Un segundo piso sin permiso de edificación

Cualquiera que haya pasado por una Dirección de Obras Municipales entenderá esta imagen: una casa de un piso, sólida y con recepción final, a la que después le construyeron un segundo piso sin permiso. Al principio era solo una pieza más. Con los años, esa pieza termina pesando más que los cimientos.

Eso es hoy La Moneda: una construcción con un “segundo piso” sobrepoblado que, si le meten un contratado más, se desfonda.

Algunos días atrás, consultado por la continuidad del ministro de Justicia en plena crisis por las rebajas de condenas, el jefe de asesores presidenciales respondió: “Pregúntenle al ministro del Interior”. La frase es formalmente impecable: él no es vocero ni ministro. No tiene por qué responder.

Precisamente ahí está el problema. Quien, según este mismo medio, participó en la decisión de sostener al ministro, puede dar media vuelta y perderse por un pasillo, sin obligación alguna de dar la cara.

El mítico Segundo Piso no siempre existió. Patricio Aylwin no lo tuvo: tuvo a Enrique Correa en la Segegob, a Edgardo Boeninger en la Segpres y a Alejandro Foxley en Hacienda. Su círculo de hierro era el gabinete mismo, y quien asesoraba al Presidente también firmaba decretos, iba al Congreso y podía ser acusado constitucionalmente. Eduardo Frei tuvo asesores cercanos, pero ninguna estructura que le disputara el poder a sus ministros. Fue Ricardo Lagos quien inauguró la oficina de asesores con Ernesto Ottone, con una regla que hoy parece de otro siglo: a un ministro jamás se le daba una instrucción. El Segundo Piso pensaba y los ministros mandaban.

Esa regla se perdió. En 2010 se formalizó por resolución lo que nunca se formalizó por ley, y desde entonces cada gobierno le ha agregado metros cuadrados. El contrato del actual jefe de asesores, revelado por BioBio, le encarga “el seguimiento de compromisos de los distintos ministerios” por hasta $9,5 millones mensuales. Dicho en castellano: fiscalizar a los ministros. El asesor ya funciona como supervisor… y jefe.

El episodio de la ministra Ximena Lincolao lo resume mejor que cualquier organigrama. El 30 de abril, en una reunión en La Moneda con el jefe del Segundo Piso, a su subsecretario se le instruyó preparar la salida de 48 personas, cerca de un tercio del ministerio. La instrucción no le llegó a la ministra: le llegó a su subordinado, que renunció. Seis meses después, con el ministerio intervenido desde Palacio, la ministra esperó dos horas en un pasillo de La Moneda a que alguien la recibiera. Una ministra de Estado, mujer y mapuche, haciendo antesala en la casa de gobierno que integra. ¿Solo desorden? Lo dudo. Cuando las formas fallan siempre en la misma dirección, dejan de ser casualidad.

Aquí está el nudo jurídico que nadie quiere mirar. Un ministro puede ser interpelado y acusado constitucionalmente y responde política, administrativa y penalmente. El asesor a honorarios ni siquiera es funcionario público. La Contraloría lo ha dicho con todas sus letras: ese personal se rige por el derecho común y no está sujeto a responsabilidad administrativa ni a sumarios. O sea, quien no puede ser acusado, ni sumariado, ni interpelado, tiene hoy más poder que varios ministros.

Construimos un segundo piso que pesa más que la casa y lo dejamos sin recepción final.

Un gobierno que llegó prometiendo orden, con un 20% de aprobación según Black & White, no puede darse el lujo de que el desorden empiece en su propia casa. El Mepco, el “Estado en quiebra” y la defensa del ministro de Justicia tienen algo en común: en ninguno operó un filtro político que advirtiera el costo antes de pagarlo.

Winston Churchill, al defender la reconstrucción de la Cámara de los Comunes bombardeada, dijo que primero damos forma a nuestros edificios y después ellos nos dan forma a nosotros. El Segundo Piso hace tiempo que le está dando forma al gobierno, y no para bien.

Propongo regularizarlo. Uno: una ley, no una simple resolución, que defina el gabinete presidencial como órgano exclusivamente asesor, con prohibición expresa de impartir instrucciones a ministros, subsecretarios o jefes de servicio. Es la regla de Lagos, escrita en piedra legal. Dos: si alguien ejerce poder sobre la Administración, que responda como parte de ella: contrata en vez de honorarios, Estatuto Administrativo y obligación de comparecer ante las comisiones investigadoras. Tres: transparencia activa de su agenda y de sus reuniones, como cualquier autoridad.

El Estado no necesita terminar con los asesores, sino tener asesores que aconsejen y orienten, pero que no gobiernen. Hay que devolverle a la casa su estructura original, donde manda quien responde. No es un problema de personas: es un problema de planos.

Mientras eso no se regularice, cada crisis seguirá cayendo, inevitablemente, desde el segundo piso…