Opinión
A los reyes feudales, que quieren controlar todo y no aceptan poderes autónomos a la “razón Ejecutivo-parlamentaria”, se suman los núcleos duros del laguismo (encabezados por su propio hijo Lagos Weber) y el piñerismo (la UDI casi en totalidad y Espina que se ha desdicho de su voluntad favorable inicial). Ambos grupos hegemónicos del duopolio levantan argumentos falaces para negarse a cumplir la palabra.
El Senado se acerca al día clave para permitir la elección de gobernadores regionales y así restablecer el poder básico de los territorios (las antiguas provincias) expropiado en abril de 1830, cuando la coalición ultraconservadora demolió el proceso democrático-constituyente de Chile reflejado en la Constitución de 1828.
El largo ciclo de la semidemocracia autoritaria portaliana cumple casi dos siglos. Chile ha quedado en el rezago y la soledad como el país más centralista de la OCDE y de las grandes democracias americanas, y el único que no elige al Ejecutivo del gobierno regional.
La Presidenta Bachelet, al poner urgencia al trámite legislativo para llegar al 2017 con elección de gobernadores regionales, tras largas negociaciones intra-Nueva Mayoría y con la oposición, obliga a los actores a cumplir la palabra empeñada en vez de la corrupción programática que caotiza al país con un sistema económico y político cuestionado (liberalismo con centralismo).
Las protestas regionales, ambientalistas y mapuches en demanda de mayor autonomía territorial han sido la mitad de los llamados movimientos contenciosos, aquellos que, al igual que el estudiantil por educación gratuita de calidad, demuestran perseverancia en el tiempo y agenda clara (elección de autoridades, potestades, coparticipación en la renta de recursos naturales, posibilidad de modelos alternativos al mero extractivismo).
Un grupo de senadores vinculados a los segmentos del viejo orden de la transición, con lazos en los grandes grupos económicos y con agudas prácticas clientelares, los brokers territoriales en la tesis de Arturo Valenzuela en 1975, que perduran hasta hoy como lo prueba John Durston de la CEPAL, en un estudio sobre las actuales redes de operadores, mediadores y activistas locales en la integración vertical de mandos de obediencia al “senador” o diputado con poder en las direcciones de los partidos y en los Ministerios sectoriales que detentan casi todo el poder (en Chile el gasto subnacional es solo el 15% de la recaudación versus el 50% promedio de la OCDE).
A los reyes feudales, que quieren controlar todo y no aceptan poderes autónomos a la “razón Ejecutivo-parlamentaria”, se suman los núcleos duros del laguismo (encabezados por su propio hijo Lagos Weber) y el piñerismo (la UDI casi en totalidad y Espina que se ha desdicho de su voluntad favorable inicial). Ambos grupos hegemónicos del duopolio levantan argumentos falaces para negarse a cumplir la palabra. Las tres críticas son eufemísticas:
a) “Que no hay claridad en las rentas regionales y en el traspaso de competencias a los gobernadores electos”: ellos mismos se opusieron drásticamente al empoderamiento regional autónomo para cumplir con la escolástica de estos procesos de descentralización que complementan rentas por ley y competencias específicas. No obstante la Presidenta ha reiterado que, destrabada la elección de gobernadores regionales, el Ejecutivo mandará el proyecto de rentas regionales y el propio Parlamento ha aprobado un proyecto de fortalecimiento de las regiones que incluye un proceso de traspaso de competencias, la creación de divisiones en los gobiernos regionales que los enriquece de la mera aprobación de inversión física mediana (el actual FNDR), al crear unidades para fomento productivo, desarrollo social, movilidad y transporte, gobernanza metropolitana en siete regiones (incluyendo mayor responsabilidad en los residuos y medio ambiente), así como funciones en ciencia y tecnología para fortalecer institucionalmente lo que ya hacen por una década en la asignación con Fondos de Innovación para la Competitividad (FICS) con el sistema universitario.
