En el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, hemos comprometido el fortalecimiento de la educación pública, es por ello que nos pareció muy acertado que en el proyecto de presupuesto 2016, el Ejecutivo destinara efectivamente 259 mil 500 millones al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (*).
Creemos que esos recursos debieran focalizarse en beneficio de los niños y niñas que asisten a las escuelas públicas, tendrían que ser destinados a recuperar la confianza de las familias, a desarrollar, a través del deporte, el arte, las capacidades y talentos de nuestros alumnos y alumnas, en suma, generar los cimientos para la nueva educación pública, que el país entero requiere y exige.
Respecto del uso de estos recursos, la propuesta del Ejecutivo permite el desarrollo de acciones en el sentido antes señalado, pero autoriza además que hasta el 40% de estos recursos se puedan utilizar por los municipios para «saneamiento financiero», esto es, para pago de deuda.
No deja de ser elevado el porcentaje destinado a saneamiento, pero lo fundamental es saber qué tipo de deuda será absorbida con estos recursos; en la glosa presupuestaria, que define cómo y en qué debieran gastarse los fondos, solo se refiere a saneamiento financiero, sin ninguna otra precisión.
El Estado de Chile tiene efectivamente una deuda con los cientos de municipios del país, por haber traspasado la educación sin consulta y sin el financiamiento total de la educación. Es efectivo que el traspaso implicó durante años el desfinanciamiento de la educación pública. Eso es lo que todos conocemos y denominamos deuda estructural. Y, claramente, esta deuda no es de los municipios. Muy por el contrario, es una obligación del Estado con los municipios de Chile; es su responsabilidad y tiene y debe asumirla. Sobre eso no hay discusión.
Pero no todo es deuda estructural. Y esto lo saben los alcaldes y lo sabe nuestro gobierno. Según el Ministerio de Educación, más de 30 municipios tienen una deuda que excede toda lógica y sabe también que esta deuda supera con creces la deuda estructural. Son los llamados municipios críticos.
Todos sabemos que la mayoría de los alcaldes ha hecho esfuerzos enormes por contener el gasto y traspasar recursos de sus propios presupuestos para cubrir el déficit estructural y asegurar que el sistema funcione y que, a pesar del esfuerzo, esa deuda estructural persiste fundamentalmente en los municipios con menos recursos. Pero también sabemos que otros no han sido precisamente responsables con el gasto. Como por ejemplo aquellos que, a pesar de la sostenida disminución de matrícula o cierre de escuelas, han aumentado la dotación tanto de docentes como de asistentes de la educación, incrementando enormemente la deuda estructural, o aquellos que han utilizados los recursos de la SEP en otros fines o que tienen deudas con proveedores, precisamente porque utilizaron los recursos en otras cosas.
En el caso de los recursos SEP, existe bastante evidencia aportada por investigaciones seguidas por la Contraloría y la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados. En fin, esto lo sabe el gobierno, lo sabe el Parlamento y lo saben los alcaldes.
[cita tipo=»destaque»]Al presentar la indicación que rechazaba la glosa, nuestro único objetivo fue decirle a nuestro gobierno que está bien que asuma la responsabilidad que le cabe al Estado, que pague su deuda, pero que, también, aquella deuda que es responsabilidad de algunos alcaldes sea asumida por estos. Y se denuncien y se persigan sus responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas.[/cita]
Al presentar la indicación que rechazaba la glosa, nuestro único objetivo fue decirle a nuestro gobierno que está bien que asuma la responsabilidad que le cabe al Estado, que pague su deuda, pero que, también, aquella deuda que es responsabilidad de algunos alcaldes sea asumida por estos. Y se denuncien y se persigan sus responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas.
“No creemos que sea correcto un “perdonazo” con recursos de todos los chilenos, no estamos de acuerdo con el ocultamiento del mal uso de recursos públicos y de las malas prácticas.
La Nueva Educación pública no requiere de pactos de silencio, requiere de responsabilidad, de compromiso y de transparencia”
*Partida 09; capítulo 01, programa 12, subtítulo 24, ítem 051, glosa 02: “Estos recursos tienen por finalidad colaborar en el funcionamiento del servicio educacional que entregan las municipalidades, ya sea en forma directa a través de sus departamentos de educación (DAEM) o de corporaciones municipales, para ser utilizados exclusivamente en el financiamiento de aquellas acciones propias de la entrega de dicho servicio y su mejoramiento.
Podrán destinarse para los fines y obligaciones financieras del ámbito educativo que se requieran para asegurar el funcionamiento del servicio educativo y serán considerados como ingresos propios del sostenedor municipal.
Los usos específicos en que se emplearán estos recursos y las formas y procedimientos de entrega y rendición de los mismos son los establecidos en la ResoluciónN°22, del año 2015, del Ministerio de Educación y sus modificaciones.
Se podrán utilizar recursos en saneamiento financiero sólo para aquellos compromisos contraídos antes del año 2015, incluyendo pagos por descuentos voluntarios, destinando para ello hasta un máximo de 40% de los recursos que se les asignen a cada entidad. Cuando estos compromisos sean superiores, el Ministerio podrá excepcionalmente autorizar una proporción mayor de gasto con este fin”.
