Lunes, 29 de mayo de 2017 Actualizado a las 01:57

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Desarticulación territorial y la crisis de Chiloé y Llanquihue Sur

En estos días la opinión pública se encuentra concentrada en el conflicto social que ocurre en la Región de Los Lagos, la cual atraviesa un periodo de crisis que podríamos fechar desde marzo pasado, con el florecimiento algal que causó la mortalidad masiva de salmones, con los consiguientes efectos en el empleo y manejo sanitario de una cantidad exorbitante de masa animal, seguido de un fenómeno de marea roja, que según los expertos es de una magnitud no vista previamente, que ha causado prohibiciones de pesca y cosecha de mariscos, afectando nuevamente el empleo y la economía local. La indignación de la comunidad regional ante la respuesta política de la autoridad nacional (más allá del monto del bono), es comprensible y proponemos que se enmarca en un proceso más largo de desarticulación territorial cuyas causas se encuentran en las estrategias de resolución adoptadas, durante la anterior crisis sufrida por la región a causa del virus ISA. En esta columna, explicamos las dimensiones de esta desarticulación territorial y planteamos que es ésta la que impide resolver la actual crisis socio-ecológica. Cabe señalar, que no abordaremos ni especularemos con las relaciones causales entre los desechos de la crisis salmonera y la actual marea roja. Si bien son coincidentes en términos temporales, es necesario esperar los resultados de análisis basados en evidencia respecto a esta relación ecológica.

Antes de profundizar en las dimensiones, creemos fundamental explicitar algunos elementos de contexto para entender lo que sucede. Por una parte, la región de Los Lagos durante los últimos 30 años se ha transformado en una región commodity, es decir, monoproductora de recursos naturales para los mercados de exportación. Este proceso, hace que incluso sin eventos de marea roja, la región se encontrara en una situación de crisis, pues los precios en el mercado global están bajos, los costos de producción por las mayores regulaciones post ISA son altos, por lo que la industria salmonera enfrenta desde hace un par de años ya, una crisis económica que ha llevado a despidos masivos (cerca de 4.000 personas en este año, según antecedentes del Intendente Regional, versus las 15.000 aprox. despedidas durante la crisis del virus ISA), reestructuraciones y otras decisiones que tenían a la región en una situación laboral compleja. Por otro lado, hay síntomas que muestran un ecosistema degradado incapaz de absorber de la misma manera nuevos eventos como los fueron los florecimientos algales sucesivos que han sido públicamente conocidos. Ejemplo de estos síntomas son la presencia recurrente de enfermedades en los salmones (SRS, Calligus, nuevos brotes de ISA), así como también la necesidad de mayor número de días en el mar para alcanzar pesos de cosecha adecuados para mercados de destino, aumento en el porcentaje de mortalidades en los centros de cultivo, los varamientos de otras masas pesqueras, entre otros fenómenos.

1. Dimensión Relación Estado-Industria y Comunidad

La desarticulación territorial que existe en la zona se basa en quiebres entre los habitantes, o bien la comunidad local, y la industria salmonera y el Estado. Una serie de coyunturas, la mayoría de ellas derivadas de la crisis del virus ISA, configuraron una serie de desconfianzas que permiten comprender el nivel de incertidumbre y acusaciones que se están dando en la actualidad. Un punto central es la desconfianza que han mostrado los movilizados respecto a la imparcialidad del Estado frente a la industria salmonera, lo que se ha plasmado en el requerimiento de estudios por organismos distintos al IFOP. Esta desconfianza tiene raíces en la crisis del virus ISA, en tanto el plan de recuperación diseñado para dicha coyuntura se enfocó en la recuperación de la industria, y no en los efectos locales que se estaban dando. En lugar de fortalecer economías alternativas locales, o bien de mejorar el diseño de gestión ambiental sistémico sobre la industria, se optó por un intenso trabajo institucional orientado a entregar garantías económicas - que se pudieran hipotecar las concesiones- y sanitarias - que el Estado sea el garante sanitario- para que los bancos continuaran facilitando recursos a la industria, y ésta pudiera operar con un menor nivel de riesgo. Este punto es recordado por los habitantes locales, quienes vieron cómo el Estado priorizó recuperar a la clase salmonera antes que a entregar medidas orientadas al desarrollo territorial. Peor aún, si se considera que quien presidió el nuevo diseño institucional, la llamada “Mesa del salmón”, fue gerente de la principal salmonera nacional -AquaChile- y actualmente presidente del gremio salmonero: Felipe Sandoval. Los lazos entre el Estado y las empresas salmoneras son demasiado estrechos como para entenderlos como entes separados, con lo cual es entendible la desconfianza respecto a la imparcialidad del IFOP, SERNAPESCA, y SUBPESCA frente a la industria.

