Tomás Jordán y sanciones sociales en Registro de Vándalos: “Es un error no forzado” del Gobierno
El constitucionalista cuestionó la propuesta de retirar beneficios y advirtió que, en el caso de prestaciones como la PGU, la medida sería inconstitucional. “Hay una regla en la Constitución que dice que no se puede aplicar nunca como sanción la pérdida de derechos previsionales”, afirmó.
El abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, cuestionó uno de los anuncios más comentados de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast: la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades que podría derivar en la pérdida de beneficios estatales para quienes cometan determinados delitos o faltas.
La iniciativa contempla sanciones para personas involucradas en hechos como ataques a Carabineros o personal de salud, lanzamiento de bombas molotov, quema de buses, daños a monumentos nacionales o rayados, entre otras conductas catalogadas como incivilidades. Según se ha planteado desde el Ejecutivo, las consecuencias podrían incluir la pérdida de beneficios como la gratuidad en educación superior, subsidios habitacionales, becas y la Pensión Garantizada Universal.
Para Jordán, el principal problema radica en que la propuesta abre cuestionamientos respecto del principio de igualdad ante la ley. “Hay un prejuzgamiento social”, afirmó el académico en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler, quien se preguntó por qué beneficios como la gratuidad, el subsidio de arriendo o la PGU deberían transformarse en una sanción accesoria asociada a determinados delitos o faltas.
El constitucionalista explicó que el sistema jurídico chileno se basa en normas generales aplicables a todas las personas en igualdad de condiciones. “La regla general, y esto es importante para las personas que nos escuchan, es la regla de igualdad. Las leyes se nos aplican a todos por igual y, por lo tanto, fija lo que se llama hipótesis abstracta. El que cometa x delitos será sancionado”, señaló.
Desde esa perspectiva, advirtió que la propuesta podría generar consecuencias distintas para personas que cometan exactamente la misma conducta. “Si hay dos personas que rayan una muralla, y una es de una condición socioeconómica alta y otra es de una condición socioeconómica baja, el mismo hecho va a ser sancionado de manera diferente”, sostuvo.
A juicio de Jordán, el Gobierno deberá justificar durante la discusión legislativa por qué determinadas sanciones recaerían únicamente sobre quienes reciben beneficios estatales. “Eso es lo que el gobierno va a tener que probar en la discusión parlamentaria, cuál es la razón o justificación de por qué se está sancionando a un sujeto en razón de su condición social y a otro no”, afirmó.
El académico también apuntó a un problema constitucional específico relacionado con la eventual pérdida de prestaciones previsionales. “Hay una regla en la Constitución que dice que no se puede aplicar nunca como sanción la pérdida de derechos previsionales. Esa es una regla. Es decir, acá no es posible establecer una excepción sin que sea inconstitucional”, señaló.
Jordán precisó que esa observación se refiere particularmente a la posibilidad de retirar la Pensión Garantizada Universal. “Me refiero particularmente a esta idea de la pérdida de la Pensión Garantizada Universal, que es un beneficio previsional”, agregó.
El abogado sostuvo que las sanciones asociadas a actos de vandalismo o incivilidades pueden ser legítimas, pero advirtió que deben aplicarse bajo criterios universales y no diferenciados según la situación económica de cada persona.
“Por eso yo creo que el gobierno se hace una autofalta, es haber establecido o establecer sanciones que son accesorias por incivilidades, que nadie discute, pero que tienen que ser universales, en el fondo que cualquiera sea tu condición socioeconómica, se te aplique”, indicó.
En ese contexto, Jordán concluyó que la propuesta abre un frente político y jurídico innecesario para el Ejecutivo. “Yo creo que se ha metido en lo que se llama un error no forzado, es decir, comete un error metiéndose en un problema que yo creo que es difícil de zafar, al menos desde el punto de vista penal, criminológico por un lado, y constitucional en el otro”, afirmó.
Finalmente, reconoció sorpresa por la decisión del Gobierno de avanzar en una propuesta de estas características. “Por eso me llama la atención que el gobierno se haya metido en ese espacio, porque es contraintuitivo”, concluyó.
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