Si los pacientes marcharan, habría 17 millones de chilenos caminando porque no entenderían cómo es posible que un 40% de sus gastos de salud venga de sus propios bolsillos, si el promedio en los países de la OECD es 19,5%.
Si los pacientes marcharan, veríamos a 2 millones de usuarios de Isapres que no entienden por qué sus planes suben en promedio 5%, si sus Isapres obtuvieron 70% más de utilidades que el año anterior, siendo la segunda industria más rentable del país. De los 2 millones de usuarios, un 27% (585.000 en total) reclamaría que sus licencias médicas fueron rechazadas, el doble que Fonasa.
Si los pacientes marcharan, 500.000 ciudadanos de clase media estarían protestando por no tener seguro de salud. La mayoría serían trabajadores independientes, que no ganan lo suficiente como para pagar un 20% de su sueldo en salud y pensiones en forma voluntaria, pero que usan el sistema público en caso de emergencias.
Si los pacientes marcharan, 1.3 millones de personas reclamarían que fueron marginados desde las Isapres a partir del año 2005, forzados a pagar planes más y más caros, hasta que tuvieron que migrar a Fonasa. La mayoría son adultos mayores y mujeres en edad fértil, o personas con enfermedades crónicas, que fueron discriminados por su edad, sexo, o preexistencias. Algunos quizás apelaron al Tribunal Constitucional, pero la mayoría aceptó la realidad en forma silenciosa.
[cita]Si los pacientes marcharan, habría 17 millones de chilenos caminando porque no entenderían cómo es posible que un 40% de sus gastos de salud venga de sus propios bolsillos, si el promedio en los países de la OECD es 19,5%.[/cita]
Si los pacientes marcharan, 12.5 millones de usuarios de Fonasa protestarían por la injusticia de un sistema que, pese a cubrir al 73,5% de la población, sólo cuenta con el 53% de los recursos del sistema. No estarían solos, con ellos marcharían los familiares que vieron a sus seres queridos morir en los pasillos de una posta, o que los acompañan a los consultorios y reiteradamente escuchan que no hay medicamentos, o que han presenciado el abandono y falta de recursos de los hospitales públicos. Otros tendrían carteles reclamando que llevan años esperando para una cirugía, o que a pesar de tener una enfermedad incluida en las GES, no tienen la edad correcta para recibir tratamiento en un plazo garantizado. Y otros que no entienden cómo cuesta tanto encontrar hora para atención en un consultorio, o por qué nunca más los llamaron del hospital. Todos esos usuarios se defraudarían si supieran qué el sistema público se financia con sólo el 4,1% del PIB, mientras que el promedio en los países de la OECD es 6,5%.
Si los pacientes marcharan, habría 17 millones de chilenos caminando porque no entenderían cómo es posible que un 40% de sus gastos de salud venga de sus propios bolsillos, si el promedio en los países de la OECD es 19,5%. Si pagan el 7% de su sueldo en salud, y por cada cosa que compran pagan el 19% de IVA, no comprenden por qué deben gastar tanto en medicamentos, o en consultas particulares, o en ir al dentista. No entenderían cómo, en 25 años, el sistema no ha cambiado un ápice.
Si los pacientes marcharan, tendrían razón. Y nosotros, como profesionales de la Salud Pública, estaríamos con ellos.
Es por esto que le hacemos una propuesta al país. Nuestro sistema de salud no necesita una mejora; necesita una reingeniería completa. Porque es inequitativo en la contribución financiera; porque genera discriminación de los más pobres, mujeres, adultos mayores y enfermos crónicos; porque es ineficiente en la medida que financia con recursos públicos a instituciones privadas con fines de lucro; y porque es inefectivo en crear protección social y promoción de la salud.
La propuesta consiste en la creación de un Fondo Único de Salud. El Fondo Único de Salud debería ser una agencia pública descentralizada, con un director elegido por su alta capacidad técnica, ratificado por el Senado y apoyado por un gobierno corporativo. Esto para que funcione como un organismo autónomo, independiente del gobierno de turno. No queremos que la salud de todos quede en manos de pocos.
Si se mantiene la estructura recolectora de fondos actual, esta agencia administraría el 7% actual de los trabajadores y los aportes fiscales, y pagaría a los prestadores afiliados al sistema. Esto implica una profunda redefinición del rol de los proveedores públicos y privados y los sistemas de incentivos, junto con el necesario fortalecimiento de la red de atención primaria de salud.
De esta forma, se lograría la existencia de solidaridad entre los cotizantes, sin discriminar a las mujeres, adultos mayores, o personas con enfermedades previas; mejoraría la eficiencia al reducir los costos de administración; y utilizaría el 100% de los recursos en la salud de los chilenos.
La propuesta está hecha. Este es el momento de congregar nuevos actores e incluir nuevas ideas. Invitamos a la sociedad civil, profesionales de salud, investigadores y académicos, honorables diputados y senadores, agrupaciones gremiales y al Gobierno, a establecer un nuevo contrato social por la Salud de Chile. Porque si los pacientes marcharan, esperarían eso de todos nosotros.
