Un artículo de The Economist aparecido hace dos semanas describe la situación de Escocia, donde la universidad es gratuita y selectiva. Escocia derogó la matrícula bajo la promesa de que “se podrán derretir las rocas bajo el sol antes de que se permita que se cobre matrícula a los estudiantes escoceses”, una versión dramatizada de nuestro “ni becas ni créditos”. La universidad en Escocia es totalmente gratuita, un derecho y, además, de calidad. El Estado les entrega, por el momento, suficientes fondos a las universidades para docencia e investigación y estas suben en los rankings. ¿Cuál es el problema?
De acuerdo a The Economist, desde que se implementó la gratuidad, cayó la matrícula de estudiantes de colegios públicos en las universidades y la educación técnica se estancó (habiendo crecido considerablemente más en la vecina Inglaterra). Parte de ello se debe a que, junto con la gratuidad, desaparecieron muchas de las ayudas que recibían focalizadamente los estudiantes pobres. La combinación de educación gratuita para todos con menores becas de subsistencia para los pobres perjudicó a los estudiantes pobres que antes asistían a la universidad.
Investigadores estiman que el resultado de la gratuidad fue una transferencia de 30 millones de dólares anuales desde los pobres que quedaron fuera a los ricos que entraron a la universidad gratuita. Peor aún, desde el inicio de la gratuidad, los recursos para los centros de formación permanente, que es donde mayoritariamente van los pobres, cayeron en un 20% y los fondos para la educación escolar pública no se reajustaron, cayendo un 5% en términos reales. Como ha sido la tónica en los países donde se implementa, la gratuidad no hizo nada por mejorar la desigualdad en Escocia.
Pero más interesante, para efectos de nuestro debate: son otras las consecuencias de la gratuidad en las instituciones de educación superior escocesas. Utilizando como excusa el problema que está generando la gratuidad en el acceso a la universidad (es decir, reconociendo que el acceso de los pobres ha sido un problema), el gobierno escocés estaría tratando de revertir la situación sancionando “vía financiamiento” a las universidades que no hagan “esfuerzos suficientes” por atraer a estudiantes pobres. Además, bajo la excusa de que se están gastando fondos públicos, el gobierno está contemplando reformar la ley de gobierno universitario para extender la participación democrática de alumnos y funcionarios incluso a sectores de la sociedad ajenos a la universidad, como los gremios empresariales y asociaciones de graduados.
De acuerdo de The Times Higher Education, estas últimas medidas son resistidas por la mayoría de los académicos que consideran esto el golpe definitivo a la autonomía universitaria. La semana pasada, Holyrood, influyente semanario escocés, cita a varios académicos que advierten que la nueva ley sería devastadora para las universidades. Encuestas revelan que la mayoría de los escoceses creen que los ricos debieran pagar la universidad, pero ello se ve improbable porque el partido que implementó la gratuidad sigue en el poder y ha convertido la defensa de la gratuidad en uno de los pilares de su discurso político.
[cita tipo=»destaque»] Primero, la educación básica, media, técnica y profesional, que se financian con recursos públicos, pueden sufrir con la gratuidad aunque las universidades sigan siendo selectivas y no aumenten sus cupos. Ello porque la gratuidad, en el hecho, siempre termina generando reasignaciones de recursos en el gasto total en educación. En Chile ya estamos viendo síntomas de este problema en la reducción de las becas para IP y CFT.[/cita]
La historia de la gratuidad en Escocia deja varias enseñanzas para Chile:
Primero, la educación básica, media, técnica y profesional, que se financian con recursos públicos, pueden sufrir con la gratuidad aunque las universidades sigan siendo selectivas y no aumenten sus cupos. Ello porque la gratuidad, en el hecho, siempre termina generando reasignaciones de recursos en el gasto total en educación. En Chile ya estamos viendo síntomas de este problema en la reducción de las becas para IP y CFT.
Segundo, la discusión sobre la gratuidad universitaria no es una discusión sobre los pobres o sobre la desigualdad, es una discusión sobre la autonomía universitaria y el control de las instituciones. Existen modelos de financiamiento que permiten separar el problema del acceso con el problema del control como el utilizado en Australia, pero en Chile parece no interesarle a nadie. Por el contrario, el hecho de que el Ejecutivo condicione la gratuidad a la participación estudiantil en el gobierno universitario y que varios rectores la rechacen, confirma que este es el verdadero foco del debate.
Tercero, la gratuidad es una política muy difícil de revertir que da amplios dividendos políticos al sector que la impone. Es fácil deducir por qué. Los universitarios son el grupo más fácil de movilizar políticamente y la gratuidad los beneficia directamente.
La historia de Escocia muestra que incluso en las universidades “el que pone la plata pone la música”. La pregunta fundamental para Chile es si queremos que el Estado ponga toda la plata, a sabiendas de que arriesgamos que termine imponiendo toda la música.
