El proyecto de ley de aborto que se discute en el Congreso parece introducir un nuevo orden de cosas en nuestra sociedad, al modificar la idea de que todos los seres humanos son iguales ante la ley, estableciendo, en cambio, la existencia de dos categorías de diferente valor. En un primer grupo se encontrarían aquellos que a) representan un “riesgo futuro” para la vida de la madre; b) pueden ser diagnosticados como inviables fuera del útero; c) han sido concebidos a raíz de una violación. En un segundo, nos encontraríamos todos los demás.
El primer grupo quedará excluido de la protección que establece nuestro ordenamiento jurídico para todo ser humano, incluido el que está por nacer. Esta modificación tiene consecuencias de singular gravedad. Aceptar el establecimiento de diferentes categorías de seres humanos, implica aceptar la posibilidad de que cualquiera, aun yo mismo, sea incluido o excluido de la comunidad humana dependiendo de la fuerza o debilidad de la argumentación con que tal posibilidad se plantee en el debate público y de su capacidad de persuadir a las mayorías. Pero ocurre que los seres humanos y su dignidad son el presupuesto de la democracia y, por tanto, no pueden ser objeto de transacción al interior de ella. Justamente los derechos humanos nacen como una limitación al poder y una garantía ante los potenciales abusos de este. En ese sentido, todo lo que se refiere al ser humano mismo, a su generación y término, y a los elementos esenciales de su personalidad, son previos a cualquier argumentación.
Así, la experiencia comparada demuestra que luego de la incorporación de una primera distinción entre sujetos –en nuestro caso, aquella que se pretende hacer entre los involucrados en las tres causales y el resto–, la discusión transita hacia la ampliación del espacio de exclusión y los indeseados se convierten paulatinamente en nuevas indicaciones o causales en la ley, tales como la socioeconómica (incapacidad económica para mantener al ser en gestación), la eugenésica (el no nacido presenta alguna malformación), psíquica (el embarazo es un riesgo para la salud mental). Con frecuencia, el bajo estándar de acreditación exigido convierte a las causales, supuestamente excepcionales, en formas de aborto libre, con lo que la posibilidad de exclusión de cualquier ser en gestación considerado como indeseado, por el motivo que fuere, es en la práctica legalizada.
Con ello, la manera de valorar a los seres humanos se traslada desde una condición intrínseca y objetiva presente en cada uno de ellos, la dignidad, al hecho subjetivo de si son deseados o no. Y lo serán o no dependiendo del contexto cultural o los valores predominantes de las comunidades que los debieran acoger. Así, por ejemplo, en algunos países asiáticos, se les otorga un valor social o categoría distinta a las mujeres y por ello las niñas en gestación están siendo abortadas por millones; en amplias zonas de Europa, los indeseados parecen ser aquellos que pueden convertirse en una “carga” para el proyecto de vida de sus padres. Así, los niños con síndrome de Down se encaminan a la extinción, y otras enfermedades, como el labio leporino o la espina bífida –pese a los avances tecnológicos–, están siendo cruelmente erradicadas: los seres humanos que las padecen, indeseados por “defectuosos”, han pasado a engrosar la lista de quienes pueden ser excluidos mediante el aborto.
[cita] La manera de valorar a los seres humanos se traslada desde una condición intrínseca y objetiva presente en cada uno de ellos, la dignidad, al hecho subjetivo de si son deseados o no. Y lo serán o no dependiendo del contexto cultural o los valores predominantes de las comunidades que los debieran acoger. [/cita]
Así, quienes nacen o sobreviven, ya no lo hacen debido a una cualidad intrínseca e indubitada –que nos hace iguales ante el resto–, sino por el simple arbitrio de quienes les permitieron venir al mundo. Una vez que se establece un límite de inclusión, diferenciando entre seres humanos dignos e indignos de nacer, este se vuelve móvil hasta desaparecer, convirtiéndose en una mera convención entre quienes se consideran autorizados para respetar la dignidad o negarla según la calidad de deseados o indeseados de los afectados. Lo anterior lleva a concluir que aun mi propia vida, mi existencia y mi pertenencia a una comunidad, es también prescindible y no hay ningún derecho a defenderlas si otro –quien tenga el poder– decide que debo ser excluido. Y es que en cualquier comunidad donde algunos pasan a ser prescindibles, todos pueden llegar a serlo. Por ello, lo que se discute hoy en Chile es algo mucho más profundo que la entrega de una esfera de “autonomía” a la mujer ante circunstancias especiales. En efecto, lo que está en juego es si seguiremos o no reconociendo en todo ser humano, independientemente de sus características accidentales, algo que le es inherente e inalienable: su dignidad.
Pero la preocupación por el respeto a la vida y dignidad de los seres humanos que no incluya la preocupación por la vida y dignidad de la mujer, no es verdadera defensa de la vida y de la dignidad. La dignidad del no nacido y la dignidad de la mujer se encuentran indisolublemente unidas: la relación de intimidad y amor entre la madre y el ser que se gesta en su vientre es una de las más profundas que puede darse entre dos seres humanos. Y lo cierto es que los atentados a la dignidad de la mujer, de tan usuales, se encuentran naturalizados en nuestra sociedad. Por ello, la defensa de la dignidad no es real si no avanzamos en la construcción de nuevas formas de entender la masculinidad para desarticular las estructuras patriarcales que someten a la mujer chilena a niveles de aguda opresión; si es que con urgencia no identificamos los espacios donde la mujer y lo femenino están siendo excluidos y minusvalorados promoviendo políticas públicas que garanticen su inmediata inclusión y castiguen severamente cualquier arbitrariedad; si es que como sociedad no aseguramos que la maternidad y la familia, especialmente la más vulnerable, sea acompañada, apoyada, protegida y resguardada, en todas sus necesidades, a la altura de la importancia que solemnemente declaramos darle.
Para defender la dignidad se requiere, ni más ni menos, de una revolución.
