Entre tanto fuego cruzado, parece fundamental analizar el episodio Bachelet-Qué Pasa desde tres puntos de vista: la ética y los principios anclas del periodismo; la dimensión política; y la jurídica.
Desde la ética y el ABC del periodismo, la revista Qué Pasa violó los dos principios, por eso pidió perdón. Y eso para un medio es grave y no solo un error que se le pasó al periodista o al editor al pasar. Ese tipo de errores no existen en el periodismo. Los periodistas sabemos que, cuando ocurren, son producto de una decisión político-editorial según la línea del medio. Al interior del estrecho mundo del periodismo donde todos nos conocemos y no nos sacamos la suerte entre gitanos, sabemos que es así. Por ello, lo que ocurrió con Qué Pasa no puede tener otra lectura.
Avala aquello el hecho inequívoco de cuando la revista, en su edición de papel –con la nota ya borrada en lo que afectaba a los UDI Pablo Longueira, Herman Chadwick y Gonzalo Cornejo, así como a los abogados de Andrónico Luksic, Sergio Bunger y Hugo Rivera–, mantuvo no obstante el nombre de Bachelet con parte de los dichos del operador UDI Juan Díaz, aunque quitó el fragmento más sucio, pero eso da igual. Para los medios siempre es un drama pedir perdón y admitir que se violaron estos principios. Normalmente evitan hacerlo porque afecta su credibilidad.
Los periodistas que ejercen la profesión con la ética y la responsabilidad como códigos de cabecera, sabemos que no es lo mismo publicar el contenido de una conversación grabada desde un teléfono intervenido, que publicar una información a partir de una declaración judicial firmada por el deponente; una declaración jurada ante notario; una entrevista grabada por teléfono acordada con el entrevistado; la misma entrevista grabada hecha en persona; o una crónica que surge de una investigación periodística en la cual existen varias fuentes en directo, de aquellas llamadas en on identificadas, además de documentos oficiales y otras fuentes que tal vez pidieron reserva de su identidad, pero autorizaron publicar sus dichos.
Una información difundida a partir de una grabación policial de un teléfono intervenido, aunque fuese con orden judicial, y con la trascendencia política que la difusión implicaría, pues se trataba nada menos que de la máxima autoridad de la República, tiene siempre varios riesgos para los medios.
Que el autor se desdiga diciendo que lo hizo por venganza. Que siendo falso lo que imputa, lo haga para dañar a alguien porque sabe que su teléfono está intervenido, como en esto último es el caso del operador UDI Juan Díaz. Que lo haga como parte de un montaje para dañar a alguien por alguna razón. Que afirme que no es su voz o que ha sido un montaje técnico de ella, lo que implica periciar la grabación para establecer si efectivamente se trata de la voz del autor, lo que pone al medio en riesgo de que la pericia dé en este punto la razón al autor de los dichos. Y que luego señale que lo que dijo se trató de una broma o chiste, o cualquier otra argucia que, por cierto, pondrá en entredicho al medio que lo publicó.
Además de todos esos riesgos para el medio que publica, está la calidad de persona que emite los dichos. Y Qué Pasa jamás debió olvidar que Juan Díaz es un operador político de derecha, oscuro personaje de dudosa reputación y credibilidad, y un negociante sin escrúpulos que utiliza códigos parecidos al lado tenebroso de los servicios de inteligencia. Por último, la revista transgredió una de reglas principales de un periodismo serio: dudar. Y en este caso, tratándose de la grabación de una conversación desde un teléfono intervenido de un sombrío personaje, esa duda era aún mayor.
Todas estas variables debieron ser evaluadas por periodistas y editores de Qué Pasa antes de subir esa información a su portal electrónico. O se hicieron y, a pesar de todo, la revista decidió publicar. Más aún, en la edición de papel insistió con dichos “no confirmados” del operador en contra de Bachelet.
Entonces las publicaciones no solo implicaron la violación gravísima de la ética y los principios anclas del periodismo y la profesión, sino que además conllevó la decisión política de dañar la imagen y la honra de la figura de la Presidenta de la República, lo único que pudo tentar a Qué Pasa a cometer esa violación flagrante de la ética profesional.
