La Presidenta tendrá que tomar una importante decisión: si hace suya la visión de la directora de Fonasa y de la CAP, en cuyo caso contará con la adhesión de la inmensa mayoría ciudadana; o, bien, se limita a maquillar el sistema de Isapres actual, en cuyo caso estas ganarán tiempo para seguir estrujando el bolsillo de una parte de los chilenos.
Fue en el escenario de la reciente ExpoHospital que la directora de Fonasa, Jeanette Vega, desató la tempestad al instalar una discusión necesaria, pero que había sido postergada desde la reforma a la salud. Su propuesta de avanzar hacia la creación de un fondo único de cotizaciones de salud –y, por tanto, de considerar la cotización del 7% en salud como un impuesto social–, provocó el pánico y la ira de los representantes de las Isapres y de las fuerzas políticas conservadoras en el Parlamento. Sin embargo, este planteamiento no es nuevo. Estuvo en la agenda parlamentaria del 2004; la doctora Vega lo ha presentado varias veces; incluso en el seno de la Comisión Asesora Presidencial para reformar el sistema de Isapres (en la cual hay al menos cuatro representantes de las aseguradoras), por lo que vale la pena preguntarse ¿por qué esta sobrerreacción?
A nuestro entender, esto sólo puede explicarse porque, por primera vez, esta reforma tiene piso social y, por ende, político, y que la gran fiesta de las Isapres, la danza de utilidades, podría llegar a su fin.
En efecto, la directora de Fonasa ha logrado sintonizar con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía que está cansada de la brutal segregación existente en salud y del comportamiento abusivo de las Isapres, que lucran de manera desmedida con las cotizaciones de las personas sanas y jóvenes, las mismas que luego son rechazadas por el sistema a medida que su riesgo individual en salud aumenta.
[cita] La Presidenta tendrá que tomar una importante decisión: si hace suya la visión de la directora de Fonasa y de la CAP, en cuyo caso contará con la adhesión de la inmensa mayoría ciudadana; o, bien, se limita a maquillar el sistema de Isapres actual, en cuyo caso estas ganarán tiempo para seguir estrujando el bolsillo de una parte de los chilenos. [/cita]
Para colmo de males, han demostrado ser altamente ineficientes; el costo de administración de las Isapres es de un 17% de la recaudación, el de Fonasa es sólo un 1%, y ofrecen un servicio de mala calidad en la medida que los planes son desproporcionadamente caros para la cobertura que ofrecen y el copago es excesivamente alto. La razón de esto último es simple. Actualmente las Isapres están altamente integradas con los prestadores, tal como lo constata la propia Superintendencia de Isapres, a pesar de que la integración está prohibida. El efecto de ésta es que las Isapres (o sus dueños) ganan como aseguradores y ganan como prestadores, por lo cual el incentivo de negociar costos razonables para las prestaciones de sus afiliados y cautelar la costo/efectividad de los tratamientos no existe.
Por el contrario, estudios internacionales muestran que Chile se sitúa entre los países más caros en salud privada. Según el informe 2013 de la “International Federation of Health Plans” (IFHP), el país tiene la segunda tarifa más alta del mundo en día cama y cirugías frecuentes. Otra consecuencia de esta integración es que las Isapres no hacen programas de prevención, que es lo que debería esperarse de un seguro de salud, ya que deja de ser interesante cuando son dueñas de clínicas (varios de estos aspectos fueron tratados en una columna de Cristóbal Cuadrado).
La Directora de Fonasa ha señalado, en reiteradas oportunidades, que esa institución puede ser mucho más eficiente que las Isapres ofreciendo los mismos planes, y que podría negociar mejor con los prestadores privados, pues: a) no tiene intereses comprometidos, b) podrían negociar grandes volúmenes de prestaciones y c) lo haría con criterios sanitarios. Entonces, ¿qué aportan realmente las Isapres? Al parecer muy poco.
Desde hace varios años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene planteando algo similar. En su informe del 2010 sobre “Sistemas de Financiamiento en Salud en el Mundo”, señaló la necesidad de que los países avancen hacia la cobertura universal, estableciendo sistemas de financiamiento progresivos que apunten a la mancomunidad de los recursos provenientes de impuestos y cotizaciones, eliminando en su distribución la segregación por origen económico y por riesgos de salud individuales.
