Investigación
Tráfico de precursores: la desconocida condena en contra de la mujer clave en mecanismo narco
En medio del engranaje relativo al enorme decomiso de madera impregnada y cocaína realizado en el norte existe -hasta el momento- solo una persona condenada, Ingrid Arias. **VER AL FINAL NOTA DE LA REDACCIÓN Y ACLARACIÓN**
Pocos días atrás el Ministerio Público entregó las cifras globales de incautación de madera impregnada en drogas que la unidad de inteligencia de la Fiscalía local de Arica ha detectado el último año en el puerto de esa ciudad, así como en el de Iquique, Valparaíso y en San Antonio.
Se trata de un total de 45 contenedores (todos con madera, salvo uno con caucho) incautados entre abril de 2025 y el mismo mes de este año, que juntos arrojan un peso total de casi mil toneladas, 108 de las cuales corresponden a clorhidrato de cocaína y ketamina, principalmente, lo que constituye el mayor volumen de drogas jamás incautado en el país, si se las considerara como un solo cargamento.
La mayoría de dicha droga fue decomisada en marzo de 2026, cuando fueron interceptadas cerca de 700 toneladas de maderas impregnadas, que habían llegado a puertos chilenos antes del inicio de los bloqueos de distintos caminos que mantienen camioneros bolivianos.
La mayoría de los envíos de droga venían ocultos en distintos packs (llamados deckings en la jerga de carga) procedente de Bolivia, particularmente del Departamento de Pando, que contenían madera de Tajibo, de almendrillo, de roble y de otras, todas de alta porosidad, algo fundamental este tipo de tráfico de drogas, en el cual la madera ser sumerge en enormes autoclaves donde la droga está diluida, la que así se impregna en la superficie y permite evadir los controles aduaneros, al no haber paquetes sospechosos o anómalos a simple vista.
Luego de ello comenzaba el viaje por vía terrestre a Chile, un trayecto de casi 1.600 kilómetros solo hasta Arica, que consideraba el paso por ciudades como La Paz y Oruro, para finalmente entrar a alguno de los cuatros puertos antes indicados, como si se tratara de una carga normal.
Posteriormente, la cocaína y la ketamina eran sometidas a un proceso inverso en sus puntos de destino, que no son pocos. De hecho, la fiscalía y la Dirección de Inteligencia e Investigaciones Marítimas (Dipolmar) de la Armada detectaron al menos 13 países en ese sentido, el principal de los cuales era Estados Unidos. Entre las cargas interceptadas también había contenedores destinados a México, República Dominicana, República Checa (que era el segundo mayor destino), Francia, Portugal, España, Italia, Marruecos, Mauricio y Nueva Zelandia.
Fuentes vinculadas a las indagaciones explican que detrás de todo esto están el Primer Cartel de Uruguay (PCU, capitaneado por el uruguayo Sebastián Marset, que fue detenido en marzo en Santa Cruz de la Sierra y extraditado a EEUU), financistas españoles y la mafia albanesa.
La mayoría de la madera provenía de una empresa de la misma ciudad (Santa Cruz) llamada Importadora y Exportado Liguria SRL. Sin embargo, como lo comprobaron periodistas bolivianos, se trata de una empresa de papel y que la dirección que figura en los documentos no existe, lo mismo que varias de las otras 14 empresas domiciliadas en la misma ciudad y en otras como Beni, Cochabamba, El Alto, La Paz y Cobija (en Pando). También, sin embargo, hay empresas reales cuya documentación fue utilizada en los envíos, entre ellas Exomad Industria Maderera S.A. de propiedad del empresario Diego Justiniano. ** (VER AL FINAL NOTA DE LA REDACCIÓN Y ACLARACIÓN)
El decomiso, avaluado en más de ocho mil millones de dólares (es decir, el 10% del presupuesto anual del Estado chileno) generó una enorme polémica en ese país, al punto que el Ministro de Gobierno, Marco Antonio “Tuco” Oviedo, dijo calificó de “irresponsable” la difusión de la información por parte de la fiscalía chilena. Oviedo aseguró que “he hablado con mi par, en Santiago de Chile, para manifestarle mi absoluta molestia y extrañeza de lo que ha sido difundido por la Fiscalía de Arica en Chile”.
Según él, su objetivo era “aclarar todo esto, que está afectando gravemente la imagen de Bolivia y de manera dura, la lucha contra el narcotráfico, que venimos realizando de manera tan exitosa”, aseguró.
Cabe recordar que el lunes, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, entre otras autoridades, dieron a conocer la investigación, En dicha ocasión, este último explicó que todo ello se logró detectar en función de un encargo del Fiscal Nacional, “en torno a la protección de nuestros puertos, a sacar el crimen organizado de los mismos. Y en este marco de trabajo, primero, tuvimos bastantes éxitos en relación a los precursores”, apuntando que “logramos incautar cerca de mil toneladas de precursores, pero nos faltaba responder una pregunta. Si con esos precursores se estaba produciendo droga, la pregunta siguiente era por dónde estaba saliendo y cómo la droga que se producía con esos precursores. Y es así que, luego de un arduo trabajo con la policía marítima, se logró determinar”.
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Los precursores
Efectivamente, tal como lo indicó el persecutor en jefe de la Región de Arica y Parinacota, toda esa droga es parte de un complejo mecanismo trasnacional, que considera la entrada de precursores (los elementos químicos que se usan para la fabricación de drogas, especialmente cocaína) a Bolivia, a través de Chile, y luego la salida de la droga ya elaborada también por puertos nacionales.