Cabe preguntarse por qué la revista a los pocos minutos decidió quitar de su versión electrónica las partes de los “mil millones” con que supuestamente se quedaría la Presidenta Bachelet en el negocio Caval, y los dichos que afectaban a los UDI mencionados y los abogados de Luksic. En el fondo no importa tanto por qué la revista lo hizo: si porque los llamó Longueira; si los llamó la UDI o lo hizo Luksic.
Lo que importa para el periodismo es lo que Qué Pasa declaró al borrar aquellas partes de la grabación de la intercepción telefónica:
“Cabe destacar que su veracidad no está comprobada y que son de exclusiva responsabilidad de Díaz (…). La dirección de esta revista ha determinado que la publicación de acusaciones tan graves no cumple con los estándares de este medio. Pedimos disculpas a los involucrados y a nuestros lectores por la confusión causada”.
Con ello la revista admitió su gravísima violación de los principios fundamentales de ejercicio del periodismo con rigor y responsabilidad. Y esto es algo que en la gran mayoría de las críticas que se han escuchado y leído hasta ahora por la querella interpuesta por Bachelet, se olvida, se evita, o se esconde con interés político.
Los dichos de Juan Díaz son de su responsabilidad, eso nadie lo discute, pero un periodismo serio no puede escudarse en ello para publicarlos, porque el periodismo se guía por otros valores fundamentales de esta profesión ya mencionados, y no por las claves sucias de callejones oscuros, cual sucede con un operador como Juan Díaz.
Es verdad que el periodismo es contrapoder del poder. Que lo fiscaliza. Que debe ser respetado por los poderosos del dinero y la política. Y si le temen, mejor. Pero ese poder de los medios debe ser ejercido con absoluto rigor, rectitud, transparencia y responsabilidad social, porque somos formadores de opinión. Para los taxistas hoy, según impresiones de varios, “Bachelet quería hacerse millonaria”. El daño a la honra está hecho, justamente porque somos formadores de opinión.
Por ello la libertad de prensa (y no la libertad de expresión, como se dice, porque esta se refiere a la libertad de pensamiento del individuo) tiene el límite sagrado del ejercicio recto del periodismo. En nombre de esta musa no pueden ocurrir episodios como el sucedido con Qué Pasa. El derecho a la libertad de prensa se termina cuando un medio abusa de ella para denostar y dañar la imagen de una persona, sea por error grave o por una decisión política. Y eso es precisamente lo sucedido cuando la revista publicó dichos injuriosos cuya “veracidad no está comprobada”, en palabras del propio medio. La injuria es el delito de dañar injustamente la honorabilidad de una persona.
No es excusa que los dichos de esta grabación formen parte de un expediente como repetitivamente se afirma para fundamentar el rechazo a la querella, porque ello no libera todas las dudas y riesgos anteriormente expuestos que conlleva para un medio publicarlos.
A pesar de haber admitido su grave transgresión a la ética y pedir perdón, sorprende que ante la presentación de la acción penal en su contra, la revista denuncie ahora que la “libertad de expresión” (correctamente la libertad de prensa) está amenazada. Con ello el medio busca concitar apoyo y tratar de dar vuelta su culpa traspasándola a la querellante. Las graves violaciones a la ética del ejercicio profesional del periodismo, conllevan siempre para los periodistas el riesgo de tener que responder ante los tribunales. Porque no estamos tocados por la vara mágica de un hada madrina que nos exculpe de tener que responder de nuestros mal-dichos ante la justicia, como está obligado a hacerlo cualquier hijo de vecino.
Ante la respuesta de Michelle Bachelet querellándose contra Qué Pasa, en general los medios y algunos de sus rostros públicos han reaccionado como siempre lo hacen cuando con justeza se ataca a uno de los suyos: cerrando filas junto al transgresor en defensa corporativa, sin importar ya mucho el grave atentado a la ética cometido.
Asombra que entre tanta opinión cargada políticamente, sus autores lancen una variada cantidad de ejemplos que nada tienen que ver con este episodio. Como afirmar “entonces ahora la prensa no podrá publicar nada de los juicios”.
