PAÍS
Foto: AgenciaUNO
Megadeuda bajo la lupa: oficialismo exige cuentas a Javiera Martínez y oposición pide arbitraje CFA
La discusión de este miércoles estuvo marcada por la revelación de una investigación administrativa en la Dipres por proyecciones de deuda sin respaldo documental. En paralelo, el ministro Jorge Quiroz aseguró que el endeudamiento por US$6.200 millones “no tiene nada que ver” con la “megareforma”.
La solicitud del Gobierno para endeudarse en otros US$6.200 millones en 2026 abrió un nuevo campo de batalla en el Congreso. Lo que partió como una discusión técnica sobre déficit fiscal terminó convirtiéndose en un ajuste de cuentas político con la gestión presupuestaria del gobierno anterior, una investigación administrativa en la Dirección de Presupuestos (Dipres) y un llamado transversal a que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) intervenga como árbitro.
Durante la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la necesidad del proyecto y apuntó directamente a errores heredados en la elaboración del Presupuesto 2026.
“Los 6.200 millones son un cheque que firmó la ley de presupuestos del año pasado, que sobreestimó ingresos y subestimó gastos”, afirmó.
Según explicó, de ese monto, US$3.800 millones corresponden al mayor déficit fiscal proyectado, US$900 millones al efecto del tipo de cambio y otros US$1.500 millones a deudas con proveedores y problemas de liquidez del Estado. El propio Quiroz describió la situación financiera heredada como una “bicicleta”, donde las obligaciones pendientes se pagan con nuevos compromisos.
La presión fiscal no es menor. El Ejecutivo sostiene que el déficit previsto para 2026 pasó de 1,5% del PIB a 2,4%, mientras que la deuda pública se acerca al umbral prudencial de 45% del PIB que históricamente ha utilizado el Estado como referencia.
“No tiene nada que ver”
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición apuntó a la aparente contradicción entre pedir más deuda mientras el Gobierno impulsa simultáneamente su denominada “megarreforma” económica y tributaria.
Quiroz rechazó de plano esa tesis.
“Si esta solicitud de deuda tiene que ver con la ley de reconstrucción, la respuesta es clarísima: no tiene nada que ver una cosa con la otra”, sostuvo.
El ministro insistió en que los recursos buscan financiar obligaciones ya comprometidas y no nuevas iniciativas. “Esta deuda es para pagar lo comprometido en la ley de presupuestos 2025”, remarcó.
La explicación no convenció a todos. El diputado Jorge Brito (FA) advirtió que si al Ejecutivo le preocupa el deterioro fiscal, también debería preocuparle la caída de ingresos permanentes derivada de la reforma. Las dudas no son menores: hace pocas semanas el propio Consejo Fiscal Autónomo alertó sobre riesgos para la sostenibilidad fiscal asociados a la “megarreforma”, especialmente por su dependencia de ingresos futuros ligados al crecimiento económico.
“No hay planilla”
El momento más delicado de la sesión llegó cuando Quiroz reveló que la Dipres mantiene una investigación administrativa por las proyecciones de deuda elaboradas durante la administración anterior.
“Lamentablemente, en materia de la proyección de deuda, no hay planilla que contrastar”, denunció.
El ministro aseguró que la administración pasada nunca entregó una planilla de respaldo para las estimaciones de deuda y confirmó que la investigación interna “puede o no conducir a sumario”.
La acusación golpea directamente a la exdirectora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien durante los últimos meses defendió reiteradamente la gestión fiscal del gobierno de Gabriel Boric y sostuvo que los problemas fiscales respondían principalmente a menores ingresos y no a un exceso de gasto.
Javiera Martínez en la mira
Las declaraciones de Quiroz encontraron eco inmediato en el oficialismo.
El diputado Jaime Coloma (UDI) calificó la situación como “bastante dramática” y responsabilizó directamente a la exjefa de la Dipres por las diferencias entre las proyecciones y la realidad fiscal.
“Por errores del gobierno anterior, en su caso de la supuesta mejor directora de Dipres de la historia, que era Martínez, haya hecho un cálculo tan errado (…) que hoy en día nos tienen en esta circunstancia”, fustigó Coloma.
A petición suya, se planteó la posibilidad de invitar a Javiera Martínez para que entregue su versión sobre los errores de cálculo denunciados por Hacienda y la supuesta ausencia de respaldos técnicos.
La presión sobre la exdirectora no surge de la nada. Durante el último año de la administración Boric, las proyecciones fiscales fueron objeto de fuertes cuestionamientos luego de que la Dipres reconociera déficits mayores a los previstos y desviaciones relevantes respecto de las metas comprometidas.
El CFA como árbitro
Mientras el oficialismo apunta sus dardos hacia la administración anterior, la oposición optó por otra estrategia: pedir la intervención del Consejo Fiscal Autónomo.
El CFA es un organismo técnico e independiente creado para monitorear la sostenibilidad de las finanzas públicas y evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales.
Por eso, diputados como Jorge Brito (FA) solicitaron que el organismo comparezca ante la comisión para contrastar las cifras entregadas por Hacienda y despejar dudas sobre la magnitud real del problema.
La petición fue respaldada por otros parlamentarios que buscan una evaluación técnica antes de aprobar el que podría transformarse en uno de los mayores incrementos de deuda pública de los últimos años.
La próxima semana será decisiva. Con el plazo legislativo corriendo, la comisión espera escuchar tanto al CFA como a Javiera Martínez. Entre planillas desaparecidas, advertencias sobre la deuda y recriminaciones cruzadas, la discusión dejó de ser sólo sobre números: ahora también se trata de responsabilidades.
