La semana pasada, TVN presentó un reportaje de ‘Informe Especial’ sobre gente con diagnósticos psiquiátricos graves: los locos. Nuestros locos, gente discriminada por su posición en este mundo, incomprendidos crónicos, inadaptados a nuestra sociedad “sana”. Su queja es la de muchos otros “sanos” que padecen trastornos más comunes, como lo son la depresión, crisis de pánico y estrés laboral: en Chile no se puede padecer una enfermedad mental sin sufrir consecuencias sociales, laborales y personales.
Hace un tiempo que se ha hecho evidente algún tipo de regulación por parte del Estado en materia de Salud Mental. La situación de los niños y niñas del Sename, los índices de depresión en Chile y el aumento de las tasas de suicidio infanto-juvenil han aparecido varias veces en los diarios. El malestar social, la rabia de las grandes masas, irrumpe constantemente año tras año por medios de las demandas de reformas educativas, laborales y de previsión. Un malestar que no ha conseguido extinguirse en estas décadas de democracia y que no hace más que intensificarse.
Y es que nuestras instituciones se las han arreglado para sofocar violentamente nuestras demandas en Salud Mental. Tomemos primero como ejemplo las licencias médicas relacionadas con trastornos mentales. No es raro que muchos teman ser despedidos si deciden preocuparse de su propia salud mental antes que de su trabajo. Este es el caso de los trabajadores con remuneraciones a honorarios o aquellos que, aun teniendo un contrato, son desvinculados por padecer trastornos mentales crónicos. En este sentido, sufrir una enfermedad mental sería una falla, un error que los podría arrastrar hacia la inestabilidad social, personal y familiar.
Peor es el caso de las mujeres trabajadoras que deciden embarazarse. En este caso, la decisión de vida por ser madre, lo que sin duda tiene implicancias en el bienestar psicosocial de una mujer, se vuelve una carga para el empleador, pues implica un doble costo para la empresa: pagar un sueldo de alguien que no produce y buscar un reemplazante. En este sentido, “les exigimos a nuestras mujeres que sean madres, esposas, trabajen, etc., pero nadie asume esa ‘preexistencia’ llamada maternidad”, en palabras del abogado Sebastián Flores.
No es difícil pensar entonces que son varias las madres que temen perder su trabajo al volver de su postnatal, asustadas de ser despedidas como represalia por ser madre y provocar más gastos a la empresa. En este caso, el bienestar psíquico que puede producir ser madre se torna en lo contrario: estrés, ansiedad o depresión, entre otros síntomas.
A esto se le suma el alto rechazo de licencias médicas relacionadas con Salud Mental. En nuestro país, los trastornos mentales o del comportamiento son la primera causa de licencia médica, con más de 277 mil licencias cursadas en el 2015, según datos de la Superintendencia de Salud. No obstante, son autorizados menos de la mitad de los días solicitados de ausencia laboral, teniendo la tasa de rechazo más alta del sistema.
Algunos argumentan que, si bien hay muchos que tienen derecho a su licencia y no les debería ser rechazada, hay muchos otros más que las falsifican en pos de tener más tiempo de descanso, evitar volver a trabajos estresantes, o pasar más tiempo con sus bebés. Esto justificaría que las Isapres opten por rechazar las licencias inmediatamente y luego autorizarlas si las personas involucradas se presentan con un médico inspector. Así, los que se enferman con “razones justificadas” tienen que vivir un proceso adicional: sentirse violentados y perseguidos por el sistema que vela por su salud.
A mi parecer, esto ha transformado a las licencias médicas en uno de los principales representantes del malestar social: por un lado, es una forma de agresión por parte de los ciudadanos hacia las instituciones y la sociedad; y por otro lado, su rechazo es la forma de mantener el malestar social a raya, previniendo que las personas puedan dedicar tiempo a pensar sobre, darse cuenta y recuperarse de la violencia que padecen día a día.
[cita tipo=»destaque»]A mi parecer, esto ha transformado a las licencias médicas en uno de los principales representantes del malestar social: por un lado, es una forma de agresión por parte de los ciudadanos hacia las instituciones y la sociedad; y por otro lado, su rechazo es la forma de mantener el malestar social a raya, previniendo que las personas puedan dedicar tiempo a pensar sobre, darse cuenta y recuperarse de la violencia que padecen día a día.[/cita]
Teniendo en mente las jornadas laborales extensas, los bajos sueldos y la mala calidad en la educación y salud, considero que una licencia médica le permitiría al trabajador alejarse de aquello que lo enferma y provocar que la institución sea la que asuma el costo de dicha ausencia. En otras palabras, amenaza a la integridad de la organización. Incluso, he sido testigo de cómo algunos trabajadores han “tirado” licencia como forma de evitar despidos, mostrar su descontento con una decisión de los jefes, o bien porque ya saben que los van a echar al volver. Una licencia sería entonces una de las pocas formas de expresar agresión hacia el Estado, las empresas o la sociedad. Una agresión que sí tendría un efecto visible para el sujeto y una descarga con algo de placer.
La crítica fácil sería decir que hay personas astutas o “vivas” que abusan del sistema para su beneficio. Pues, yo digo: ¡esto es mayor evidencia de que nuestra sociedad está enferma y loca! Lo último sería reconocer que, como sociedad, se incentiva la aparición de lo antisocial como forma de sobrevivir al malestar social.
Así, el rechazo de licencias médicas tendría como objetivo frenar la agresión de las personas y simultáneamente mantener a raya la posibilidad de pensar sobre el sufrimiento psíquico. No se puede pensar, pues hay que volver a trabajar. De esta forma, se podría observar una cierta dinámica entre la población y las instituciones: se permite una pequeña descarga de agresión a cambio de mantener a las personas sin posibilidad de darse cuenta de qué están viviendo.
Sin embargo, pienso que la cantidad de rabia y frustración que los chilenos tenemos frente a la situación social actual excede los mecanismos mediante los cuales el Estado canaliza dicho malestar. Se hace necesaria una Ley de Salud Mental que dé un espacio al malestar psíquico, no solo dentro de las instituciones sino también como posibilidad subjetiva –es posible sufrir psíquicamente y no ser violentado–.
