Administradoras de fondos de pensiones tienen demandada a la auditora por su rol en el fraude de La Polar
En abril pasado y previo a las últimas juntas de accionistas de firmas como Copec, Cencosud y Latam, la auditora encomendó al abogado Arturo Majlis –del estudio Grasty Quintana– que hiciera gestiones para poner fin al conflicto. El veto de las AFP saca ronchas y afecta al negocio. El 4 de abril pasado, según indica el registro de lobby del regulador, Majlis se reunió con el super de Pensiones, Osvaldo Macías. El abogado concurrió en representación de PWC y el objetivo habría sido hacer notar la situación de sus fiscalizados a la superintendencia y ver si podía servir de ayuda, aunque desde el regulador niegan que se haya tratado el tema. Como parte de la estrategia, Majlis también se ha reunido con presidentes de las AFP, a fin de saber si hay espacio para llegar a una solución. Y se ve el acuerdo con LarrainVial como un precedente a seguir. Cercanos a la auditora dicen que las AFP están actuando en forma concertada y que existe un conflicto de interés en que, por un lado, la vetan en las juntas y, por otro, la tienen demandada.
En silencio y bajo cuerdas, la firma auditora PwC está buscando terminar con el karma que le persigue a seis años de que estallara el escándalo de las repactaciones unilaterales y manipulación de estados financieros por parte de la multitienda La Polar.
Golpeada inicialmente por el impacto reputacional del caso, PwC –sancionada por la SVS por su ‘negligente’ labor revisando los números y procedimientos de la señalada multitienda– perdió varios grandes clientes en las siguientes juntas de accionistas de grandes compañías.
En paralelo, desde 2014 las AFP –en varios libelos– han demandado a la auditora, pidiendo millonarias indemnizaciones, lo mismo que el gestor de fondos Moneda Asset Management y la propia cadena de retail.
Desde entonces, solo la causa con AFP Provida ha tenido fallo en primera instancia, el que benefició a la firma liderada por Luis Enrique Álamos. Con La Polar, la auditora llegó un acuerdo, que –según algunos medios– incluiría rebaja en el costo de sus servicios en el futuro, en tanto que Moneda y tres AFP (Cuprum, Planvital y Habitat) están en la fase avanzada de la causa civil iniciada también en 2014, con perjuicios estimados en más de US$ 260 millones. Están pendientes Capital y Provida. La segunda, que pide US$ 120 millones, perdió en primera instancia.
Aunque han transcurrido años del caso, las AFP siguen pasándole la cuenta a la auditora y hasta en las últimas juntas de este año continuaron votando en contra de la designación de la firma, aunque en pocas sus votos han tenido efecto, pues no tienen el control de la empresa.
No obstante, la auditora necesita cerrar las disputas, tanto a nivel judicial como en su relación con un accionista importante, las AFP.
Por ello, desde hace algunos meses que PwC contrató al estudio de abogados Grasty, Quintana y Majlis para que consiga acercamientos con las administradoras de fondos de pensiones y Moneda, de manera de buscar algún tipo de acuerdo, cerrar las causas judiciales y que, con ello, se termine el ‘veto’ que le aplican en las juntas.
Las gestiones las ha liderado el abogado Arturo Majlis, quien ya se ha reunido con algunas de las máximas autoridades de las AFP y con el propio superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías. El regulador reconoce la reunión, pero descarta que se tratase ese tema, aunque se niega a revelar la naturaleza de la reunión.
El 27 de abril de 2017, se realizó la junta de accionistas de Latam, la aerolínea controlada por la familia Cueto. El comité de directores propuso a PwC como primera opción para continuar auditando a la compañía, cual lo viene haciendo a lo largo de los últimos 25 años. Detrás quedaron Ernst & Young y KPMG. Según informa el directorio, tomando la propuesta del comité, “la calidad del servicio de PwC hacia Latam no presenta ninguna observación o reparo de parte de la administración o de su directorio”. Además, advierte que, pese al largo período prestando servicios, la independencia de la auditora está garantizada por el sistema de control interno de PwC y gracias al sistema de rotación del socio a cargo, que desde este año es Renzo Corona.
Pese a esto, las seis AFP presentes y Moneda Administradora de Fondos votan en masa contra la auditora, representado más del 20% de las acciones. Sin embargo, con los votos controladores y otros, PwC recibe el apoyo de más del 73%.
Un día antes, el 26 de abril de 2017, se repite la imagen. Se realiza la junta ordinaria de accionistas de Empresas Copec, ligada al grupo Angelini y donde PwC auditó en 2015 y 2016. La empresa define auditoras cada tres años y, por ende, propone mantener a la firma para su tercer ejercicio auscultando a la aerolínea.
Las AFP, con casi el 7% de las acciones, rechazan nuevamente y sin excepciones a PWC. En dicha línea se pronuncian Cuprum, Capital, Provida, Planvital y Habitat, todas las cuales proponen a Deloitte en su reemplazo. El acta revela que Capital detalla el motivo de su rechazo. “En particular, el representante de AFP Capital indicó que el rechazo se fundamenta en que la AFP mantiene una demanda indemnizatoria en contra de PwC, por su responsabilidad en el denominado caso La Polar”, señala el texto, confirmando los motivos del veto de las administradoras de fondos, que nuevamente no genera efecto por el bajo porcentaje que representan sus papeles.
