parte del grupo de empresas que rectificó boletas ante el SII, luego que fuera develado que hubo boletas por al menos 10 millones de pesos emitidas al banco por un testaferro para ser usados en la campaña de Pablo Zalaquet (UDI).

El ex controlador de CorpBanca es dueño del grupo de medios Copesa, conformado por La Tercera, Qué Pasa, La Cuarta y radios como Duna, como sus principales estandartes. De hecho, La Tercera ha publicado artículos aludiendo a la situación de BCI, pero siempre se abstuvo de advertir la presencia de CorpBanca en el caso.

CorpBanca al igual que el resto de empresas que quedarán fuera del radio del Ministerio Público en el caso de platas políticas, fue parte de un oficio en que la fiscalía pedía en 2016 que el SII les revelara el listado de boletas rectificadas en 2015.

La alusión a la presencia del ahora socio de Itaú-CorpBanca en los medios no es trivial. La Tercera, si bien ha sido uno de los medios que más información de la carpeta de investigación de platas políticas ha revelado, al mismo tiempo ha tenido una posición crítica del rol del SII.

Pese a que por un lado se sumó a las críticas por el intento de Rodrigo Peñailillo desde el Ministerio de Interior para intentar detener las acciones que estaba realizando ante el SII para frenar las investigaciones, ahora critica tanto al fiscal Jorge Abott como a la Contraloría por cuestionar ambos al Servicio.

Así lo hizo el 23 de abril pasado en su editorial principal, donde califica de irresponsable la decisión del SII de presentar acciones penales, advirtiendo que debería limitarse a casos de mayor gravedad de financiamiento irregular de la política, sin advertir que los casos se han ido amplificando en la medida que las indagatorias crecen y se van sumando antecedentes. El Mercurio escribió una editorial con argumentos similares hace unas semanas.

Con esto, argumenta que la decisión de presentar acciones penales debería tomarse en función de monto y la reiteración en el tiempo, y no "extremar artificialmente" el uso del arma penal.

También figuran entre los investigados el accionista del banco BBVA Salvador Said, quien además es controlador de Parque Arauco y socio de Embotelladora Andina. Ésta, de hecho, tiene como socios también a la familia Garcés Silva, que también es accionista relevante en el grupo Consorcio, donde participa otro investigado, Juan Hurtado Vicuña y Eduardo Fernández León, este último socio del grupo Penta en Banmédica, firma donde a propósito de la investigación del caso Penta, se descubrieron operaciones ilegales de su principal ejecutivo, Carlos Kubik, destinadas a obtener beneficios pecuniarios junto a otros dos ejecutivos.

Salvador Said Somavía declaró como imputado el 11 de agosto de 2016 y admitió que su sociedad Inversiones Caburga hizo un aporte de $20 millones a la campaña de Eduardo Frei, pago que luego rectificó ante el SII.  Y su primo, Javier Said Handal, había declarado en junio como representante de Inversiones Newport reconociendo que por solicitud de Caburga aportaron $12 millones a la campaña de Frei. Adicionalmente, Newport pagó $8 millones al abogado Alfredo Ugarte, quien también integraba el comité de finanzas de Frei.

Caburga, según The Clinic, hizo una rectificación de más de 600 millones ante el SII.

Retail

La participación del empresariado financiando irregularmente la política es transversal. Por eso, además del rol que han jugado empresas financieras, pesqueras y otras, también abarca a las firmas del rubro del retail.

Porque no sólo Parque Arauco se ve afectado por el rol de su controlador, sino también dos multitiendas: Ripley y Cencosud. Ambas fueron nombradas como receptoras de boletas para dar financiamiento a la política. Y tampoco serán investigadas por el Ministerio Público.

Ripley, que es propiedad de la familia Calderón –la misma que fue beneficiada por el propio SII hace cinco años cuando condonó más de US$ 100 millones en impuestos a Johnson’s- rectificó ante el SII boletas por 50 millones recibidas por la firma de Asesorías Credo Limitada, que participó de la campaña de Michelle Bachelet en 2013.

Comercial Eccsa, controladora de Ripley, también fue nombrada por Iván Correa, periodista de Reactor SPA, la firma que asesoró la campaña de Pablo Zalaquett. Correa y la propia empresa reconocieron que habían aportado tres millones a través de boletas a esa sociedad y que no tenían justificación, aunque negaron que hubiera "delito", sino sólo un "error tributario".

En la misma línea está el holding de Hörst Paulmann, Cencosud. La firma fue aludida por Ana Palacios en 2015, en su declaración ante el SII y el Ministerio Público. Allí, la cuñada de la jefa de gabinete del ex ministro y ex candidato presidencial Pablo Longueira, dijo que emitió boletas por ocho millones a Cencosud Retail para luego redirigir las platas al candidato en 2013.

Similar situación corre para la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), que está ligada al ex funcionario de la dictadura Roberto de Andraca. CAP fue nombrada por Roberto Carrasco por el pago de boletas emitidas en noviembre de 2013 por $5 millones y que en realidad tenía como destino el aporte a la campaña de Golborne.

La arista de la minera de hierro podría ser de alta relevancia, pues son dueños de Puerto Cruz Grande, el terminal cercano a donde querían instalar sus proyectos Minera Dominga y la Central Barrancones y que a diferencia de estos dos, no vieron cuestionados por la autoridad sus estudios de impacto ambiental.

