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Cuando el CAE cae sobre la derecha
El Gobierno decidió mantener los embargos a deudores del CAE pese a las advertencias de la UDI y RN, que pidieron criterio social ante el costo político de la ofensiva. La decisión dejó a Hacienda defendiendo la recaudación y a la oposición con una bandera sensible: la protección de los sueldos.
El CAE lo construyó la derecha. Lo defendió durante años como el gran instrumento del mérito y el esfuerzo personal en educación. Y es el Gobierno de Kast el que hoy lo usa como garrote fiscal, mientras su propia coalición le pide que afloje.
Más de 550 mil personas no han pagado su deuda CAE, generando un pasivo superior a 4 billones de pesos para el fisco. La TGR ya ejecutó más de 1.500 embargos. Algunos deudores viralizaron en redes sociales sus cuentas bancarias vaciadas al cien por ciento. Y el escándalo llegó hasta La Moneda.
- En el Comité Político ampliado del 8 de junio, el oficialismo no llegó a defender: llegó a frenar.
- Desde la UDI y RN pidieron al mismísimo ministro Quiroz mayor prolijidad e incluso criterio social en los embargos del CAE.
- La traducción: nos están quemando políticamente, baje la presión.
El jefe de bancada RN, Diego Schalper, fue más explícito y cuestionó abiertamente el “ánimo recaudatorio” del Ejecutivo. O sea, el propio oficialismo acusó a su Gobierno de querer recaudar demasiado. En la derecha chilena, eso es casi una herejía.
- Kast no cedió. El Presidente endureció el tono y el ministro Quiroz dijo “vamos a seguir cobrando”.
- Una encuesta Black & White registró 55% de apoyo a los embargos y 45% de rechazo. En política de márgenes estrechos, ese 45% no es ruido: es electorado. Y el oficialismo lo sabe.
Arturo Squella, timonel republicano, fue más lejos: invitó al Congreso a debatir si se deroga la atribución de la TGR de embargar sin intervención judicial. El partido más duro del bloque descubriendo que el Estado tiene demasiado poder. Justo cuando ese poder lo ejerce su propio Gobierno.
Cancha servida: el control de daños de Hacienda llegó tarde. Al intentar sobreactuar su autoridad financiera, el Gobierno le regaló a la oposición la bandera de la “defensa de los sueldos”. Quiroz operó con la frialdad de un síndico de quiebras, dejando el flanco social del oficialismo completamente al descubierto.
