Esta audiencia fue la primera de las tres dedicadas a minorías sexuales que están programadas en este período de sesiones, el número 140, de este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Activistas denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violencia que sufren los transexuales en Brasil, mientras que representantes del Gobierno admitieron ciertas deficiencias institucionales.
Esta audiencia fue la primera de las tres dedicadas a minorías sexuales que están programadas en este período de sesiones, el número 140, de este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El caso brasileño preocupa a representantes de la sociedad civil como el Center for Justice and International Law (CEJIL), uno de los solicitantes de la audiencia, por las situaciones extremas de violencia y miseria que sufren colectivos como el de los travestis.
Durante los primeros cinco meses de 2010, se registraron 16 muertes violentas de travestis, según dijeron los activistas, mientras que durante el año anterior hubo 72 travestis asesinados de un total de 198 homicidios a personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, según un informe del Grupo Gay da Bahia.
La violencia se manifiesta de manera más cruel en la vida callejera de travestis que se dedican a la prostitución, un trabajo que es la fuente de ingresos de un 95% de este colectivo.
«Viven con un alto grado de vulnerabilidad por su identidad y por la profesión que ejercen. Están expuestas en la calle y el Estado no les provee seguridad», denunció Edmilson Medeiros, de Rede Afro LGBT de Brasil.
La raíz de ese círculo de violencia se arraiga en las biografías accidentadas de estas personas, desde los abusos y discriminación dentro de sus familias a la exclusión en la escuela, argumentó.
A nivel institucional, el problema se extiende debido a la falta de datos oficiales para detectar los índices de violencia contra esta población y, por tanto, exponer la gravedad del problema, según Helena Rocha, abogada de CEJIL.
El otro obstáculo son los vacíos legislativos, ya que no existe una tipificación del crimen por homofobia o transfobia en Brasil, aunque la Asamblea brasileña intenta cambiar esto con una ley propuesta en el parlamento y que avanza en comisiones.
Juliana Barroso, representante del Ministerio de Justicia de Brasil, reconoció «la falta de datos para dar seguimiento» a estos casos de violencia, pero defendió que su Gobierno impulsa medidas para transformar la mentalidad y las prácticas de funcionarios y policías.
«Hemos hecho trabajos. Estamos pasando por un cambio cultural en el sistema, que afecta a las instituciones y las organizaciones, y a la policía y los profesionales de seguridad pública», aseguró.
El debate también puso de manifiesto el creciente interés de la CIDH por temas referidos a derechos de minorías como discriminación por orientación sexual, a indígenas o afrodescendientes, asuntos que están cada vez más presentes dentro del sistema interamericano de derechos humanos.
La siguiente audiencia trató precisamente la brutalidad policial contra brasileños de raza negra que denuncian grupos civiles brasileños en un país donde existe una mayoría es afrodescendiente.
Los homicidios «encubiertos» por parte de agentes del Estado contra este grupo se han convertido en una práctica «cotidiana», aseguraron solicitantes de la audiencia como Rodnei Jereicó, coordinador de SOS Racismo en Brasil.
Para ilustrar esa «cultura de violencia», el comandante general de la Guardia Civil Municipal de Osasco, Gilson Menezes, expuso fotografías del cadáver acribillado de Ataides Oliva de Araujo, un agente policial que fue «confundido con un bandido» por ser negro en 2009.
Taís Schilling, del Ministerio Público, representante del Gobierno brasileño, reconoció los «diversos problemas» de violencia policial y «racismo institucional», pero defendió los progresos mediante programas de educación y capacitación de los agentes.
Por su parte, el presidente de turno de la CIDH, Felipe González, instó a las partes a ofrecer todos los datos sobre los temas, y dijo que la comisión negocia con el Gobierno brasileño una visita al país para realizar un informe sobre las prácticas policiales. EFE