Afirmarlo es un oportunismo imperdonable. Hasta ahora, que se sepa, todo lo que los medios han revelado, en buena hora, acerca de los juicios Caval, Penta, SQM, Corpesca y otros, ha sido ratificado, confirmado, y a veces ya sentenciado en los tribunales.
Hemos defendido el derecho de los medios a revelar este tipo de informaciones que, de no ser por su publicación, quizás aún se mantendrían desconocidos, para no decir ocultos. Por ello el intento de acallar a los medios en estas materias con la llamada “Ley Mordaza”, ese sí que claramente es un atentado alevoso contra la libertad de prensa. Pero, hay que insistir, ninguna de estas revelaciones resultaron ajenas a la verdad, justamente porque quienes las difundieron se respaldaron en informaciones provenientes de documentos oficiales firmados por sus autores.
La difusión de diferentes correos electrónicos en los medios sobre los escándalos empresas-política, es lo que más se parece al caso en cuestión con las publicaciones de Qué Pasa. La gran diferencia es que, en el caso de los correos, se reducen significativamente para los medios los riesgos descritos anteriormente al publicar grabaciones telefónicas de aparatos intervenidos policialmente.
En los sumarios efectuados por las Comisiones de Ética del Colegio de Periodistas, tanto Metropolitana como ratificados por la instancia Nacional, en contra de periodistas, editores o directores de medios bajo la dictadura, existen claros ejemplos similares al episodio Qué Pasa-Bachelet. Algunos de ellos admitieron en sus declaraciones haber violado las reglas básicas del periodismo al publicar versiones militares oficiales sin confirmar que ocultaron puros y simples asesinatos. Medios y periodistas que hasta ahora jamás pidieron perdón.
Al igual que la revista, esos medios publicaron sin confirmar. Y lo que difundieron fue tanto o más grave que lo hecho por la revista, porque fue una flecha envenenada al centro del corazón del dolor de los familiares que sabían que lo que esos medios decían era mentira.
Pregunta no menos relevante: ¿está dispuesto el operador Juan Díaz a ratificar sus dichos ante un juez o en una declaración jurada y estampar su firma? ¿No debió la revista ubicarlo y consultarle aquello antes de lanzar las acusaciones contra la primera autoridad de la República, o contra don Enrique, el quiosquero de Agustinas con Teatinos, para que no se diga que se discrimina al humilde? ¿No debió la revista consultar directamente a Michelle Bachelet sobre lo que se le imputaba?
¿No debió Qué Pasa consultar antes al resto de los imputados sobre la efectividad de lo que se decía sobre ellos?
No lo hizo porque se emborrachó con el daño que se le estaba formulando a Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, y ello sería además en nuestra jerga un “gran golpe” noticioso. Y porque además existía el riesgo de que el operador se desdijera o le dijera a la revista que no estaba dispuesto de confirmar la basura ante un tribunal y estampar su firma. Repito, en el periodismo, no nos saquemos la suerte entre gitanos.
Watergate, el caso que inspiró el premiado filme Spotlight; aquel que condujo a la condena por la justicia del ex Presidente de Argentina Carlos Menem por tráfico de armas; el caso de la tabacalera que inspiró el filme El Informante, así como decenas de investigaciones periodísticas que condujeron a la renuncia de altas autoridades de países o empresarios, fueron todos episodios iniciados con la punta de la madeja.
Vale decir, un simple dato al oído en un pasillo, una llamada, una cita clandestina en un café o sobre un puente bajo la lluvia, o un simple anónimo. Ninguno de estos periodistas publicó el dato sin confirmarlo. Tratándose de asuntos tan delicados de personajes públicos con poder, hicieron lo que hace el periodismo riguroso: iniciaron una investigación y tuvieron la suerte de llegar a unir la punta con la madeja.
En definitiva, el episodio Qué Pasa-Bachelet debe quedar grabado con letras de diamante en la historia del periodismo chileno, para ser estudiado en las escuelas de periodismo como uno de los ejemplos estrella de cómo un medio transgredió la ética y abusó de la libertad de prensa, y por ello se ganó una querella de la máxima autoridad de la República, lo que por cierto condimenta el episodio con mucha pimienta.
