Fondo E: Congreso, Contraloría y regulador cercan a las AFP por pérdidas y sus responsabilidades

La caída registrada en los fondos de pensiones de las AFP, particularmente en el fondo E, que marcó una baja de 4,92% en septiembre –acumulando en el año un desplome de 10,39% en términos reales– dejó de ser solo una discusión sobre rentabilidades y mercados financieros. El episodio abrió un nuevo frente político en torno al manejo de los ahorros previsionales, puso bajo escrutinio las decisiones de inversión de las administradoras, activó cuestionamientos al rol de la Superintendencia de Pensiones y la falta de acciones desde el Ejecutivo.

El caso rápidamente escaló al Congreso, desde donde se puso énfasis en el impacto de las pérdidas sobre quienes están próximos a jubilar y por la interrogante de si, más allá de las fluctuaciones propias del mercado, las AFP asumieron niveles de riesgo incompatibles con su rol fiduciario. A ello se sumó la pregunta sobre cuánto conocía el regulador respecto de la exposición y qué medidas adoptó oportunamente para contenerla.

En ese contexto, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad una comisión especial investigadora; parlamentarios del Partido Socialista y del Frente Amplio anunciaron proyectos para modificar las reglas de responsabilidad y cobro de comisiones de las AFP; y el Senado realizó este martes una sesión especial para abordar las pérdidas y exigió respuestas al Ejecutivo, además de mecanismos de compensación para los afiliados.

En paralelo, la Contraloría General de la República ofició a la Superintendencia de Pensiones y le dio diez días hábiles para informar cómo ejerció su labor fiscalizadora sobre las administradoras de fondos de pensiones.

El escenario se tensionó aún más, después que el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, detallara este lunes ante la Comisión de Trabajo de la Cámara las razones que hubo tras la caída y las alertas que había levantado el regulador a las AFP por la elevada exposición.

La situación también la expuso este martes en la sesión especial del Senado, donde explicó que la superintendencia ya había advertido a las administradoras durante 2024 sobre el incremento de las operaciones swap de tasas de interés. Cortez detalló que anualmente el organismo se reúne con los directorios de las AFP para entregarles una evaluación de su gestión de riesgos y que, en la reunión correspondiente a 2024, se les advirtió expresamente sobre tales riesgos.

El superintendente agregó que ese aumento podía “traducirse en amplificación de los riesgos e impacto para los afiliados” y recalcó que el rol de los directorios era “crítico” en la definición de las políticas de inversión. De acuerdo con su exposición, las advertencias continuaron posteriormente en enero de 2025, cuando se emitió un oficio que volvió a referirse al tema y, durante ese año, el regulador siguió observando el comportamiento de estas posiciones.

Senado exige respuestas, compensaciones y un informe al Ejecutivo

Ese fue el telón de fondo de la sesión especial que este martes 27 de octubre realizó el Senado. La jornada comenzó con las exposiciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau; del superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; del presidente de la Asociación de AFP, León Fernández; y del presidente del Consejo Consultivo Previsional, Pedro Pizarro.

Ante la Sala, el ministro Rau puso énfasis en las medidas adoptadas por la autoridad y en la diferencia entre las pérdidas derivadas de las condiciones del mercado y aquellas que eventualmente pudieran ser consecuencia de una actuación negligente. Recordó que el 9 de abril, pocas semanas después de asumir Cortez, la superintendencia modificó la regulación para reducir la exposición de los fondos a los riesgos asociados a instrumentos derivados, incluidos los contratos swap.

Rau también informó que el Ministerio del Trabajo ofició el 19 de octubre a la superintendencia para solicitar antecedentes sobre las pérdidas, las medidas adoptadas y aquellas que estuvieran siendo evaluadas para proteger los ahorros previsionales. A ello se suma, dijo, que el regulador inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP que operan en Chile para determinar si existieron incumplimientos de sus deberes de lealtad y diligencia en la administración de los fondos.

El titular de Trabajo añadió que el ordenamiento ya existen mecanismos para exigir responsabilidades. “Si se acreditan incumplimientos, deberán aplicarse las sanciones y reparaciones que contempla nuestra legislación”.

Pero la intervención del Ejecutivo no consiguió cerrar el debate político. Desde la oposición y el oficialismo surgieron emplazamientos para que las AFP no se limiten a atribuir el episodio a los movimientos de las tasas internacionales. 

El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que la investigación es necesaria, pero insuficiente, y exigió que los responsables asumieran las consecuencias. “Los trabajadores necesitan respuestas, que los responsables asuman su responsabilidad, y más importante aún, que exista una compensación para las personas”, afirmó.

El Partido Socialista, además, aprovechó la sesión para insistir en una de las iniciativas legislativas que busca elevar las consecuencias frente a una eventual administración temeraria de los ahorros previsionales. La senadora y presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, solicitó al Ejecutivo dar urgencia al proyecto contenido en el Boletín 18764-07, que contempla penas de cárcel e inhabilitación para quienes incurran en este tipo de conductas.

