La pena de muerte y el abuso sexual

El 30 de septiembre, en una cárcel de Nashville, el estado de Tennessee intentó ejecutar a Christa Pike. Le inyectaron dos dosis de pentobarbital y no murió. Siguió respirando, la sacaron en ambulancia y pasó varios días inconsciente en un hospital, con respirador. Cuando despertó, lo primero que preguntó fue dónde estaba y quiénes eran las personas que tenía al frente. Hoy no existe una orden de ejecución vigente en su contra. Iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por un crimen horrible que cometió a los 18 años. Junto a dos compañeros torturó y mató a Colleen Slemmer, una joven de 19 años que estudiaba con ella en un programa de capacitación laboral. Pike no niega su culpa. La madre de Colleen lleva 30 años esperando que la sentencia se cumpla.

Entre las razones que se invocan para atenuar esa condena está que Pike fue abusada sexualmente de manera reiterada durante su infancia y su adolescencia. El primero en abusar de ella fue el novio de su abuela, cuando ella tenía dos años. Después vinieron otros abusos, entre ellos dos violaciones, a los 11 y a los 17 años, según la petición de clemencia que presentaron sus abogados. El jurado que la condenó nunca escuchó esa historia, porque su defensa no la presentó.

No voy a opinar aquí sobre si eso es o no un atenuante, pero el caso deja a la vista otra cosa. Las consecuencias del abuso sexual infantil no terminan en la vulneración que se sufrió.

Las personas que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia o adolescencia cargan con un dolor que dura mucho tiempo y que se manifiesta de muchas formas, sobre todo cuando no contaron con un entorno que les creyera, con un acompañamiento profesional y humano adecuado y permanente, ni con justicia. Según los datos que hemos obtenido en la investigación que realizamos en el centro CUIDA, casi una de cada cinco personas adultas fue víctima de abuso sexual antes de los 18 años.

Entre ellas, más de la mitad ha tenido depresión alguna vez, frente a una de cada cuatro entre quienes no fueron víctimas. Una de cada cuatro víctimas ha pensado en quitarse la vida, frente a una de cada 16 entre quienes no lo fueron. El abuso casi duplica además la frecuencia de la mayoría de las enfermedades físicas que medimos.

El abuso sexual en la infancia aumenta también la probabilidad de conducta violenta en la adultez, pero bastante menos de lo que aumenta la de pensar en el suicidio o de autolesionarse. La gran mayoría de las víctimas no daña a nadie. El daño se vuelve sobre todo contra la propia persona, muchas veces en silencio. Pike es parte de las excepciones, no la regla.

Ahora bien, ¿cuántas de estas personas recibieron ayuda real, acompañamiento o justicia? Entre quienes contestaron la encuesta, el 39% de las personas que dijeron haber sido víctimas de abuso nunca le contó a alguien lo que había pasado. Menos de 9% llegó a denunciar. Un 3% vio condenado a su agresor y un 83% nunca recibió atención profesional, aunque más de la mitad dice que el abuso marcó significativamente su vida.

Entre quienes vivieron cuatro o más adversidades graves en la infancia, haber tenido también experiencias positivas, como un adulto que cuidaba, alguien que protegía o sentirse a gusto consigo mismo, reduce la ideación suicida de 22 a 7 de cada 100 y deja la depresión actual en menos de la mitad. El daño no es una condena, sino que depende en buena medida de lo que hacemos, o dejamos de hacer, quienes rodeamos a ese niño, a esa niña o adolescente.

Las cárceles, los hospitales y los cementerios prematuros están repletos de estas historias, y también la tristeza de muchas casas. Frente a un crimen como el de Pike generalmente no preguntamos qué castigo merece quien lo cometió, pero la pregunta debiera ser ¿qué estamos haciendo hoy con los miles de niñas y niños en nuestro país para que no sufran ningún tipo de vulneración, o para acompañarlos si llegan a sufrirlo?

Por eso insisto en que prevenir, detectar, intervenir, hacer justicia y acompañar a las víctimas de abuso sexual infantil no es solo un problema de salud pública, sino también un asunto de política social, de seguridad y de paz familiar, personal y ciudadana.