Chile fue un país pionero en materias de salud con la implementación del Formulario Nacional en el año 1969. El objetivo de este instrumento fue asegurar el acceso a los medicamentos mediante un sistema en permanente actualización que racionaliza el arsenal terapéutico a medicamentos útiles para el tratamiento de enfermedades prevalentes.
Las innovadoras ventajas del Formulario Nacional no pasaron inadvertidas para la opinión de expertos internacionales, ya que en 1977 la Organización Mundial de la Salud publicó el primer listado de medicamentos esenciales, iniciando un proceso que constituiría la norma en los sistemas de salud de otros países.
Sin embargo, la promesa del Formulario Nacional Chileno se desvaneció en las políticas de libre mercado impuestas por el regimen militar para reactivar la economía.
La proliferación de laboratorios farmacéuticos y falta de regulación produjo un aumento desproporcionado en el número de especialidades farmacéuticas. Sumado a esto, la derogación de la ley del circuito favoreció la apertura indiscriminada y concentrada de farmacias que hoy forman parte de nuestro paisaje urbano. Nuestro Formulario Nacional entró en un estado de letargo y el medicamento se convirtió en un mero bien de consumo.
Recién a mediados de la década del 90 se comenzó a hablar del concepto de bioequivalencia, como una forma de asegurar la calidad de productos farmacéuticos de administración oral, pero no fue sino hasta la publicación de la Política Nacional de Medicamentos, en el año 2004, que el Estado volvió a poner el tema del acceso a medicamentos de calidad sobre la mesa, manifestando de forma explicita el concepto de intercambiabilidad.
Este evento dio a inicio a una serie de acciones destinadas a implementar un sistema que de forma definitiva hiciera justicia al espíritu de nuestro Formulario Nacional, entre ellas el desarrollo de normas técnicas, cursos de capacitación dictados por expertos internacionales, listados de medicamentos y establecimiento de fechas límites para asegurar equivalencia.
[cita tipo=»destaque»]Las indicaciones propuestas por parlamentarios a la Ley de Fármacos II no auguran un buen porvenir y da la sensación de que nuevamente estamos ante un conjunto de salidas hechas a la medida de un sistema colapsado y que interpretan de forma sesgada el significado de un verdadero acceso a los medicamentos.[/cita]
Desde la publicación de la mencionada Política Nacional de Medicamentos, la contingencia de los últimos 12 años se vio marcada por la ya débil intervención de los gobiernos de turno y gremios profesionales en materias regulatorias, que a su vez facilitó la consolidación de un sistema de mercado desregulado, vertical, oligopólico, coludido entre las partes involucradas y abusivo en términos de precios de los medicamentos y condiciones laborales de Químicos Farmacéuticos y Auxiliares de Farmacia que trabajan en las grandes cadenas.
Sumado a lo anterior, el fracaso en la implementación de la norma para establecer bioequivalencia y la excesiva promulgación de leyes, entre las cuales se incluyen las recientes Leyes de Fármacos I y II, hacen pensar que la única propuesta que ha representado un avance para solucionar el problema del acceso a medicamentos fue la farmacia popular de la comuna de Recoleta.
Esta iniciativa, impulsada por el alcalde Sr. Daniel Jadue, sin duda fue un ejemplo de voluntad política y social que cualquier propuesta emanada desde el Parlamento quisiera tener. Sin embargo, este proyecto también ha sido víctima de las falencias en el sistema y objeto de sospechas de aprovechamiento con fines electorales en otras comunas y regiones del país.
Las indicaciones propuestas por Parlamentarios a la Ley de Fármacos II no auguran un buen porvenir y da la sensación de que nuevamente estamos ante un conjunto de salidas hechas a la medida de un sistema colapsado y que interpretan de forma sesgada el significado de un verdadero acceso a los medicamentos.
Es díficil pensar que acciones como obligar a las farmacias a vender genéricos bajo un Formulario Nacional que no ha sido actualizado en más de 10 años, el establecimiento de la intercambiabilidad con medicamentos cuyo requisito es haber estado por un determinado número de años en el mercado –hecho que, de paso, confirma el actual fracaso de la bioequivalencia en Chile– o sacar los medicamentos de venta directa a góndolas, cimienten el camino hacia una política de medicamentos sólida.
Recientemente, el alcalde Jadue marcó pauta implementando una sala de fraccionamiento en la farmacia popular de Recoleta para cumplir con las disposiciones impuestas por la Ley de Fármacos y, así, reducir los precios, pero ¿cuál será el futuro de estas iniciativas a nivel municipal y eventualmente privado si las fallas estructurales del sistema, en cuanto al acceso a los medicamentos, siguen presentes?
¿Es correcto y justo para la comunidad el hecho de que una Ley de Fármacos promulgada por el Gobierno considere como intercambiables a aquellos medicamentos cuya bioequivalencia no ha sido demostrada?
¿Están las condiciones necesarias para implementar de forma definitiva la bioequivalencia en Chile en el corto o mediano plazo, asegurando de este modo que los servicios de salud y farmacias dispongan de medicamentos intercambiables y a bajos precios?
La respuesta a estas y muchas otras interrogantes determinarán si en un futuro cercano podremos contar, de una vez por todas, con un Formulario Nacional actualizado y competente.
Esta situación constituye un desafío más para que los colegios profesionales y sus delegaciones regionales participen de forma activa asesorando a nuestros Honorables en la materia y hagan un diagnóstico de lo que está ocurriendo a lo largo del país.
Quienes formamos parte del equipo de salud en todos los ámbitos de desempeño, tenemos que estar a la altura de las necesidades de nuestra comunidad, participando activamente y con voluntad de cambio.
