Llama la atención el juicio tan categórico del senador Ignacio Walker al rechazar la postura de Eduardo Engel en relación con el proceso de reinscripción de militantes de partidos. “Quienes opinan desde el Olimpo y hacen ejercicios de pizarrón y nos dan pautas de cómo legislar –sostuvo el Senador–, es mejor que empiecen a conocer la realidad de las cosas y no pontificar sobre lo que no saben y no conocen”. En opinión del senador Walker, las decisiones políticas son demasiado importantes como para dejárselas a intelectuales que no saben de la historia de Chile.
Las declaraciones del senador Walker resultan llamativas por varias razones. Primero, porque su propia trayectoria es la de un intelectual que se formó en el derecho y luego en la ciencia política en la Universidad de Princeton. Por lo tanto, el senador Walker entiende y conoce los aportes de las ciencias sociales al conocimiento y a la implementación de políticas. Segundo, porque no parece comprensible plantear una división tan categórica entre intelectuales y políticos. Ni los profesores viven encapsulados en un pizarrón, ni los políticos (esperemos) viven encapsulados en sus debates sobre la política y el poder.
Tercero, porque las recomendaciones de la Comisión Engel no son fruto de un grupo de iluminados que desde el Olimpo propuso una serie de recomendaciones. Ellas son el resultado de largas horas de audiencias, recomendaciones de anteriores comisiones presidenciales, organismos de la sociedad civil, actores políticos, parlamentarios, agentes de diversos poderes del Estado y organizaciones internacionales. La gran mayoría de las propuestas expresa un saber acumulado nacional e internacional. Caricaturizar las propuestas como sacadas de un pizarrón es ofender no a un grupo de consejeros, sino que al conjunto de quienes voluntaria y propositivamente, quisieron aportar al fortalecimiento de los partidos.
[cita] Aquí el debate es muchísimo más trivial y dice relación con exigir ciertos procedimientos mínimos a partidos que tienen tradiciones, caciques, lotes, cúpulas, príncipes y plebeyos. El debate sobre la reinscripción no es otra cosa que un debate sobre quién o quiénes en definitiva controlarán el poder.[/cita]
Pero ¿cuál es el alegato de fondo? ¿Por qué el enojo? Esta semana debiese resolverse en la Comisión de Probidad que preside el senador Walker un grupo de iniciativas asociadas a la reinscripción de militantes de partidos políticos. Tres cuestiones básicas y bastante mundanas son centrales: 1) asegurar la reinscripción del total de militantes en un plazo razonable y el Gobierno propuso para ello un plazo de 12 meses; 2) asegurar que el procedimiento mediante el cual la inscripción y/o reinscripción de militantes dé garantías de transparencia para todos los grupos al interior de las tiendas políticas y para la sociedad, y 3) asegurar que los aportes que el Estado les entregue a los partidos se haga a condición de un estándar mínimo de democracia interna y transparencia.
La semana pasada, en la Comisión de Probidad se generaron resistencias, se dijo que 12 meses no era suficiente y se pensó en ampliar a 24 meses para partidos que enfrentaran elecciones internas; se dijo que permitir que los militantes conocieran el padrón interno afectaría el derecho de privacidad de las personas; y se señaló que los partidos requerían recursos para enfrentar las elecciones municipales, lo que implicaría entregarle recursos independientemente de las exigencias de democracia interna y transparencia.
¿Cuál es entonces el problema? El problema en realidad es algo muy simple: qué estándar se les exigirá a los partidos políticos para recibir recursos que son de todos los chilenos y chilenas. Hay quienes pensamos que, primero que nada, es fundamental que el Estado financie apropiadamente a los partidos políticos. Pero dicho financiamiento debe condicionarse a ciertos mínimos procedimentales: que exista democracia interna efectiva en estas tiendas políticas –con una ficha única de inscripción, con elecciones periódicas, con derecho de las minorías a expresarse, con padrones conocidos, depurados y sancionados por las instancias internas pertinentes– y que exista transparencia efectiva de la forma en que se financian dichos partidos. Recursos a cambio de un nuevo estándar de funcionamiento.
Como puede observarse, lo mencionado no dice relación con debates intelectuales muy sofisticados. Aquí no discutimos sobre presidencialismo vs. parlamentarismo, representación vs. gobernabilidad, o cuestiones como esa. No. Aquí el debate es muchísimo más trivial y dice relación con exigir ciertos procedimientos mínimos a partidos que tienen tradiciones, caciques, lotes, cúpulas, príncipes y plebeyos. El debate sobre la reinscripción no es otra cosa que un debate sobre quién o quiénes en definitiva controlarán el poder.
