A3C: ¿cooperación contra el narcotráfico o control estratégico de América Latina?

El Gobierno de Estados Unidos invitó a Chile a adherir a la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), una plataforma de coordinación entre gobiernos latinoamericanos, impulsada y conducida por Washington, en materias de seguridad y combate al narcotráfico transnacional.

Sin embargo, esta iniciativa trasciende la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Lo que está en juego es el modelo de relaciones que Estados Unidos busca establecer con América Latina y, sobre todo, el margen de soberanía que tendrán nuestros países para definir sus propias prioridades y decidir su destino.

La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de diciembre de 2025 y su posterior Estrategia de Defensa de enero de 2026 formalizaron una nueva orientación geopolítica bajo el denominado Corolario Trump de la Doctrina Monroe: recuperar la preeminencia de Washington en el hemisferio occidental y limitar la influencia de potencias extrarregionales. Esta orientación no se expresa únicamente en declaraciones diplomáticas. También se traduce en una creciente presencia militar en la región y en operaciones del Comando Sur contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, cuyos ataques y muertes han sido cuestionados por su incompatibilidad con el Derecho Internacional.

En este contexto surgen iniciativas como el Escudo de las Américas y la A3C. Aunque tienen objetivos y alcances diferentes, ambas forman parte de una arquitectura de coordinación impulsada y conducida desde Estados Unidos. Su pretensión de articulación hemisférica contrasta con la existencia de espacios multilaterales regionales, como la OEA y sus organismos especializados, que ya cuentan con mecanismos de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico. La pregunta es, entonces, qué justifica la creación de nuevas plataformas y a qué proyecto de ordenamiento regional responden.

No se trata de cuestionar la necesidad de una cooperación internacional eficaz frente al crimen organizado, sino de advertir que estas iniciativas también pueden funcionar como instrumentos de proyección de poder y control hegemónico estadounidense sobre la región. Su alcance, además, excede la seguridad: incorpora minerales críticos, infraestructura estratégica, tecnología y cadenas de suministro, ámbitos directamente vinculados con la soberanía económica y el posicionamiento geopolítico de América Latina.

Chile ya adhirió al Escudo de las Américas y actualmente evalúa su incorporación a la A3C. Esta última contempla una estructura de coordinación que incorpora al

Comando Sur de Estados Unidos en sus instancias de decisión, además de mecanismos de planificación nacional, integración de información y eventual desarrollo de operaciones combinadas. Si bien no establece formalmente un mando supranacional sobre las Fuerzas Armadas de sus integrantes, sí abre interrogantes sobre el alcance de la coordinación militar y operacional entre los países participantes. Frente a esta decisión, el Gobierno debe transparentar los compromisos que pretende asumir y asegurar que cualquier mecanismo de cooperación resguarde, al menos, cuatro principios fundamentales: el respeto irrestricto al Derecho Internacional; la soberanía territorial; la soberanía tecnológica, económica y política; y la autonomía militar, garantizando que las decisiones sobre planificación, despliegue y empleo de nuestras Fuerzas Armadas permanezcan bajo las atribuciones constitucionales y la cadena de mando del Estado chileno.

Chile necesita combatir el crimen organizado transnacional. Este nuevo fenómeno ha demostrado que la acción local no es suficiente y requiere la coordinación internacional. Sin embargo es necesario preservar la capacidad de decidir soberanamente cómo hacerlo. Sin una visión que pongan en el centro la soberanía de nuestros países, esta plataforma podría utilizar la retórica de la cooperación internacional para justificar la subordinación estratégica de la región y comprometer la autonomía de nuestras instituciones, poniendo en el centro los intereses extranjeros antes que los propios.

En un escenario de disputa por el orden mundial, la soberanía es crucial para conservar la capacidad de decidir con quién, cómo y bajo qué principios nos relacionamos. No solo para evitar la vulnerabilidad de los influjos internacionales, sino para evitar relaciones de dependencia que históricamente han significado la subvención del desarrollo de la región en beneficio de otras potencias. América Latina necesita cooperación, y sobre todo integración para contar con capacidad de construir una agenda soberana de seguridad, desde sus instituciones y prioridades regionales.