2. Dimensión relación comunidad-industria

Previo a la crisis del virus ISA, las organizaciones ambientales y sociales se encontraban realizando una serie de campañas denunciando las malas y precarias condiciones laborales ofrecidas por la industria, quienes detentaban el poco honroso honor de ser una de las industrias con mayor tasa de muertes y accidentes laborales, así como prácticas antisindicales. Aún se recuerda en la región, la huelga de la empresa Aguas Claras del 2008, que duró cerca de 4 meses y terminó en despidos masivos, y según cuentan los habitantes de Calbuco, la confección de listas negras de personas que nunca más volvieron a trabajar en la industria. Durante la crisis, se produjo una reestructuración del tipo de empleos ofrecidos: los operarios pasaron a trabajar en sistemas de turnos, y debian desplazarse a la región de Aysén, además de que se les exigió mayores niveles de preparación, dejando fuera entonces a muchos trabajadores de comunidades rurales que, no estuvieron dispuestos a migrar o no contaban con las capacidades técnicas requeridas. Los trabajadores de plantas de proceso, vieron reducidas las jornadas y los contratos pasaron a ser temporales, adaptándose a los nuevos ciclos productivos que incluían periodos de descanso. Si bien algunas empresas iniciaron programas de responsabilidad social empresarial, y han iniciado un proceso de acercamiento a las comunidades donde se insertan (promovido además por los procesos de certificación ASC) en general las comunidades sienten que la industria ya no es la fuente de empleos que era, y que se han encargado de degradar el medio ambiente compartido, mientras que no han retribuido de la misma manera a las comunidades donde se insertan. En otras palabras, las comunidades desconfían de la voluntad de las empresas por permanecer como un actor del desarrollo local, versus lo que han sido - a juicio de ellos - hasta el momento, un extractor de recursos. Por otro lado, las empresas desconfían de las comunidades, pues sienten que muchas solo piden recursos económicos sin querer involucrarse en relaciones de largo plazo. Cabe señalar sí, que ambos, culpan a la ausencia de Estado en la conducción del desarrollo territorial.

3. Dimensión Estado-comunidad

Las relaciones de la comunidad con el Estado por sí sola no han sido del todo dinámicas en la materia. Además de lo planteado anteriormente respecto a la orientación de las soluciones de la crisis de ISA, hay una serie de elementos que se encuentran en cuestión. Por ejemplo, uno de los hitos que entrampó la aprobación del cambio institucional del 2010 fueron las condiciones de trabajo de los empleados salmoneros. Quizás más que demandas ambientales, hay demandas laborales contra la industria, las que se enfocan en los contratos por faenas y las condiciones de empleo en general. Al aprobarse la ley, se prometió la creación de un código de trabajo salmonero, en donde se establecieran garantías laborales para el sector. A la fecha no se ven luces, y las condiciones de trabajo de los empleados salmoneros siguen en niveles de precariedad, lo que quedó de manifiesto con los masivos despidos de los meses pasados. Otro punto que se cuestiona por parte de los movilizados, es que el bono ofrecido ($100.000 hasta el momento) es muy bajo, dado que para la crisis del ISA se les entregaron importantes aportes a la industria. En efecto, cuando el Estado negoció con la industria las soluciones a la crisis del virus ISA, una de las primeras medidas definidas fue la asignación de un apoyo cercano a US$450 millones. Esto gatilló la inmediata reacción de los pescadores artesanales, quienes demandaron un gesto similar desde el Estado hacia ellos. Si bien ese monto finalmente se otorgó, y los montos asignados a la industria fueron redirigidos por el terremoto del 2010, sentó un precedente respecto a la disposición del Estado para apoyar a la comunidad versus la industria. Peor aún, en términos de confianzas, son los efectos del centralismo político al momento de enfrentar la actual crisis, en tanto no asoman mecanismos locales que tengan capacidad de tomar decisiones frente a las problemáticas. Tanto, que la disposición de los peces muertos se haya tomado en Valparaiso, como también que el gobierno regional no tenga capacidad de ofrecer ni articular soluciones, genera un ambiente de estrictas desconfianzas en el plano local.

Para concluir, si bien hay muchos otros elementos que por razones de espacio no alcanzamos a desarrollar, creemos que es posible afirmar que en la base de la desarticulación territorial evidenciada, se encuentra una profunda desconfianza entre actores, originada en años de hacer las cosas mal, en las respuestas políticas a la crisis del virus ISA, y al funcionamiento de la industria en general. Más allá de las urgentes necesidades materiales que tienen actualmente los pescadores artesanales y los cesantes de la industria salmonera, es fundamental generar una visión a largo plazo que permita obtener el desarrollo territorial que la región necesita.

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