Desde el punto de vista político, enemigos, adversarios y “amigos” de Michelle Bachelet, vieron un flanco abierto para profundizar sus críticas al gobierno, subiéndose al carro de la cuesta abajo en la rodada del tango, según las encuestas. Con la querella se revivía la pelea entre David y Goliat: el gran poder contra los pobres periodistas. La capotera contra la Presidenta, en palabras del abogado querellante Juan Pablo Hermosilla, porque la ciudadanía está enojada con el poder en la política.
Entonces es fácil sumarse al torrente condenatorio y lanzar frases altisonantes pour la galerie en nombre de la musa libertad de prensa.
[cita tipo=»destaque»]Es verdad que el periodismo es contrapoder del poder. Que lo fiscaliza. Que debe ser respetado por los poderosos del dinero y la política. Y si le temen, mejor. Pero ese poder de los medios debe ser ejercido con absoluto rigor, rectitud, transparencia y responsabilidad social, porque somos formadores de opinión. Para los taxistas hoy, según impresiones de varios, “Bachelet quería hacerse millonaria”. El daño a la honra está hecho, justamente porque somos formadores de opinión.[/cita]
Pero más allá de esta confusión, un análisis político de Michelle Bachelet quizás evaluó que optar por una querella contra la revista podría no ser el mejor camino para enfrentar la situación. Porque, en el marco del descrédito de algunos de la clase política y el caso Caval, plebe y patricios se inclinarían por el débil. Y era obvio que la galerie de inmediato descendería a la arena de la pista de combate.
Quizás ella lo evaluó correctamente, y a pesar de ello se decidió a bajar a la pista de la confrontación para defender su honra como la ciudadana Michelle Bachelet Jeria, como lo dijo. Y si esa fue su decisión, es inmensamente respetable y, más aún, tremendamente valiente, aunque la apaleen en la plaza pública.
¿Tiene derecho la máxima autoridad de la República a defender su honra ante tan grave acusación “no confirmada”, según Qué Pasa?
Que se trata de la Presidenta de la República y debe cuidarse de pegarles a los periodistas. Que es la Presidenta de todos los chilenos. Que debió quedarse solo en la canallada de la publicación. Que abusa de su poder como Mandataria. Que se inició la guerra de la era K en Argentina contra el Grupo Clarín…
Por supuesto que Michelle Bachelet Jeria, sea Presidenta, senadora, contralora, alcaldesa, vendedora de empanadas o cinturón negro Octavo Dan, tiene derecho a defender su honra en los tribunales si se sintió ofendida injustamente. La honra y la dignidad son los valores más preciosos del ser humano, ocupe el escalón que ocupe en la sociedad.
La querella es una apuesta peligrosa. En tribunales se gana o se pierde, pero eso nada tiene que ver con la decisión personal de defenderse del ataque. A lo mejor se ve mal pegarles a los periodistas, pero este no es el Estado Terrorista que los asesinaba. La querella será resuelta por los tribunales.
Probablemente y dado el antecedente fundamental de que la revista admitió violar la ética profesional, la acción legal termine en un acuerdo de comparendo y Qué Pasa sostenga que no tuvo “ánimo de injuriar”, que es lo que en la injuria se debe probar, y el tribunal imponga al medio quizás una multa. Pero eso prospera solo si es aceptado en este caso por Michelle Bachelet. Sería tal vez la mejor solución para que el caso no siguiera escalando y se detenga el festín en su contra.
En cuanto al delito de calumnia, vale decir, imputar a alguien un delito determinado pero falso, es más difícil probar que los dichos “no comprobados” del operador publicados en la versión electrónica, en cuanto a supuestamente querer Bachelet quedarse con “mil millones” en el negocio Caval, y sostenerse en la edición impresa en cuanto a que “el crédito lo va a sacar mi suegra”, sean constitutivos de la imputación de un delito determinado, pero falso. No porque el delito sea verdadero, sino por lo difícil de dar por acreditado que se trata de dichos que califican jurídicamente como calumnia.
Al final, quien terminará ganando en todo este episodio será el periodismo riguroso, y los estudiantes de periodismo que tienen en este asunto todos los elementos para aprender a ejercer un día la profesión con rigor y ética, y distinguir entre la información y la barricada.
