El clan Bolsonaro, la nostalgia autoritaria y el avance de la derecha radical en Brasil

La última edición de The Economist plantea una advertencia inquietante: “Brasil es ahora un país de derecha”. Bajo el título Brazil is a right-wing country now, la revista británica pone el foco en el avance del clan Bolsonaro, su alineamiento con Donald Trump y la amenaza que representa para las instituciones democráticas. El resultado de la primera vuelta presidencial del 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47.03% de los votos válidos frente al 45.16% de Lula da Silva, confirma la magnitud de este giro político. La segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, definirá quién ocupará la Presidencia, pero el avance parlamentario de la derecha ya plantea un escenario que va mucho más allá de esa disputa.

El desgaste del Partido de los Trabajadores no surgió de la nada. El PT gobernó entre 2003 y 2016, volvió al poder con Lula en 2023 y desde entonces ha debido enfrentar una sociedad profundamente polarizada. En ese trayecto hubo crisis económicas, escándalos de corrupción, frustraciones ciudadanas y una creciente desconfianza hacia la política. El descontento con el oficialismo es legítimo y no puede despacharse como una simple manipulación de la derecha. El problema es que ese malestar ha sido capitalizado por un movimiento que combina nacionalismo, conservadurismo radical, reivindicación militar y una estrecha alianza con sectores religiosos ultraconservadores.

Pero hablar del clan Bolsonaro no es solamente referirse a una corriente ideológica. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, convirtió su apellido en una marca política que ahora se proyecta sobre distintas instituciones. En estas elecciones, su hijo Flávio avanzó a la segunda vuelta presidencial; su esposa, Michelle Bolsonaro, fue elegida senadora por el Distrito Federal; su hijo Carlos obtuvo un escaño en el Senado por Santa Catarina y Jair Renan, otro de sus hijos, junto con Renato Bolsonaro, hermano del expresidente, fueron elegidos diputados federales. Cuatro integrantes de la familia llegaron al Congreso, mientras Flávio disputa la Presidencia. La familia Bolsonaro ha conseguido así una presencia simultánea en la competencia presidencial y en ambas cámaras legislativas.

Esta concentración familiar del poder político no demuestra por sí sola que todos sus integrantes actúen de manera coordinada en cada decisión. Sí plantea, sin embargo, una pregunta relevante: ¿hasta qué punto una democracia puede quedar condicionada por una familia que convierte su capital político y su apellido en una plataforma para ocupar múltiples espacios de representación? La pregunta cobra mayor importancia cuando esa expansión se produce en torno a un liderazgo que mantiene un conflicto abierto con las instituciones judiciales.

La nueva correlación parlamentaria refuerza esa preocupación. El Partido Liberal (PL), vinculado a Jair Bolsonaro, obtuvo 121 escaños en la Cámara de Diputados y contará con 28 de los 81 senadores. Su crecimiento, junto con el de otras fuerzas conservadoras, le entrega una capacidad considerable para negociar, bloquear iniciativas e impulsar cambios legislativos. Según Reuters, el nuevo escenario parlamentario podría favorecer iniciativas para conceder una amnistía al expresidente y promover procesos contra magistrados del Supremo Tribunal Federal que participaron en su condena. El PL no dispone por sí solo de los votos para imponer cualquier decisión, pero el peso de sus aliados amplía su capacidad de presión.

El conflicto con la Corte Suprema es uno de los puntos más delicados. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado. Su situación judicial se ha convertido en una bandera de movilización para sus partidarios, mientras la posibilidad de una amnistía y los llamados a revisar la actuación de los magistrados que intervinieron en el caso alimentan la confrontación.

La cuestión no es si el Congreso puede fiscalizar a los jueces: en una democracia debe hacerlo dentro de las reglas constitucionales. El problema aparece cuando la fiscalización se transforma en una herramienta de represalia contra quienes investigan o condenan a dirigentes políticos. Si la liberación de un líder y el castigo a los magistrados que lo juzgaron se convierten en objetivos prioritarios de una mayoría parlamentaria, el equilibrio entre los poderes queda sometido a una presión extraordinaria.

La nostalgia autoritaria es otro componente central de esta historia. Jair Bolsonaro construyó parte de su identidad política reivindicando la dictadura militar brasileña y exaltando el papel de las Fuerzas Armadas. Esa trayectoria adquiere especial relevancia después del intento de golpe de Estado por el que fue condenado. La preocupación no consiste en equiparar automáticamente a todos los votantes conservadores con los partidarios de una ruptura democrática, sino en observar qué ocurre cuando dirigentes políticos cuestionan los límites del poder y presentan los controles institucionales como obstáculos que deben ser removidos.

A esta dimensión se suma la influencia de sectores religiosos ultraconservadores. Michelle Bolsonaro, figura relevante dentro del movimiento familiar, ha proyectado públicamente su identidad evangélica, mientras el bolsonarismo ha construido alianzas con dirigentes y comunidades religiosas que tienen una importante presencia en la vida política brasileña. Para esos sectores, cuestiones como la familia, la educación, los derechos reproductivos y las agendas de género forman parte de una disputa cultural más amplia. El problema no es la participación política de los creyentes ni la defensa democrática de convicciones religiosas, sino la posibilidad de que una alianza entre poder político y fundamentalismo termine restringiendo derechos o intentando imponer una única visión moral al conjunto de la sociedad. Esta influencia debe analizarse sin confundir a la totalidad de los evangélicos con el sector que respalda al bolsonarismo.

El peligro tampoco termina en los tribunales ni en la disputa cultural. La nueva composición del Congreso puede dificultar la protección de los territorios indígenas y de la Amazonía. Un análisis del Observatorio del Clima advirtió que una parte importante de los parlamentarios electos o reelegidos presenta un compromiso bajo o muy bajo con las cuestiones ambientales. El estudio alerta sobre el riesgo de que prosperen iniciativas para reducir áreas protegidas, permitir la minería en territorios indígenas y flexibilizar las regulaciones ambientales. Se trata de riesgos identificados a partir de los antecedentes legislativos y las posiciones de los parlamentarios, no de cambios que ya se hayan concretado.

En un país que alberga la mayor parte de la Amazonía, las consecuencias no son solamente brasileñas: afectan la biodiversidad, los derechos de las comunidades indígenas y la lucha global contra el cambio climático. La disputa ambiental no es un asunto secundario ni una diferencia técnica entre partidos. Expresa dos maneras distintas de entender el desarrollo: una que considera indispensable establecer límites a la explotación de los recursos naturales y otra que busca reducir esas restricciones en nombre de la actividad económica.

Los brasileños tienen razones para exigir respuestas a sus problemas económicos y para castigar a los gobiernos que los decepcionan. Ninguna democracia puede pedir a sus ciudadanos que renuncien a esa facultad. Pero el descontento no debería convertirse en un cheque en blanco para quienes pretenden utilizar las instituciones cuando les convienen y desacreditarlas cuando sus decisiones les resultan adversas.

La disputa que enfrenta Brasil no se limita a quién ocupará la Presidencia. El clan Bolsonaro ha conseguido ampliar su presencia en el Congreso y ahora dispone de una plataforma desde la cual impulsar la amnistía de Jair Bolsonaro y presionar a los magistrados que lo condenaron. Si esa fuerza parlamentaria se utiliza para convertir la situación judicial del expresidente en una causa política y debilitar a quienes deben actuar con independencia, el conflicto dejará de ser una disputa entre partidos para convertirse en una amenaza directa al equilibrio institucional de Brasil. Ese es el alcance del avance bolsonarista y la razón por la que sus consecuencias trascienden las fronteras del país.