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Reforma a la Constitución en Chile

por 5 marzo 2016

Es increíble la escasa atención que ha adquirido el proceso de reforma a la Constitución iniciado por el actual gobierno de Bachelet. Ha llegado a tal punto el desinterés y descrédito de las instituciones políticas y de quienes se desempeñan en éstas que la noticia de cambio a la Constitución, un hito político importante para cualquier otra nación y especialmente para Chile, son escuchadas y olvidadas por la mayoría de la ciudadanía. Es especialmente importante para nuestro país porque la Constitución actual fue redactada en dictadura militar y es la principal fuente de enclaves autoritarios.

Al día siguiente que la presidenta ha dado su anuncio por cadena nacional todo seguía igual en la opinión pública, no hubo protestas, ni marchas, nada. Muchas de las personas que conozco al mencionarles el tema me hacían un ademán burlesco por preocuparme por este anuncio que desde mi punto de vista es importante para nuestro país.

En medio de avances graduales, que escasamente son cubiertos por los medios de comunicación, vemos avanzar el proceso de reforma a la Constitución chilena. A quienes observamos interesados este proceso nos surgen al menos dos preocupaciones esenciales. Una, relativa a la posible cooptación de las instancias de diálogo por parte de los partidos políticos, lo que llevaría a la instalación de temas no prioritarios para la ciudadanía o invisibilización de otros; y la otra respecto a la apertura ciudadana de estos espacios de diálogo, o sea, cómo se asegurará la participación de todos los sectores sociales y se incentivará la participación.

Es claro que son más los desinteresados y los escépticos, sin embargo, este es un momento políticamente muy importante para Chile. Aquellos países que constantemente miramos como ejemplo en ciertas materias han establecido las principales directrices del desarrollo de su nación en sus constituciones. La importancia de las constituciones en los estados es innegable, puede verse en toda la literatura especializada en torno al tema. Pueden observarse las características de la nuestra en el texto La Constitución Tramposa de Fernando Atria.

No se debe ser ingenuo en esperar que el resultado de este proceso sea una Constitución plenamente popular y representativa del sentir de las masas. Bastaría con un proceso de reforma transparente, que incluya diálogo descentralizado y que tenga instancias de votación ciudadana para la resolución de temas agudos (este último punto no se considera en la planificación oficial del gobierno). Todos estos requisitos resultan fundamentales y de muy difícil cumplimiento, pero es lo que debe fundamentar un proceso como este.

Para dejar de tener una Constitución de élites debemos tomarnos el proceso de definición de temas claves por parte de la ciudadanía. El llamado es a las organizaciones sociales y culturales, intelectuales, ONG'S, redes académicas, a poner estos temas en los debates y sumergirse en este proceso para su análisis crítico. Exigir participación va de la mano con hacer uso de los mecanismos existentes.

Si esta labor de redacción y definición se realiza en La Moneda y en los salones de los partidos políticos, verdaderamente no vale la pena tanto despilfarro de recursos.

Una sugerencia para el Consejo de Observadores Ciudadanos, de acuerdo a lo hasta ahora mencionado, es exigir participación directa en el proceso para dirimir en temas agudos. ¿Por qué no se incorpora que en los temas donde haya mayor tensión se realicen plebiscitos para su resolución popular? Claramente la Nueva Mayoría, fiel a su historia, no se iba a arriesgar a un tema tan osado como este. Existe miedo en la clase política de Chile a la participación directa. Sin embargo, cualquier proceso de diálogo lleva a posiciones encontradas, a multiplicidades de posturas acerca de un tema. El diálogo por lo general se mueve en contextos en donde emergen tensiones y conflictos, ¿cómo se resolverán los tópicos conflictivos, en donde se encuentre más de una postura implicada? La fórmula podría ser la de un plebiscito nacional para que la ciudadanía se manifieste frente a estos temas conflictivos y se resuelva en las urnas.

Para la derecha este se va a transformar en un tema central y como ya se ha expresado tardíamente por sus representantes, líderes políticos y medios de comunicación, sus preocupaciones van en contra de todos los planteamientos nuevos que buscan un sistema político moderno e inclusivo. Por ejemplo, en la editorial del El Mercurio del día 25 de febrero de 2016 se expresa la preocupación de que los debates en los cabildos sean tomados por 'ciudadanos entusiastas' que transformen la Constitución en un mero conjunto de anhelos de grupos apasionados. Por otra parte, Sebastián Piñera ha afirmado, luego de una reunión de ex-presidentes con la presidenta en La Moneda, convocada para hablar sobre este tema, que este proceso provocará muchas incertidumbres y que profundizará el estancamiento de la economía. Los planteamientos de la derecha en Chile son realmente inverosímiles.

Para dejar de tener una Constitución de élites debemos tomarnos el proceso de definición de temas claves por parte de la ciudadanía. El llamado es a las organizaciones sociales y culturales, intelectuales, ONG'S, redes académicas, a poner estos temas en los debates y sumergirse en este proceso para su análisis crítico. Exigir participación va de la mano con hacer uso de los mecanismos existentes.

Es sabido que las democracias actuales arrastran demasiados problemas, pero también que son preferibles a regímenes autoritarios, y uno de los temas pendientes en las actuales democracias es la inclusión real de la ciudadanía, aquella ciudadanía no empresarial ni política, aquella que comúnmente se le denomina sociedad civil, en los asuntos públicos a través de mecanismos participativos reales en las instituciones de gobierno.

Finalmente, como se habrá dado cuenta el lector, el llamado es a tomarse en serio un hito político fundamental para avanzar en la democratización permanente de nuestra sociedad. Así mismo exigir a las autoridades optimizar el mecanismo de reforma para que en esta se integren dispositivos participativos efectivos.

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