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Chile: sistema corrupto

por 2 marzo 2016

Puede que los turistas y televidentes extranjeros del Festival de Viña hayan quedado muy sorprendidos con la percepción de la profunda corrupción que afecta a la sociedad chilena exhibida a través del humor y que fue acogida naturalmente por los miles de espectadores presentes.

Ello debido a que los indicadores internacionales existentes en la materia ubican a Chile entre los países menos corruptos de América Latina. Sin embargo, dichos indicadores son muy deficientes, ya que se restringen fundamentalmente al fenómeno de la coima que, efectiva y afortunadamente, es bastante menor en nuestro país. En cambio, si consideramos la corrupción en su sentido más propio, esto es, como las colusiones normativas, institucionales y fácticas entre los poderes económico y político, sin duda que Chile se ubicaría entre los países más corruptos de la región.

Es decir, constataremos leyes y prácticas que conceden privilegios a los más poderosos; o que permiten las más diversas formas de elusión de impuestos para las grandes empresas y fortunas; o que permiten a altas autoridades económicas del Estado condonar multas discrecionalmente; o que le impiden al Ministerio Público perseguir delitos sin su consentimiento; o que conceden concesiones leoninas a grandes grupos económicos en materia de recursos naturales; o que permiten evidentes conflictos de intereses o tráficos de influencia; o que posibilitan el oculto financiamiento de las campañas electorales; o que dejan virtualmente impunes graves delitos económicos; etc. Situaciones que, sumadas, difícilmente tienen parangón en el resto del continente.

Lo anterior configura formas de corrupción muy sutiles; y, a la vez, muy efectivas. Es el caso, por ejemplo, de las grandes multinacionales del cobre que durante muchos años no pagaron ni royalties ni impuestos, declarándose contablemente con pérdidas, ¡y sin necesidad de pagar un peso de coimas!

El grueso de estas normas fue impuesto por el especialmente corrupto régimen de Pinochet; y posteriormente legitimado, consolidado y perfeccionado por los veinte años de gobiernos de la Concertación. Particularmente ilustrativas fueron, a este respecto, las numerosas privatizaciones que se efectuaron en la fase final de la dictadura (¡con gerentes de empresas del Estado que luego se quedaban como los mayores propietarios de ellas!); que el liderazgo de la Concertación se había comprometido –por elementales razones éticas– a revisar, y que terminó amparando totalmente.

Precisamente, uno de los mayores escándalos que en el año pasado comenzó a hacer mucho más visible nuestro corrupto sistema, se dio en torno a las multimillonarias donaciones efectuadas ocultamente a la derecha y a la Concertación por uno de los mayores íconos de las mencionadas privatizaciones: Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet. No obstante, el grado de corrupción a que ha llegado nuestra “clase política” es tan alto, que ella ha “naturalizado” dichos apoyos como “necesarios” para el financiamiento de la política o, en sus expresiones más autocríticas, como “errores” o “irregularidades” que en absoluto han condicionado su conducta política…

Es claro que para entender esta naturalidad, en el caso de la coalición supuestamente de centroizquierda (Concertación), es preciso tener en cuenta el viraje ideológico en 180 grados experimentado por su liderazgo a fines de la década de los 80. Como lo reconoció crudamente el mayor arquitecto de la transición, Edgardo Boeninger, en 1997, se trató de una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha “que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Edit. Andrés Bello, p. 369). Esto es, que no podía políticamente reconocerse de derecha, algo que el conglomerado hasta el día de hoy efectúa, y todavía con cierto éxito respecto de la percepción de la opinión pública.

Que efectivamente hubo una convergencia, pudo comprobarse cuando Pinochet había dejado ya de ser un factor de poder, y de todas formas Ricardo Lagos (2000-2006) acentuó las políticas de la Concertación a favor de los grandes grupos económicos. Como botones de muestra recordemos el multimillonario préstamo que hizo el Banco del Estado, a comienzos de su gobierno, para que el Grupo Lucksic adquiriese el Banco de Chile. Y las recientes revelaciones de su primer Fiscal Nacional Económico, Francisco Fernández, de que se vio obligado a renunciar a su cargo debido al malestar que le manifestó Lagos por haberse tomado en serio su función de evitar una todavía mayor concentración del poder económico en el país.

También es importante recordar que su poderoso ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, orientó su accionar a favor de continuar el proceso de privatizaciones en su primer año de gobierno, planteando que “en el mediano plazo la tendencia es que el Estado debería deshacerse de la mayoría de las empresas públicas. La única excepción es Codelco, que debiera seguir en manos del Estado” (Qué Pasa; 2-9-2000).

Como lo reconoció crudamente el mayor arquitecto de la transición, Edgardo Boeninger, en 1997, se trató de una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha “que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Edit. Andrés Bello, p. 369).

Por cierto, la culminación de las volteretas del liderazgo concertacionista la aportó la suscripción de la Constitución del 80 (con algunas modificaciones de importancia, pero que no alteraban sus rasgos esenciales) por el mismo Lagos y todos sus ministros en 2005. De tal modo que no pueden extrañar los múltiples panegíricos efectuados al ex Presidente por connotados empresarios y políticos derechistas, nacionales y extranjeros. Por ejemplo, de Hernán Somerville, quien a fines de 2005 señaló que a Lagos “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico) como acá (en Chile) (…) porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (La Segunda; 14-10-2005). O de César Barros, quien lo denominó, el último día de su gestión, “el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos” (La Tercera; 11-3-2006). O de Herman Chadwick Piñera, quien señaló que el gobierno de Lagos “fue muy bueno y que el ex Presidente tiene una importancia a nivel mundial que no podemos desaprovechar” (El Mercurio; 21-3-2006). O de Ricardo Claro, quien declaró en la última entrevista de su vida que “Lagos es el único político en Chile con visión internacional, y está muy al día. No encuentro ningún otro en la derecha ni en la DC” (El Mercurio; 12-10-2008).

Pero sin duda que la apología más significativa ha sido la de uno de los artífices de los Chicago boys, Arnold Harberger, quien señaló en 2007 “que estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia, y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex Presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. Él es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3-2007).

En definitiva, la naturalidad con que el duopolio político ha adoptado la corrupción excede ya todo límite imaginable. No solo ninguno de los políticos beneficiados con los financiamientos inmorales ha renunciado, sino que además en el caso del único condenado por la Justicia hasta ahora (Jovino Novoa y, por cierto, sin pena privativa de libertad) su partido (UDI) no lo ha sancionado, arguyendo ¡que no habría buscado con su delito su enriquecimiento personal!

Y en el caso de la Concertación (NM), no ha habido ninguna reacción condigna, frente a las revelaciones de presiones gubernativas al Servicio de Impuestos Internos para no efectuar querellas, según han reconocido o denunciado autoridades del mismo Servicio. Presiones que significaron, incluso, la exoneración de su Subdirector Jurídico, Cristián Vargas.

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