La Comisión para la Descentralización que nos tocó presidir en el 2014, tras quince cabildos regionales y el voto unánime de sus 33 comisionados, pedía mucho más que el modelo “dual incremental” –lo explicamos en un artículo académico de la revista RIEM–, incluyendo un tribunal o comisión parlamentaria para resolver contiendas de competencias, así como asignación territorial de parte relevante de la renta minera, portuaria, eléctrica, forestal y pesquera. A dicha perspectiva de descentralización más sustancial se opusieron los mismos ministros vinculados al “partido del orden” (Hacienda, Economía, Corfo, Obras Públicas, Vivienda, Transporte, Energía, entre otros) y lograron que el proceso de competencias sea moderado, incremental y con una «hipercoordinación” obligatoria por la vía de convenios País-Región en cada política.
b) “Que se requieren primero los cambios administrativos para observar su capacidad y la adecuada coordinación con el Gobierno Central”: las regiones, además, llevan tres décadas de demostrar mayor capacidad de gasto que los ministerios y 25 años de un largo pilotaje de sus capacidades para gestionar, por la vía de Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR), convenios de programación, hasta sistemas adecuados de relaciones intergubernamentales como el rol de los tres niveles de gobierno (central, regional y municipal) en la política social asistencial y promocional, pacto para los nuevos conjuntos de vivienda, aporte en proyectos de deportes y cultura, alianzas con universidades regionales y planificación macroterritorial e intercomunal. Además, la elección de los Cores ha sido positiva y ejemplar su defensa de potestades regionales y en pedir mayor trabajo para la propia instancia colegiada de gobierno.
[cita tipo= «destaque»]La Comisión Presidencial propuso plebiscitos en los territorios “concernidos” para escindirse o fusionarse. Lo cual puede ser debatido en una Asamblea Constituyente, la misma que desprecian los críticos del laguismo (prefieren proceso en el Parlamento) y curiosamente otros que cuestionan, los supuestos “liberales” del CEP encabezados por Lucas Sierra, que se “convirtieron” en forma súbita en pro constituyentes para frenar la elección de los gobernadores, con el argumento de que debe debatirse la división administrativa del país.[/cita]
c) “Que no vale la pena hacerlo ahora porque en una nueva Constitución podría haber macrorregiones”: en este argumento, esgrimido por el laguismo y el senador Montes, se esconde una enorme desconfianza y desconocimiento a la identidad territorial. Incluso la coalición portaliana triunfante con su Constitución de 1833 se vio obligada a aceptar ocho provincias, agregando el Maule (Talca), que no estuvo dispuesta a depender de Concepción. Entonces, Aysén y Magallanes no estaban poblados, el Walmapu (Araucanía) gozaba de niveles de autonomía relevantes reconocidos por España en 1793-97 y por O’Higgins y Freire en sendos tratados (siendo Tapihue el último, en 1825), y Chile no se anexaba los territorios de Antofagasta y Tarapacá. Por tanto, hablar de macrorregiones (cinco o seis) es un descriterio mayor. En ninguna parte del mundo funcionan las fusiones desde arriba –solo en dictaduras, como ocurrió con la propia regionalización de 1974–. En Perú fusionaron seis y, en plebiscitos con más del 90% de los sufragios, recuperaron su autonomía. En Francia ha habido simplificación de áreas metropolitanas y en esa lógica la Comisión Presidencial le recomendó al Gobierno no crear un cuarto nivel de gobierno y dejar al Intendente o gobernador electo la potestad coordinadora de las zonas metropolitanas con consejo de alcaldes.
En síntesis, 16 o 17 regiones son sensatas para un país que se acercará en la próxima década a los 20 millones de habitantes y cuya geografía física y socioeconómica muestra una enorme diversidad de cordillera a mar en sus cinco mil kilómetros de largo. Las regiones en más de 40 años se han ido construyendo socialmente y no se puede jugar con la identidad. Sugerimos que hubiera, no obstante, una regla de 20 mil kilómetros cuadrados y medio millón de habitantes como requisito para ser región, con lo cual en medio siglo solo sería posible la actual proyectada Región del Ñuble, con parte de zonas rezagadas de Cauquenes y Bío Bío, así como un gran Aconcagua con el Choapa.