De hecho, solo entre 2025 y 2026 se han decomisado 554 toneladas de precursores entre los puertos de Arica e Iquique, fundamentalmente acetato de etilio y carbonato de sodio, que siempre tenían como origen algún puerto chino (Qingdao era el preferido) y como destino final alguna zona boliviana.
Como en China existe una legislación bastante estricta en lo relativo a este tipo de químicos (lo mismo que en Chile) por lo general, en alguna parte del viaje, eran adulterados los Bill of landing (B/L, las guías de despacho) y falseado el tipo de material, el cual generalmente era caracterizado como base para detergente, con el fin de ser introducido de ese modo hasta Arica o Iquique y desde allí ser enviado a Bolivia, generalmente a empresas de fachada de la ciudad de El Alto.
De hecho, como reconocen un policía con experiencia en este tipo de investigaciones, esa es la fase más crítica de todo el tráfico de precursores: el envío terrestre desde Chile a Bolivia, etapa en la cual es fundamental contar con “gestores” que conozcan todos los recovecos legales y logísticos del paso de los precursores desde los puertos chilenos hacia los laboratorios ubicados en la frontera entre Bolivia y Brasil.
En ese contexto cumplía una función fundamental Ingrid Arias Toro, quien ya había sido condenada a cuatro años en Iquique, en 2017, por delito tributario reiterado.
Arias, de 46 años, era una mujer clave, pues era quien realizaba toda la tramitación relativa al ingreso de los precursores con el Bill of landing adulterado y coordinaba, posteriormente, el envío de esos hacia Bolivia y ahí radica su importancia, como lo grafica la misma fuente: “ese tipo de gestores son personas que manejan muchísima información, pues como están al medio de la cadena no solo saben quiénes son los proveedores de los insumos, sino también lo más importante: los verdaderos destinatarios finales”.
Según indica el fallo del Juzgado de Garantía de Arica, por medio del cual se la condenó a dos penas de 541 días de cumplimiento efectivo, “a partir del día 07 de Marzo del 2025, en el Puerto de Arica y Parinacota se comienzan a realizar incautaciones de químicos para la elaboración de drogas, los cuales eran enviados desde China con destino en principio al Puerto de Arica y luego bajo la misma modalidad al puerto de Iquique, para ser enviados a Bolivia como destinatario final y consignatarios identificados como José Alfredo Aquino Tarque, Romer Monroy y Javier Condori, los cuales se ubican en Bolivia y tendrían participación como receptores finales de 43.2 toneladas de carbonato de sodio y 22 Toneladas de acetato de etilo en el Puerto de Arica y 405 toneladas de carbonato de sodio en el Puerto de Iquique”.
El mismo fallo consigna las modificaciones en las guías de despacho, así como la participación de otras personas que operaban bajo las órdenes de Arias: Ivonne Mamani Veliz y José Arenaza Aguilar, quienes “realizaron maniobras a fin de realizar el desvío de 405 toneladas de carbonato de sodio, precursor químico con destino a la ciudad del Alto, en Bolivia; bajo la compra simultánea del químico en China, utilizando incluso una persona boliviana ya fallecida como destinatario, identificado como Germán Mayta Choque, además de la modificación del B/L, alterando su verdadero contenido en la carga (indicando que correspondía a base de detergente) ardid que resultó ser falso, al no contar inclusive con ninguna autorización para importación del químico controlado por el Ministerio del Interior de Chile; con lo cual, sin la previa fiscalización de las autoridades chilenas, la sustancia controlada llegaría a productores cocaleros bolivianos”.
Así, el 22 de abril del año pasado personal de la Dipolmar y la PDI allanó su departamento, donde además de documentación, encontraron casi 10 mil ampollas de testosterona inyectable. Ante ello, en marzo de 2026 Arias terminó aceptando un juicio abreviado, por medio del cual fue condenada a dos penas de 541 días, una como autora de desvío de precursores químicos destinados a la elaboración de drogas, y otro como autora de receptación aduanera.
Por supuesto, su cooperación fue muy limitada. Próximamente su socio, el boliviano José Arenaza, será objeto de una audiencia de preparación de juicio.
Lea la sentencia por desvío de precursores
**NOTA DE LA REDACCIÓN: Posterior a la publicación de este reportaje, que hace referencia explícita a investigaciones realizadas por el Ministerio Público de Arica, la abogada de Exomad Green, Fabiana Terceros Pavicis, señaló por escrito desde Bolivia que dicha compañía “no figura entre las empresas identificadas por las autoridades competentes dentro de la investigación referida en su publicación”. Asimismo, sostuvo que “Exomad Green no se encuentra bajo investigación, imputación, acusación ni procedimiento alguno relacionado con los hechos descritos en el artículo”.
Del mismo modo, afirmó que Exomad Green no realiza labores de exportación como las descritas en el reportaje, vinculadas a empresas de fachada o a compañías legales cuya documentación habría sido utilizada para tales fines. Añadió que “el señor Diego Justiniano tampoco se encuentra vinculado ni es objeto de investigación en relación con dichos hechos”.
** ACLARACIÓN: Con fecha 27/06/2026 El Mostrador aclara que la empresa Exomad Green no aparece vinculada a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. En consecuencia, su mención en este artículo ha sido reemplazada por la empresa que sí figura en la indagatoria: Exomad Industria Maderera S.A.
