El Estado, como dijo Max Weber, es una asociación que reivindica el monopolio del uso legítimo de la violencia. Recordaba esto, porque ya suman 15 los Mapuche asesinados en “democracia”, aún así, hay quienes siguen negando la violencia del Estado.
¿Por qué cuesta tanto reconocer la verdad? Admitir que los asesinos de estos 15 Mapuche, en su mayoría han sido agentes del Estado, que José Huenante aún está desaparecido, luego de su detención por Carabineros en 2005. A Alex Lemun (2002) y Matías Catrileo (2008) los mataron de un tiro por la espalda. Jaime Mendoza Collío, en 2009, también murió por impacto de bala. Los hermanos Agustina y Mauricio Huenupe Pavian, en 2001, fueron asesinados por un grupo paramilitar.
Han perdido la vida, también, Jorge Suárez Marihuan, Julio Huentecura, Zenén Díaz Nécul, Juan Collihuín, Johnny Cariqueo, Rodrigo Melinao, José Quintriqueo, Víctor Mendoza Collío y la esposa de Rubén Collío, Macarena Valdés, quien amaneció colgada en su hogar, tras amenazas de la empresa RP Global por su oposición a la instalación de torres de tensión en Tranguil, Región de Los Ríos.
La impunidad es inaceptable, algunos delincuentes ni siquiera han sido juzgados, no han estado ni un solo día encarcelados, al contrario, muchos fueron premiados con ascenso en sus funciones policíacas. Si el Estado no hace justicia, ¿quién debe hacerla? Hay que decirlo claramente: se han violado los derechos humanos del pueblo Mapuche y lo ocurrido con Brandon Hernández Huentecol es una muestra más de ello. Los organismos internacionales deben pronunciarse.
Informes acreditan que en las comunidades Mapuche Cuyinco, Pascual Coña, Rukañanco, Pichiloncoyan y Temulemu, se ha violado el Derecho a la integridad personal y Garantías Judiciales, Art. 5º y 8º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Violación del Principio de Legalidad, no se exhiben órdenes judiciales al momento de detener y allanar (Art. 9º). Junto a mi hermano José, fuimos víctima de violación por parte de la PDI de este artículo y del 14º, sobre la Violación del Derecho de Rectificación o de Respuestas. Medios informativos publican informaciones inexactas y agraviantes en contra de dirigentes Mapuche.
Violación del Derecho de Protección de la honra y la Dignidad, la policía toma fotografías y filmaciones de la comunidad sin su consentimiento (Art. 11º CIDH). Violación a los Derechos del Niño, se detuvo a menores, fueron esposados, insultados y golpeados por personal policial, Art. 19º CIDH. Violación del Derecho a la Libertad de Conciencia y Religión, se detiene, insulta y golpea a una machi, máxima autoridad religiosa Mapuche (Art. 12º CIDH).
[cita tipo= «destaque»]La impunidad es inaceptable, algunos delincuentes ni siquiera han sido juzgados, no han estado ni un solo día encarcelados, al contrario, muchos fueron premiados con ascenso en sus funciones policíacas. Sí el Estado no hace justicia, ¿quién debe hacerla? Hay que decirlo claramente: se han violado los derechos humanos del pueblo Mapuche y lo ocurrido con Brandon Hernández Huentecol es una muestra más de ello. Los organismos internacionales deben pronunciarse.[/cita]
¿Qué quiere decir entonces el “monopolio del uso legítimo de la violencia”? El monopolio se refiere al derecho legal y exclusivo del Estado, y en cuanto a legítimo, viene del latín legitimus, que significa fijado por la ley, hace referencia a algo verdadero que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable, y violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente, para dominar a alguien o imponer algo.
Entonces, podemos concluir que el uso de la violencia del Estado hacia el pueblo Mapuche es ilegítimo, es decir, no está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo. Si justo es dar a cada quien lo que se merece, nos merecemos que nos devuelvan el territorio que nos pertenece, nuestros derechos políticos, culturales y económicos, no que nos den golpes, cárcel y muerte. En cuanto al monopolio de ejercer la fuerza para un fin, ¿qué fin sería ese? No es proteger al débil, según se ve, sino dominar al débil para proteger a los poderosos y, en ese caso, nos obligan a resistir las leyes y los procedimientos arbitrarios e ilegítimos. Mediante la fuerza o la desobediencia civil, como diría Gandhi.
