El titular de Relaciones Exteriores del país trasandino denunció también «las ilegales actividades británicas de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en los archipiélagos y aguas en disputa», lo que consideró una violación del derecho internacional.
El canciller de Argentina, Héctor Timerman, subrayó este martes ante el Comité de Descolonización de la ONU que el reclamo sobre la soberanía de las islas Malvinas es «irrenunciable e imprescriptible», al tiempo que reiteró su voluntad negociadora para resolver ese conflicto con el Reino Unido.
«Reitero frente a la comunidad internacional el reclamo por los derechos soberanos irrenunciables e imprescriptibles» de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, señaló el ministro de Relaciones Exteriores argentino ante ese órgano de la ONU.
Ese comité adoptó este martes sin votación una resolución, auspiciada por Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que subraya que «el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas».
Timerman defendió de nuevo las peticiones de su país sobre ese archipiélago que el Reino Unido ocupa desde 1833 y que enfrentó a los dos países en una guerra en 1982 en la que murieron 255 militares británicos y más de 650 argentinos.
El ministro, que recordó las repetidas veces en que la Asamblea General ha pedido terminar con el colonialismo, acusó al Reino Unido de rehusarse a retomar ese proceso de negociación a pesar de los múltiples llamamientos de la comunidad internacional.
«Es como si el Reino Unido, amparado en su calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad y de los privilegios que detenta en esa condición, interpretara que un conflicto militar le otorgara derechos y lo eximiera de sus obligaciones internacionales conforme al derecho internacional, posición inadmisible por parte de un miembro responsable de esta Organización», dijo.
Timerman denunció también «las ilegales actividades británicas de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en los archipiélagos y aguas en disputa», que consideró una violación del derecho internacional.
Igualmente se refirió a la presencia militar británica y a sus ejercicios militares en el archipiélago, que consideró como «un motivo de preocupación» para la región.
