Servel da la razón a Orrego: “Las instituciones finalmente establecen los hechos”
El Servel archivó la investigación por uso de recursos públicos y concluyó que los gastos examinados no constituyen gasto electoral. La resolución se suma a fallos favorables en Fiscalía y tribunales, mientras sigue pendiente la decisión del Tricel.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego sumó un nuevo antecedente favorable en medio de la ofensiva administrativa, penal y política que se ha desplegado en su contra. El Servicio Electoral (Servel) resolvió archivar la investigación Rol O-1614-2025-SCGFE, abierta de oficio a partir de un informe de Contraloría que examinó gastos, transferencias y uso de recursos públicos del Gobierno Regional Metropolitano entre enero y septiembre de 2024. La resolución establece expresamente que los desembolsos revisados no constituyen gasto electoral y que, por lo tanto, no existe mérito suficiente para formular cargos ni iniciar un procedimiento sancionatorio.
La decisión del Servel no se limita a cerrar la investigación sin sanciones. El organismo concluyó que los hechos examinados quedan fuera de su potestad sancionatoria porque no corresponden a gasto electoral en los términos de la Ley 19.884. Con ello se cierra, al menos ante el organismo electoral, uno de los flancos abiertos a partir de las observaciones formuladas por Contraloría respecto de la gestión del Gobierno Regional.
“Desde el primer momento dijimos que había que dejar que las instituciones hicieran su trabajo y siempre estuvimos disponibles para que se investigara. Hoy el Servel es claro: los gastos examinados no constituyen gasto electoral y no existe mérito para formular cargos. Recibimos esta resolución con tranquilidad, porque las acusaciones políticas pueden ser rápidas, pero son las instituciones las que finalmente establecen los hechos”, señaló Orrego. El gobernador agregó que ahora corresponde “seguir haciendo lo que hemos hecho siempre: trabajar por Santiago, con transparencia y respetando a las instituciones”.
El pronunciamiento se suma a una serie de resoluciones favorables obtenidas durante este año. En febrero, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad, con 24 votos, la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta en la arista ProCultura del caso Convenios. Posteriormente, el 2 de junio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó su sobreseimiento definitivo respecto de los hechos incluidos en aquella solicitud y condenó en costas al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y personalmente al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
A esos antecedentes se agrega la decisión de la Fiscalía Oriente de no perseverar en la investigación vinculada a las sesiones de coaching contratadas por el Gobierno Regional, otro de los hechos que han sido utilizados por sus adversarios para cuestionar la administración de Orrego. Esa resolución, junto con el rechazo del desafuero y el sobreseimiento en ProCultura, ha sido incorporada por la defensa del gobernador entre los antecedentes destinados a desvirtuar las acusaciones que todavía permanecen abiertas en sede electoral.
Porque la principal batalla aún no está cerrada. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dejó en acuerdo el requerimiento presentado por 16 consejeros regionales vinculados al Partido Republicano y Chile Vamos que busca remover a Orrego del cargo por eventual notable abandono de deberes y vulneraciones al principio de probidad. La presentación contiene 27 imputaciones, entre ellas cuestionamientos por ProCultura, ASPOR, las sesiones de coaching y el supuesto uso electoral de recursos públicos. Tras escuchar los alegatos el viernes 7 de agosto, el tribunal dejó pendiente la sentencia.
La resolución del Servel llega, por tanto, en un momento especialmente sensible para el gobernador: elimina uno de los argumentos vinculados al supuesto uso electoral de recursos públicos, pero no anticipa jurídicamente lo que resolverá el Tricel, que debe evaluar un requerimiento más amplio y bajo estándares distintos. Allí se juega el último y más importante capítulo de una ofensiva que, hasta ahora, ha ido perdiendo varias de sus piezas en tribunales, fiscalías y ahora también ante el organismo electoral.