La Comisión Presidencial propuso plebiscitos en los territorios “concernidos” para escindirse o fusionarse. Lo cual puede ser debatido en una Asamblea Constituyente, la misma que desprecian los críticos del laguismo (prefieren proceso en el Parlamento) y curiosamente otros que cuestionan, los supuestos “liberales” del CEP encabezados por Lucas Sierra, que se “convirtieron” en forma súbita a pro constituyentes para frenar la elección de los gobernadores, con el argumento de que debe debatirse la división administrativa del país.
Lo que sí puede tener valor es que el Gobierno central simplifique su estructura y evite la sobreinstitucionalización.
Es bienvenido que algunos ministerios tengan delegaciones macroterritoriales que interlocuten con gobiernos municipales y regionales fortalecidos, como es común en los países de alto desarrollo. La Comisión Presidencial propuso traspasar en forma completa algunos servicios para evitar duplicidades y gasto superfluo: Corfo, Serviu, Fosis, Indap. Las dificultades para financiar las reformas que la ciudadanía reclama exigen desafíos fiscales (como romper la banal exención del 80% de los predios en el pago de contribuciones), fusión de entes nacionales (como las direcciones provinciales de educación en los nuevos servicios locales de educación) y competencias claras entre los actores.
Sin duda, el proceso descentralizador es imperfecto y perfectible –falta el empoderamiento en la planificación, el poder territorial público en el agua, los sistemas de participación ciudadana y revocatoria para evitar caudillismos irresponsables–, pero es infame seguir negándose al trascendental paso de corresponsabilidad regional en el desarrollo.
No solo infame, también indecente no cumplir la palabra empeñada en el programa. La Presidenta está cumpliendo, los señores mandarines y reyecitos feudales deben cumplir. En otros tiempos, no hacerlo, ameritaba tiranicidio o duelo en la plaza pública. En jerga civilizada moderna: referendo revocatorio de sus cargos.
Hay signos de esperanza. Las bancadas regionalistas a cargo del senador Guillier y el diputado González han sido activas junto a los grupos independientes y autonomistas (desde la izquierda de Boric y Jackson, el liberalismo federal de Vlado Mirosevic, el regionalista P. Araya, el agrarismo social de A. Sepúlveda, Alejandro Navarro, el verde Horvath, el magallánico Bianchi, la centroderecha moderna de Lily Pérez).
La mayoría del PS ha respaldado a Isabel Allende, Alfonso De Urresti y el senador Rabindranath Quinteros, y su decisión, al igual que el PC “ordenado” con el programa.
La Democracia Cristiana y buena parte de Renovación Nacional cumplen el documento que firmaron el 2012 en favor del semipresidencialismo y la elección de gobiernos regionales como forma de contrarrestar lo que llamamos presicracia (presidencialismo con centralismo). Destacan en esta dimensión Andrés Zaldívar, los Walker y Carolina Goic, al igual que el senador Francisco Chahuán de RN.
El PPD parece decantarse entre sus segmentos progresistas que respaldarán este paso histórico versus los mandarines del Partido del Orden, que desconocen los acuerdos de sus propios consejos generales (como el realizado en Talca, donde la elección de intendentes fue aclamada tras voto del regional Bío Bío).
Es un momento histórico en que las dudas “legítimas” –pensando en positivo– de senadores y senadoras (competencias, recursos, división administrativa), deberán ser profundizadas y abiertas en legislación complementaria y ojalá un proceso constituyente sin miedo. No hagan como el “Señor Presidente” dictador que denunció, en su notable novela, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias: “Hago como que hago y nada hago”.
Pero ya no somos ingenuos, tan solo recordar que las fuerzas regionalistas, autonomistas y verdes ya son decisivas y no habrá rincón del país que no se entere de quiénes fueron los que hicieron otro golpe contra el poder democrático de las regiones. Y, como dijimos al inicio de cada cabildo regional, “si una vez más nos niegan la democratización regional, hay solo dos opciones: ir al psiquiatra o movilizarse”. Por cierto, los territorios no tomaremos Diazepam ni Prozac, sino filosofía de la transformación frenteamplista.