San Agustín decía que una ley injusta no puede ser ley, es decir, que ninguna ley que erosione los Derechos del Niño y de pueblos indígenas puede ser ley. Esto, a propósito de algunos políticos y empresarios que plantean aplicar todo el rigor de la ley. Sin embargo, la ley no gobierna en esta región, no cuando al Mapuche se le niegan sus derechos ancestrales o nos rechazan en los hospitales, no cuando nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra, acribillando a niños y jóvenes inocentes, como ocurrió con Brandon Hernández Huentecol.
Una víctima más de la represión hacia nuestro pueblo, fue reducido, golpeado y, una vez inmovilizado, recibió un cobarde balazo por la espalda que llenó su cuerpo de cien perdigones. Propinados por aquellos que en su himno dicen: “Soy del débil el protector”, ¡Carabineros de Chile”! Indiscutiblemente, deben cambiar su himno o cambiar ellos.
Pero ¿por qué el Estado ha hecho esto? Marx y Engels, en su publicación de 1848, afirmaban: “Los gobiernos… eran prolongaciones de los intereses de los dueños del capital, los empresarios”. Aunque no soy de esa ideología, podemos concordar en que no se equivocaron, las pruebas son irrefutables: SQM, PentaA, Corpesca y las forestales que han financiado a políticos para que les administren el Estado. De tal modo que Carabineros llega a parecer el niño de los mandados.
Lo ocurrido al joven Mapuche, para el Estado, al parecer, no tiene importancia, ya que ninguna autoridad se ha pronunciado seriamente, es un mal necesario, un castigo ejemplar, como lo llamaba Pedro de Valdivia: «Cortadles a todos la mano derecha y las narices y soltadles para que su pueblo se aterre y se someta”. Al recibir a sus peñis mutilados, los Mapuche dijeron: «Bajo estos solo sufrimientos tendremos y si la tierra debe regarse con sangre, más vale que también corra la sangre de los winkas» (discurso Toqui Pelantaro de Purén). Sin embargo, no se sometieron; hoy, no lo haremos tampoco.
Si el joven Huentecol se apellidara Larraín, ¿lo habrían detenido? La experiencia dice que no, el hijo de Carlos Larraín quedó en libertad tras atropellar y matar a un humilde trabajador. Si el policía disparara al hijo de Larraín, por la espalda, ¿lo habrían dejado en libertad, con entera impunidad? Lo querrían trasladar a un hospital público, contra la voluntad de los médicos, por el delicado estado de salud del joven. Lo dudo. Debemos terminar con este trato desigual de una vez por todas.
Si quisiéramos resumir las causas generales de las persecuciones a nuestro Pueblo Mapuche, necesitaríamos decir que las estructuras del poder político quieren mantener, sustancialmente, intactos los muros de la desigualdad y proteger con ese muro al poder económico que mantiene sitiado todo el Wallmapu de plantaciones forestales que les permiten mantener y profundizar la pobreza en nuestro territorio.
Si los políticos del Poder Ejecutivo y del Congreso dejaran de escuchar a sus financistas, podrían resolver el problema, pero los parlamentarios, especialmente los de La Araucanía, lo único que han hecho es guardar silencio y boicotear cualquier iniciativa positiva hacia nuestro pueblo. “La cobardía, decía Lasarte, donde quiera que exista, engendra la violencia. Y de la muerte de los justos somos todos culpables”. ¡Qué duda cabe!, la violencia que vivimos no es gracias a la valentía de los políticos, sino por el contrario.
Por lo tanto, ¿por qué debe un ciudadano Mapuche someter su conciencia ante políticos que prefieren vernos sufrir? Nosotros no debemos jamás arrodillarnos ante la tiranía de esa minoría política y económica. Me niego a darme por vencido y a guardar silencio frente a las víctimas de nuestro pueblo, ¿quiénes somos nosotros para permitirnos guardar silencio? Si no actuamos, es seguro que inocentes seguirán pagando el precio de nuestro silencio.
