Opinión
Si, por ejemplo, la Presidenta hubiese optado por proponer una reforma constitucional para permitir llamar a plebiscito, muy probablemente no hubiese contado con los votos en el Congreso. Entonces, se optó por el camino largo: que la ciudadanía debata sobre el tema Constitucional con la secreta esperanza de promover mejores condiciones políticas y sociales para un debate constitucional.
A mediados del año pasado, varias fuerzas políticas pro gobierno presionaban por postergar el debate constitucional. Querían que un nuevo Congreso discutiera una nueva Constitución. Sin embargo, desde la Presidencia de la República se insistió en establecer un cronograma que generaría condiciones sociales y políticas para resolver el tema constitucional. El itinerario escogido contempló un momento de educación cívica (que pasó inadvertido), un momento de participación ciudadana (que recién se anunció), la presentación ante el Congreso de un proyecto para establecer mecanismos de reemplazo constitucional (2017), y un momento de decisión –también del Congreso– respecto del mecanismo que se utilizará para hacer el cambio (2018).
Así, nos encontramos inaugurando un momento preconstituyente. Aún no estamos debatiendo lo que serán los contornos de la nueva Constitución. Lo único que se hará es una consulta no vinculante para recoger la opinión ciudadana respecto de los temas que debiesen considerase al elaborar un nuevo texto.
¿Por qué realizar este ejercicio cívico no vinculante? La razón es simple: como en la coalición de gobierno existe una división profunda respecto del mecanismo para establecer una Nueva Constitución (cambio desde el Congreso versus Asamblea Constituyente), a la autoridad presidencial no le quedó otro camino que intentar abrir el debate hacia la ciudadanía. Si, por ejemplo, la Presidenta hubiese optado por proponer una reforma constitucional para permitir llamar a plebiscito, muy probablemente no hubiese contado con los votos en el Congreso. Entonces, se optó por el camino largo: que la ciudadanía debata sobre el tema Constitucional con la secreta esperanza de promover mejores condiciones políticas y sociales para un debate constitucional.
La decisión ha provocado varios efectos. Primero, las fuerzas políticas e intelectuales comenzaron rápidamente a elaborar borradores de textos constitucionales para delimitar los márgenes de la discusión. Segundo, los empresarios marcaron rápidamente sus banderas de preocupaciones (propiedad privada, subsidiariedad, libertad de emprender). Tercero, el tenor de la discusión ha ido evolucionando desde la necesidad de establecer una nueva Constitución hacia un debate sobre las condiciones en que se dará tal transformación. La propuesta del Ejecutivo está provocando paulatinamente un momento constitucional.
El Gobierno estableció un Consejo de Observadores y allí se representaron sensibilidades de izquierda, centro y derecha. Resultaba clave sumar a la derecha en este esfuerzo. Aunque pocos consejeros son militantes de partidos, ellos reflejan y proyectan afinidades ideológicas muy nítidas. Pero además, al transcurrir las semanas, en este Consejo comenzaron a discutirse y delimitarse los contornos del debate constitucional: ¿Debe intervenir el Gobierno? ¿Deben participar facilitadores que son militantes? ¿Debe discutirse sobre “valores” en los cabildos? ¿Debe discutirse sobre el mecanismo? ¿Quién escribirá la síntesis de las deliberaciones ciudadanas? Los Consejeros no solo quisieron “observar” sino además incidir en las definiciones centrales del proceso.
[cita tipo= «destaque»]Se trata entonces de un proceso formal, conducido desde arriba, que seguramente será limitado en términos de la cantidad de personas que al final participarán. La gran interrogante es si esta instancia generará oportunidades para que partidos, movimientos sociales, agrupaciones locales y la ciudadanía en general lleguen a plantear sus demandas.[/cita]
Entonces, los encuentros autoconvocados locales no deben ser evaluados como espacios con “representatividad” o que deben ser considerados como vinculantes, porque ese no es su objetivo. Lo que se busca es animar un debate, abrir puertas para que se formulen preguntas sobre la Constitución que queremos. Dinamizar oportunidades para la acción colectiva. Este ciclo de participación ciudadana contiene la secreta esperanza de que la gente salga de sus casas y se anime a discutir. Se dará un modesto paso que busca provocar condiciones para un debate amplio y plural sobre la Constitución. Políticamente, la coalición gobernante no tuvo espacio para mucho más.
Se trata entonces de un proceso formal, conducido desde arriba, que seguramente será limitado en términos de la cantidad de personas que al final participarán. La gran interrogante es si esta instancia generará oportunidades para que partidos, movimientos sociales, agrupaciones locales y la ciudadanía en general lleguen a plantear sus demandas. En la metodología, por ejemplo, dependerá de los participantes levantar la mano y sugerir discutir el mecanismo mediante el cual se podría establecer una nueva Constitución. Las preguntas orientadoras no consideran una que diga explícitamente: “¿Qué mecanismo le gustaría o considera más relevante para establecer una nueva Constitución?”. Lo que seguramente pasará es que un grupo de actores levantará la mano y sugerirá discutir el tema del mecanismo en aquellos cabildos.
El proceso, entonces, contiene una cuota de incertidumbre. Seguramente los cabildos reproducirán las disputadas ideológicas y políticas presentes en la sociedad en relación con el Estado, el mercado, el reconocimiento de pueblos originarios, los recursos naturales, la propiedad, la forma o mecanismo para definir la Constitución, etc. etc. En definitiva, independientemente de la representatividad que alcancen estos cabildos, ellos establecerán un hecho, una realidad política. La pregunta es quién o quiénes aprovecharán ese espacio para plasmar sus intereses. Porque cuando hablamos de Constitución, hablamos de intereses y poder.