Vodanovic también pidió cuantificar el impacto fiscal de las pérdidas y cuánto de ese daño podría terminar siendo asumido indirectamente por el Estado si la disminución de los fondos afecta la pensión base utilizada para determinar el acceso y el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Por ello, solicitó a Hacienda y Trabajo, con antecedentes de Dipres, IPS y la Superintendencia de Pensiones, un informe que determine cuántas personas podrían acceder a la PGU o recibir un aporte mayor y cuál sería el eventual costo adicional para 2027 y los años siguientes.

En una de las intervenciones más duras, el senador del PC, Daniel Núñez, directamente emplazó a las administradoras a devolver los recursos perdidos. “Lo que ustedes tienen que hacer es sacar la chequera y devolver la plata a la gente”, expresó, y apuntó a que los afiliados debían recuperar el dinero que tenían al inicio de 2026.

Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez se refirió a la necesidad de modificar las reglas de la industria. Asimismo, emplazó directamente al ministro Rau para que respondiera sobre las medidas que contempla el Gobierno para una mayor regulación y cuestionó que no exista una propuesta específica de compensación. “Que las AFP paguen las pérdidas de su bolsillo y no del bolsillo de los trabajadores”, dijo, rechazando que el costo pudiera terminar recayendo sobre los afiliados.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), también puso el foco en las responsabilidades, pero extendió la revisión hacia la actuación del regulador. “Las administradoras deben explicar qué riesgos asumieron, por qué consideraron que eran adecuados y qué escenario adversos evaluaron”, sostuvo. Asimismo, agregó que no basta con revisar las decisiones de las AFP, sino que también corresponde determinar si “la regulación y la supervisión respondieron oportunamente a esos riesgos”.

La senadora RN recordó que en abril la superintendencia modificó la regulación para limitar la exposición a derivados y reforzar las exigencias de liquidez, por lo que planteó la necesidad de conocer cómo esas medidas se tradujeron en una protección efectiva para los afiliados y, especialmente, qué ocurrió antes de su entrada en vigencia.

En ese contexto, Paulina Núñez solicitó al Ejecutivo entregar, dentro de 30 días y con respaldo técnico de la superintendencia, un informe sobre las causas de los resultados y sus efectos estimados en las pensiones, los riesgos que persisten y las medidas necesarias para enfrentarlos, con responsables y plazos.

Por su parte, el senador PPD Pedro Araya llevó el debate incluso al terreno penal. “Esto no puede quedar reducido a una discusión técnica sobre rentabilidades o una eventual multa administrativa”, subrayó, planteando que, si existió una administración desleal del patrimonio de los trabajadores, podría configurarse una situación de carácter penal. Araya informó que, junto a otros senadores y diputados, estaban analizando los antecedentes para eventualmente presentar una querella contra las AFP.

Comisión investigadora, proyectos de ley y la entrada de Contraloría

Este lunes, la Sala aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial investigadora destinada a revisar las pérdidas registradas en los fondos de pensiones, con especial atención al fondo E. La instancia tendrá un plazo máximo de 60 días para evacuar su informe y sus conclusiones podrían transformarse en un insumo para eventuales modificaciones legales al sistema previsional.

La comisión se suma a una ofensiva legislativa que también busca analizar las reglas bajo las cuales operan las administradoras. Desde la bancada del PS presentaron un proyecto para fortalecer la protección de los ahorros previsionales mediante mayores sanciones para delitos económicos cometidos por quienes administran fondos de pensiones, restricciones al cobro de comisiones y una regla que establezca como contraria a la ley cualquier gestión de los fondos que no tenga como finalidad exclusiva el interés de los propios fondos.

El Frente Amplio, por su parte, anunció dos iniciativas. La primera, busca adelantar la entrada en vigencia de una disposición de la reforma de pensiones actualmente prevista para abril de 2027 y que establece que, bajo determinadas condiciones, las AFP deberán responder con recursos provenientes de sus propias comisiones por pérdidas asociadas a malos resultados de gestión. Otro de los proyectos pretende cambiar la base sobre la cual las administradoras cobran sus comisiones, desde la remuneración imponible de los trabajadores hacia el saldo acumulado en sus cuentas previsionales.

A este cuadro se sumó la Contraloría General de la República. El organismo dio diez días hábiles a la Superintendencia de Pensiones para informar cómo ejerció su rol de fiscalización sobre las AFP y qué acciones de supervisión realizó respecto de las decisiones de inversión que terminaron afectando al fondo E.

El requerimiento busca esclarecer si la labor del regulador se ajustó a las obligaciones de fiscalización establecidas en la normativa vigente. El órgano contralor, eso sí, precisó que el oficio no supone por sí mismo que se hayan establecido irregularidades o responsabilidades administrativas.