Con casi el 25% de las acciones presentes en la junta de Cencosud del 28 de abril pasado, las AFP también aplican el rechazo masivo y unánime de las gestoras a la auditora dirigida por Álamos, pese al detallado informe del directorio que lidera Hörst Paulmann, recomendando su contratación. En esa línea, destacan que la firma cumple con los requisitos propios de una compañía con operaciones en distintos países, lo que además haría muy difícil el cambio, señala la mesa.
Estos son los tres principales casos por los que PwC ha reclamado por el constante rechazo de las administradoras de fondos de pensiones.
Sin embargo, el no a PwC viene exactamente desde las juntas de 2012, luego de que en junio de 2011 se destapara el escándalo de La Polar, en cuyo período las AFP rechazaron en 13 empresas la designación de PwC, aduciendo como causal el mismo tema. Las gestoras también rechazan a otras auditoras en un número inferior de casos, pero fundamentalmente por la exigencia de rotación de socios y auditores.
En 2013 la situación se extremó, rechazando las AFP a PwC en 18 sociedades, con la única excepción de Provida, que la apoyó en San Pedro. En 2014, incluso, el número de casos en que se le veta llega a 19 sociedades. En tanto que en 2016, si bien PwC fue elegida en el 36% de los casos (20 firmas), en todos estos las AFP presentes rechazaron a la auditora.
En 2017, ya es sabido, las administradoras de fondos de pensiones vuelven a sostener su rechazo en cada junta donde figure PwC como alternativa, sea primera o segunda prioridad. En Nitratos, una de las sociedades cascada que forma parte de la cadena de control de SQM, Capital nuevamente explicita que su rechazo es debido a que “mantiene una demanda indemnizatoria en contra de ésta (PwC) por su responsabilidad en el denominado Caso La Polar”.
Salvado el conflicto con La Polar, que había demandado por más de 31 mil millones de pesos a la auditora, a PwC solo le quedaba superar el impasse mayor con las AFP, a las que se suma el fondo Moneda, que preside Pablo Echeverría.
La auditora fue sancionada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por el caso La Polar en dos oportunidades: en 2012, la multó con más de 400 millones por los balances de 2010; luego, en 2014, le aplicó otra sanción, de 50 millones, por los estados financieros de 2009.
En 2015, además, la misma autoridad sancionó a la auditora por su “falta de diligencia” en la revisión de los estados financieros de Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios, en el llamado caso Cascadas, otro de los mayores escándalos financieros de los últimos años. De hecho, cercanos a la auditora miran con envidia el acuerdo alcanzado por LarrainVial con las AFP, que les permitió cerrar las disputas legales.
Pese a esto, PwC sigue entre los mayores actores del mercado gracias al tamaño, experiencia y presencia en el mercado local. No obstante, la mancha que las AFP le recuerdan cada año en las juntas, la obligó a tomar medidas adicionales. Allí apareció Majlis, quien fue contratado por la auditora para hacer todas las gestiones necesarias para terminar con las disputas y volver a la normalidad pre-La Polar.
Así, el referido abogado –según confirmaron al menos tres AFP– se reunió con ellos, planteando su disposición a buscar un acuerdo que permita terminar con el veto.
Las puertas no estarían cerradas y PwC confía en que podría llegar a acuerdo. No obstante, fuentes cercanas a las AFP consideran complejo el escenario, dado que las demandas civiles siguen vigentes y, aseguran, no sería presentable que cambiaran su actitud con la auditora si aún los tribunales no confirman o descartan las responsabilidades civiles de la firma.
La dificultad para alcanzar un consenso llevó a Majlis también a acercarse a la autoridad. El 4 de abril pasado, según indica el registro de lobby del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, el abogado concurrió en representación de PwC para hacer ver a la superintendencia la situación de sus fiscalizados.
De acuerdo a fuentes cercanas a la auditora, Majlis acudió a plantear temas de la industria en representación de Price, pero incluyó la preocupación por lo que se estaba dando aún, seis años después del escándalo de La Polar, con las gestoras. Incluso –según las fuentes consultadas–, el profesional habría planteado que se trata de una actuación conjunta de las AFP, lo que está prohibido a estas, que deben asegurar siempre una acción individual.
“Creemos que hay un evidente conflicto de interés de las AFP, las que, por un lado, nos vetan en las juntas de accionistas y, al mismo tiempo, tienen demandada a PwC en tribunales”, dijo una fuente cercana a la auditora, deslizando incluso que tiene la sensación de ser objeto de algo similar a un chantaje por parte de las AFP, que esperarían que paguen indemnizaciones para volver a ponerse los guantes.
Sin embargo, la superintendencia, consultada por este medio, afirma tajantemente que jamás se le planteó la inquietud vinculada al rechazo a la auditora por parte de las AFP en las juntas y, menos, que se les denunciara una actuación conjunta de las gestoras.
“No es efectivo que en la reunión del día 04 de abril de 2017 publicada en la plataforma de Ley de Lobby, el representante de PwC haya realizado la denuncia señalada”, indicó la autoridad por vía escrita. Además, fuentes cercanas al Gobierno advirtieron que, si hubiera indicios de actuación concertada de las gestoras, el camino para denunciarlo es una presentación ante las autoridades de libre competencia, esto es, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
