Diputado Soto y Registro de Vándalos: “Reproche debe ser penal y no restringuir derechos sociales”

El diputado por la Región de O’Higgins y nuevo presidente del PPD, Raúl Soto, manifestó reparos al anuncio realizado por el Gobierno sobre la creación de un Registro de Vándalos, iniciativa que contempla sanciones asociadas a la pérdida o restricción de determinados beneficios sociales para personas involucradas en hechos de violencia o incivilidades.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler, Soto sostuvo que existe legitimidad en establecer sanciones para este tipo de conductas, pero cuestionó que el mecanismo elegido por el Ejecutivo apunte a restringir derechos sociales en lugar de fortalecer las herramientas penales existentes.

“Yo creo que es legítimo y necesario que el vandalismo, que las incivilidades tengan un reproche y una sanción social. No son acciones o actitudes inocuas al quehacer de la vida en comunidad, de la vida en sociedad”, señaló el parlamentario.

Sin embargo, planteó que el enfoque del Gobierno está equivocado. “El reproche y la sanción debe ser penal, debe ser a través de la justicia y no a través de quitar, recortar o restringir derechos sociales”, afirmó.

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A juicio del timonel del PPD, el debate no pasa por determinar si estas conductas deben ser sancionadas, sino por definir cuál es la herramienta más efectiva para desincentivarlas. “La pregunta es cuál es la mejor sanción o el mejor reproche social, cuál es más adecuado”, indicó.

Soto sostuvo que comparte parte del objetivo que inspira la iniciativa, pero no el mecanismo escogido para materializarla. “Creo que está mal enfocada por parte del Gobierno”, dijo, agregando que el foco debería estar en reforzar las consecuencias penales para quienes participen en actos de vandalismo o incivilidades.

“Me parece a mí que es una acción mucho menos inhibidora incluso, si usted quiere, que lo que podría ser la acción penal reforzada”, argumentó. En esa línea, insistió en que el Ejecutivo debería concentrar sus esfuerzos en fortalecer el sistema de sanciones judiciales antes que utilizar beneficios sociales como mecanismo de castigo.

El diputado también se refirió al anuncio de que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentará ante el Congreso el esperado plan de seguridad del Ejecutivo. Sobre ese punto, afirmó que el documento llega con retraso respecto de las expectativas generadas durante la campaña presidencial.

“Esperamos que hoy día se conozca, al fin, después de tres meses, cuál es el plan de seguridad del gobierno de Kast, que era su principal compromiso de campaña y hasta ahora no lo ha cumplido. Evidentemente que este plan llega tarde, pero más vale tarde que nunca”, señaló.

Pese a sus críticas, Soto aseguró que tanto el PPD como la oposición están disponibles para respaldar medidas orientadas a mejorar la seguridad pública. En ese contexto, valoró iniciativas como el anunciado plan de intervención barrial y las medidas vinculadas al retorno de migrantes irregulares, aunque recalcó que esperan conocer detalles concretos sobre su implementación y resultados.

Respecto del Registro de Vándalos, insistió en que la efectividad de la propuesta deberá evaluarse una vez que se conozca el texto legal. “Queremos ver en detalle la letra de este proyecto”, señaló, aunque reiteró que, en principio, considera que restringir derechos sociales no es la vía adecuada para enfrentar este tipo de conductas.