La reacción desmedida de la Derecha es una expresión nítida del compromiso del mundo conservador con los dueños de las Isapres, pero también de la incapacidad de sus dirigentes de interpretar las corrientes sociales. Quieren matar la idea de un cambio antes de que crezca. El Mercurio, que tiene buen olfato para anticipar el peligro, ha abierto una línea editorial sobre el tema y todas las semanas incorpora al menos un artículo en posición destacada. El 26 de julio pasado se hizo eco de la furia de los parlamentarios de RN y de la UDI que tildaron la propuesta de “gravísima”, ilegal, y “una amenaza al derecho a la propiedad y la libertad que tienen las personas”. Fueron aún más lejos y anunciaron que citarían a la directora del Fonasa, en un ya tradicional y poco efectivo juego de amedrentamiento. Una semana después, el mismo diario entrevistaba al ex director de la institución en el gobierno de Piñera y operador UDI, Mikel Uriarte, quien agregaba su cuota a la campaña del terror al vaticinar que “si los que pueden aportar van a un fondo solidario, terminaremos con otro millón de indigentes falsos”.
Analicemos entonces qué es lo que se juega en la propuesta de la doctora Vega. Es bastante más que el traspaso de recursos desde el sistema privado al fondo único. Lo que está realmente en entredicho son dos visiones de sociedad y dos sistemas de valores antagónicos. Se enfrentan en esta batalla los que creen que el sistema de salud debe formar parte de un sistema mayor de seguridad social, y por ende: a) debe ser solidario en el sentido de que los más jóvenes, sanos y ricos contribuyen fraternalmente con los más viejos, enfermos y con menos recursos, y b) debe ofrecer cobertura universal y constituirse en un derecho social, es decir, nadie puede quedarse sin atención de salud por no contar con los recursos para financiarla. La otra visión, que ha primado en los últimos años, es aquella que considera a la salud un bien de consumo que se adquiere cuando se puede pagar. En este modelo, la libertad de elegir (limitada en este caso a un 15% de la sociedad) pasa por encima de cualquier otro valor y la segregación es connatural a esta visión. La brecha de visiones es de un tamaño tal que no es posible llegar a un entendimiento, y serán las mayorías las que decidirán cómo será el futuro.
Hace pocos días, y mientras escribíamos esta columna, muchos nos sorprendimos con la votación de la Comisión Asesora Presidencial para Reformar las Isapres (CAP), que se pronunció de manera mayoritaria a favor de la postura de la directora del Fonasa. Más aún, la Comisión considera que en el mediano plazo las Isapres deben desaparecer, y ser reemplazadas por un seguro nacional de salud, al estilo de países como Canadá o Corea, en los que existe un fondo único administrado por una sola entidad que recibe las cotizaciones de todos los ciudadanos. Con ese dinero, el seguro nacional de salud compra las prestaciones a los proveedores (hospitales y clínicas) sin la intermediación de ningún otro organismo. En general, ese fondo único está a cargo de una entidad estatal con un consejo integrado por representantes de la ciudadanía.
En Revolución Democrática nos alegramos de que la postura que fuimos a defender hace algunas semanas cuando presentamos nuestra visión a la CAP (ocasión en que manifestamos la necesidad de avanzar en una reforma estructural al sistema de financiamiento, con un fondo único y un seguro público que distribuye los recursos exclusivamente en función del riesgo sanitario de la población, tal como lo sugiere la OMS) haya sido la más votada por los comisionados, ya que estamos convencidos de que no es posible construir un sistema de salud que cumpla con los estándares de calidad y eficiencia que el país anhela si mantenemos el modelo de segregación actual.
Sabemos que la creación de un fondo único no es suficiente y que necesitamos avanzar en múltiples aspectos, tales como entender que la salud de la población se juega en casi todas las políticas públicas y, por ende, no se agota en la atención médica. También debemos mejorar significativamente la gestión del sistema de salud; en particular, creemos que es necesario dotar a Fonasa de una nueva institucionalidad y gobernanza, que asegure que los recursos para la salud sean bien administrados y no dependan del gobierno de turno. Sin embargo, consideramos el paso dado por la CAP un primer gran paso, ineludible en el camino de reconstruir un sistema de salud que forme parte de la seguridad social.
Estamos conscientes de que con el voto de la CAP comienza una nueva etapa, y que esta será una batalla de largo aliento. Las Isapres y sus portavoces en RN y la UDI están preparando un ataque frontal contra la propuesta e intentarán aterrorizar a la población con sus ya conocidas ambientaciones fantasmagóricas. La Presidenta tendrá que tomar una importante decisión: si hace suya la visión de la directora de Fonasa y de la CAP, en cuyo caso contará con la adhesión de la inmensa mayoría ciudadana; o, bien, se limita a maquillar el sistema de Isapres actual, en cuyo caso estas ganarán tiempo para seguir estrujando el bolsillo de una parte de los chilenos.