Al igual que estas compañías, quedará fuera de la persecución penal el empresario Juan Hurtado Vicuña y sus sociedades personales que recibieron boletas para financiar a políticos. Así al menos lo denunció en su cuarta declaración Roberto Carrasco, que Ciper denominó el segundo garganta profunda del caso Penta, después del ahora fallecido Hugo Bravo, ex gerente general del holding de Carlos ‘choclo’ Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Hurtado Vicuña es el líder del grupo de hermanos y familiares que controlan Entel. También son accionistas del holding financiero Consorcio, uno de los mayores grupos aseguradores de país y de los principales de ese rubro en cuanto a inversión en acciones y deuda de empresas en el país, con un historial de actuaciones cuestionables en el mundo de los negocios.

La familia Hurtado Vicuña, según reveló Ciper en 2016, apareció en las declaraciones de Roberto Carrasco, quien nombra a dos de sus sociedades, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado, como receptoras de dos facturas en diciembre de 2012 por 50 millones de pesos, que no tenían contraprestación de servicios y que en realidad permitieron destinar esos dineros a la campaña de Laurence Golborne.

Aguas Andinas

En el caso de Aguas Andinas, las cifras son aún mayores y abiertamente transversales. Sus aportes más sospechosos apuntarían a Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Al DC pudieron llegar pagos de la sanitaria a través de Pedro Yaconi, su mano derecha, por $49 millones en octubre de 2009 y otros 14 millones a otra sociedad vinculada al abogado.

La sanitaria, según Ciper, rectificó dos veces boletas no justificadas ante el SII, destacando pagos sin respaldo contable a una empresa vinculada a Sebastián Piñera y Carlos Castro, abogado cercano a RN.

Pero de las rectificaciones no se conocen detalles. En 2016 Ciper publicó un artículo donde revela detalles de los libros contables de la sanitaria. En ella se detectan numerosos pagos sospechosos pero cuya ilegalidad no está clarificada. Entre los beneficiarios esta Pedro Yaconi, quien fue clave en el equipo de finanzas de la campaña presidencial de Frei en 2009.

También figuran pagos a centros de pensamiento, como la Fundación Jaime Guzmán (UDI), el Instituto Libertad (RN) y Chile 21 (PRO-PS-PPD) por la suma de $420 millones entre 2009 y 2014.

Eso sí, el caso más emblemático de boletas irregulares que involucra a Aguas Andinas corresponde a los bonos que Mario Conca y Jaime de Aguirre cobraron por su trabajo en Chilevisión, cuando el canal estaba en manos de Piñera y que fueron cancelados por la sanitaria contra boletas emitidas a Aguas Andinas por instrucción del gerente de finanzas de Bancard y administrador electoral de la campaña de Piñera en 2009, Santiago Valdés. La sanitaria fue una de las cuatro firmas que contribuyeron a esos pagos sin que hubiera servicios en su favor y que los ejecutivos involucrados reconocieran que eran bonos de CHV.

Este caso en particular involucra indirectamente a Sigdo Koppers (SK) -ligado a Juan Eduardo Errázuriz, la familia Aboitiz, Pavez, entre otros-, cuyo ejecutivo, Alejandro Reyes –a través de su sociedad Andes Task- fue uno de los pagadores de los bonos a Mario Conca.

También participó de esos pagos a los ex CHV una sociedad del amigo de Piñera José Cox.

Quedarán para el registro histórico los pagos a distintos ex funcionarios claves de la Concertación (todos DC). Juan Eduardo Saldivia, Guillermo Pickering y Clemente Pérez también emitieron boletas a esta empresa entre 2009 y 2014 por cuantiosas cifras, sin que puedan ser investigadas por el Ministerio Público.

Casi anecdótico es el caso del senador Andrés Zaldívar (DC), quien recibió pagos de Aguas Andinas por casi 150 millones entre 2006 y 2010 -en que no fue parlamentario- por servicios que llamó "asesorías parlamentarias".

Pese a las irregularidades que podría haber en esos pagos, la causa nunca avanzó y la decisión del SII de no presentar más querellas hace más improbable la clarificación del caso.

Grupo Angelini

Pero quizás si el caso más emblemático de grupo económicos y grandes empresas involucradas en los casos de platas políticas y que no será perseguido por la justicia, es el grupo Angelini.

El holding controla la mayor cadena de bencineras del país (Copec), la mayor empresa de celulosa y forestal (Celulosa Arauco) y también es controladora de la mayor empresa pesquera de Chile, Corpesca. Esta última es la única que no se salva con la acción del SII pues su indagatoria ya tuvo avances y la investigación está avanzada. Además, el grupo hizo aportes importantes a través de Inversiones Siemel, Seguros Cruz del Sur (vendida en 2013) y Abastible.

El grupo tiene casi $ 2.250 millones en pagos por boletas no justificadas a figuras vinculadas a gran parte de los partidos, entre ellos, Felipe Harboe (PPD), Alberto Espina (RN), Gabriel Silber (DC), Marco Enriquez-Ominami (PRO) y Pablo Longueira (UDI). No obstante, el principal beneficiado de la detención de las indagatorias del Ministerio Público es la Presidenta Michelle Bachelet y el entorno de personajes que participó de la precampaña de 2013, para lo cual Angelini aportó 358 millones a través de personas claves en el financiamiento de la misma.

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